Ponencia
presentada por la ACVC en la Conferencia Internacional "El otro
Davos":
El neoliberalismo,
la cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia
El desplazamiento forzado es utilizado como instrumento
para instaurar una contrareforma agraria del narcoparamilitarismo
1.
El origen excluyente y monopolista de la tenencia y el uso de la tierra
en Colombia
Corre el año 2000 y en Colombia no se ha resuelto la cuestión
agraria, este problema irresuelto tiene graves implicaciones en la realidad
económica, social y política del país. El conflicto
social y armado que vivencia la sociedad colombiana deviene del tratamiento
inequitativo y excluyente que tradicionalmente el Estado le ha dado
al país rural y a las reivindicaciones del campesinado.
La estructura de la tenencia de la tierra en nuestro país tiene
un carácter feudal. En Colombia hay 114 millones de Ha. de tierra,
de éstas 51.3 millones de hectáreas son consideradas como
superficie agropecuaria, de las cuales solo 10 millones de Ha. son realmente
adecuadas para la agricultura.
Actualmente se usan para la agricultura unos 4 millones de Ha mientras
que 30 millones de Ha. se usan para la ganadería extensiva, un
uso inadecuado del suelo fértil generalmente asociado al latifundio
tradicional, el narcolatifundio, los agroindustriales y el narcoparamilitarismo
de Estado. Esta estructura de la tenencia de la tierra claramente antisocial
obedece a una lógica perversa, en la que la tenencia de la tierra
tiene una relación directa con el ejercicio del poder, un poder
ilegítimo y fascista que legisla y ejecuta perennemente para
mantener un status quo antidemocrático y excluyente.
2.
Las "reformas agrarias" del Estado
Antes del llamado "frente nacional" (una alianza de los partidos
oligárquicos tradicionales para mantenerse en el poder después
de la "época de la violencia" de los años cuarenta)
los latifundistas expulsaron violenta y sistemáticamente a los
campesinos de sus parcelas, lanzándolos a colonizar y abrir la
frontera agrícola del país. Para que los campesinos no
reclamaran y reivindicaran la recuperación de sus predios el
Estado procedió a titular los predios antes baldíos colonizados
por los campesinos desplazados por el poder oficial, legalizando de
esta manera la expropiación violenta de las tierras. Esta dinámica
se ha mantenido hasta nuestros días, la tenencia de la tierra
sigue siendo un factor de dominación y poder de una feudocracia
que fue complejizándose a partir de las coyunturas económicas
y políticas: esto explica las relaciones del latifundio con el
narcotráfico (los nuevos tenedores de la tierra en Colombia y
con el paramilitarismo a partir de la implementación de la doctrina
de la seguridad nacional impuesta por las administraciones estadounidenses).
3.
La contrarreforma agraria del narcoparamilitarismo
Esta versión de reforma agraria del establecimiento surge a partir
de la necesidad de efectuar un "lavado de las grandes cantidades
de dinero" a partir del "boom" cocainero del narcotráfico
colombiano, de la prospección de grandes yacimientos petrolíferos
en diferentes regiones del país y de la necesidad por parte del
capital de implementar megaproyectos que permitieran articular geográfica
y económicamente al país.
Los narcotraficantes cambian la estructura de la tenencia de la tierra,
comprándola masivamente en el marco de un gran lavado de dólares
contando con un maridaje sólido entre amplios sectores de las
fuerzas armadas, los latifundistas tradicionales, los gamonales políticos
clientelares y las multinacionales del petróleo.
En el caso del Magdalena Medio colombiano los cuerpos de seguridad,
los terratenientes y narcotraficantes financian, coordinan y dirigen
grupos paramilitares que buscan imponer su modelo de seguridad y desarrollo.
Existe un control autoritario de la población, se ha eliminado
con violencia a los disidentes y limitado todos los intentos de protesta
social y política, se han realizado innovaciones tecnológicas
en la actividad ganadera, se extendió el fluído de energía
eléctrica, se ampliaron las redes viales y se construyó
una infraestructura económica y social. Se han perseguido y desplazado
a los productores de la economía campesina, bajo el pretexto
de eliminar la base de apoyo de la guerrilla; se ha desarrollado y se
está desarrollando una contrarreforma agraria y la consolidación
de un Paraestado con un sistema privado de seguridad, regulación
económica, control político, cobro de impuestos, políticas
sociales y procedimientos para dirimir los conflictos.
Este "modelo" ha afectado doblemente al sector campesino:
de una parte, los cambios inducidos en los usos del suelo, en particular
en aquellas zonas donde se ha cambiado la vocación agrícola
por el desarrollo de las actividades ganaderas, han dejado sin empleo
a muchos de los jornaleros y pequeños productores rurales. En
la práctica la fuente posible de empleo para los jóvenes
es enrolarse con el Estado -FFAA y paramilitares-; de otra parte las
amenazas o el empleo de la violencia obliga al campesino a vender (por
lo general cinco a diez veces por debajo del precio del mercado) o dejar
abandonadas sus parcelas. De esta forma, el modelo "Magdalena Medio"
ha incidido desfavorablemente sobre la agricultura, particularmente
sobre la producción de la economía campesina y ha inducido
el rápido proceso, por la vía de la modernización
y desarrollo del capitalismo ganadero, de la contrarreforma agraria.
Para los empresarios agrícolas tradicionales, si bien el "modelo"
les ofrece "seguridad" (la cual deben pagar regularmente),
les disminuye el riesgo de inversión, de otra parte crean sentimientos
de vulnerabilidad que los llevan a vender (en buenas condiciones) y
retirarse del negocio. De esta forma se consolida el acelerado proceso
de concentración de la propiedad rural del país.
En este contexto se ubica la situación de violencia que afecta
nuestra región en el marco de una estrategia de guerra integral
implementada por el Estado colombiano y que tiene componentes sociales,
económicos y políticos. Las fuerzas militares garantizan
y coadyuvan el accionar paramilitar, se trata en efecto de un modelo
que incorpora la privatización y militarización de lo
público, como estrategia de intervención estatal para
ejercer soberanía y control en dichos territorios.
4.
La neoaparcería o sistema de productividad latinfundista
El proyecto agrario de la actual administración en Colombia es
el triste ejemplo del coctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia
o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario
se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra.
Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios
por Ha. sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra.
Los nuevos señores feudales plantean las alianzas productivas
que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas
son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores
agrarios desposeidos. Al volver socio al trabajador, el latifundista
ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales.
La clase propietaria considera que la administración de las alianzas
deben conservarla ellos "dada su experiencia".
En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños
e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a
asociarse a los proyectos de monocultivo, como en el caso de la palma
africana, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la
"economía campesina de la palma". En realidad se trata
de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna
vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los
procesos de elaboración y comercialización y los campesinos
empobrecidos.
En el caso del Magdalena Medio el establecimiento tiene proyectado con
este sistema sembrar 30.000 hectáreas de palma africana (en todo
el país está planificado sembrar 300.000 nuevas hectáreas)
utilizando los recursos del "Plan Colombia", un plan militarista
que tiene un mínimo porcentaje de "inversiones sociales"
(en su mayoría destinado a proyectos latifundistas como el de
la palma) para legitimar la barbarie y el desangre de nuestro país.
Aquí se puede concluir que el modelo de neoaparcería es
una búsqueda del latifundio y de los paramilitares por crear
su base social dependiente en lo económico y en lo político.
5.
El neoliberalismo latifundista
Las políticas aperturistas implementadas en la etapa neoliberal
del capitalismo mundializado nos han llevado a incrementar en Colombia
en un 700% las importaciones de alimentos, hasta alcanzar cifras cercanas
a los 7,5 millones de toneladas anuales. Para el capitalismo rentista
y usurero de nuestro país es mucho más "eficiente"
especializarse en la importaciones a gran escala que generar procesos
de desarrollo rural garantizando la seguridad y la soberanía
alimentaria. Esto ha acelerado el empobrecimiento del campesinado, que
junto a la estrategia violenta y expansionista del latifundio ganadero
y narcotraficante es la razón más fuerte para que en Colombia
haya más de 2 millones de desplazados forzados.
En contravía del discurso oficial las estrategias de desarrollo
rural siempre van dirigidas a favorecer al latifundio, a los ganaderos
y a los agroindustriales. Por ejemplo el crédito agrario en Colombia
está limitado para los pequeños productores a cantidades
inferiores a la inversión necesaria, obligándolos a asociarse
con propietarios grandes, que al servir de fiadores imponen las condiciones
de explotación (aparcería), para completar el cuadro las
tasas de interés anual han sido de usura, más del 40%
anual.
6.
El neoliberalismo y el problema de violación sistemática
por parte del Estado de los derechos humanos
En este difícil contexto de conflicto social y armado, el país
paso de ser un país rural a ser un país urbano (70% de
la población), la economía campesina ha disminuido ostensiblemente
como resultado de la de la expropiación violenta, el asesinato
selectivo, las masacres, los ametrallamientos y bombardeos a que han
sido sometidas históricamente las comunidades campesinas por
parte del Estado, pero también por la implementación por
parte del establecimiento de políticas "públicas"
agrarias excluyentes y anticampesinas que obedecen a los lineamientos
del FMI, el Banco Mundial y la OMC, estas políticas aperturistas
neoliberales han fortalecido el latifundio.
Un latifundio que está en total contradicción con la economía
del siglo XXI y con la vida de la población rural, pero que se
sostiene gracias al apoyo económico, político y militar
de las transnacionales. El latifundio, a pesar de su poder, resultó
mucho más vulnerable a la crisis y a la apertura, que los campesinos,
que dejaron de sembrar el 35 por ciento de nuestras parcelas, mientras
los terratenientes abandonaron el 77 por ciento de su área sembrada.
Pero los terratenientes, así como la decadente clase política
colombiana, son sostenidos por el capital extranjero, pues como Suharto
en Indonesia o como los sultanes malayos, los gamonales colombianos
son los guardianes del sistema neoliberal de globalización.
El antidemocrático, excluyente y violento régimen colombiano
(entre 1966 y 1988 fueron asesinadas 29.000 personas por motivos políticos,
en los dos últimos años fueron asesinados 5.800 colombianos,
cada 3 días se asesina un dirigente sindical, se suceden 10 asesinatos
políticos diarios en promedio y 3 masacres por día) ha
llevado a vivir en condiciones de miseria al 85 de la población
rural, a la concentración aberrante e ilegítima de la
tierra, (el 1.5 % de terratenientes latifundistas y narcotraficantes
posee el 80% de la tierra en condiciones de improductividad), ha lanzado
a abrir nuevas fronteras agrícolas en zonas de colonización
a millones de campesinos, a que estos siembren 120.000 hectáreas
de coca, como única alternativa productiva y económica
de subsistencia ante las políticas marginalizadoras y represivas
del Estado, ha hecho que Colombia pase de ser un exportador a ser importador
de víveres, se importan casi 8 millones de toneladas anuales
de alimentos.
Estas dramática situación de violación sistemática
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de los colombianos evidencian claramente la
ilegitimidad del Estado colombiano y ponen en entredicho su viabilidad
en el conjunto de la comunidad internacional. Colombia es un país
en el que los intereses rentistas de capitalistas nacionales prostituidos
no sólo eliminaron la autonomía alimentaria, sino que
vendieron la soberanía alimentaria y política de los colombianos.
Las nuevas semillas alteradas genéticamente sólo sirven
una vez, sometiendo en el futuro próximo a la dependencia total
de las transnacionales la casi totalidad de las actividades rurales
en el mundo. Un país con un Estado que no produce lo que se come
no es un país en el que sus pobladores disfruten de la dignidad.
El capitalismo y sus cadenas agroindustriales, el capitalismo de los
transgénicos que atenta contra las leyes dialécticas de
la naturaleza no necesita del campesinado tradicional, el trabajo campesino
que durante años dignificó la vida del hombre y su relación
con la naturaleza se convirtió para el capitalismo en un insensible
problema de mano de obra. En Colombia, por ejemplo, las nuevas cadenas
agroindustriales de caña panelera producen con el trabajo de
11 asalariados durante una semana lo que tradicionalmente con trapiches
caseros producían 700 familias campesinas durante un año.
He aquí la contradicción fundamental que evidencia la
antiética del desarrollismo del capitalismo neoliberal, es la
contradicción de la capacidad de acumular dinero frente a la
dignidad del hombre.
Frente a la indignidad la economía campesina no solamente es
viable si no que se constituye en uno de los factores importantes para
un potencial nuevo modelo de desarrollo que saque al país del
conflicto de clases, social y armado, de la oscura barbarie en que se
encuentra.
Una reforma agraria redistributiva como condición ineludible
de la solución negociada del conflicto acompañada de un
proceso de verdad histórica, de derecho a la justicia, de reparación
integral de las víctimas y de los expropiados por el actual modelo
autoritario permitirá al país retomar el camino de la
seguridad y la soberanía alimentaria y política en el
marco de un modelo de desarrollo autónomo, dialogado y concertado.
En tal sentido es necesario redefinir el desarrollo como concepto convencional
y apropiarlo nacional y regionalmente, entenderlo como un proceso resultante
de un proyecto político y cultural, que no se puede imponer desde
los tradicionales centros de poder o asimilarlo como el buen regalo
de las agencias de desarrollo capitalista.
El desarrollo es un proceso complejo y multidimensional que significa
una serie de nuevos valores humanos y naturales que permitan armonizar
las transformaciones de las estructuras productivas con sentido de equidad
distributiva, responsabilidad ecológica e identidad cultural
regional.
Se trata entonces de proponer un modelo de desarrollo que consiga una
mejor armonía entre la naturaleza y la población y entre
las dimensiones política, económica y ambiental. Se trata
de revalorizar y asumir como imperativo ético el respeto por
toda vida humana y no humana. Se trata, en última instancia,
de un desarrollo donde las comunidades locales puedan compartir sus
beneficios.
El
Plan Colombia
En Colombia, la guerra acompaña, sin descanso la historia, desde
hace cinco siglos a partir de la invasión española y el
consecuente genocidio sobre la población aborigen, la trata de
esclavos y la expoliación de sus riquezas. A partir del siglo
XIX el dominio de los Estados Unidos igualmente ha sido violento y permanente,
apoyado en la oligarquía nacional, anteponiendo sus intereses
económicos y políticos a las necesidades de la comunidad.
El espíritu de la conquista, el exterminio de poblaciones, la
explotación, la injusticia y la exclusión, por parte de
elites nacionales y extranjeras, no cesan. Ahora, la polarización
ideológica y de intereses atraviesa todos los estratos sociales.
Los conflictos social y político toman expresiones cada vez más
violentas y complejas.
La guerra civil colombiana es expresión de la profunda polarización
entre clases sociales. Las dos ocasiones que durante el siglo XX se
intentó construir un Estado social democrático de derecho,
en los años treinta y noventa, las clases dominantes respondieron
con intolerancia y barbarie para impedir cualquier cambio que afectara
sus intereses y poder. El gobierno de los Estados Unidos, siempre acucioso,
ha respondido a los llamados de la oligarquía para someter cualquier
insurrección y reproducir el orden de sometimiento y exclusión.
El Plan Colombia es un eslabón más en esta larga cadena
de infamias. Significa una nueva fase, más tecnológica,
psicológica, cultural e intensiva en el conflicto irregular de
la guerra civil que agota cualquier espacio de neutralidad y enfrenta
a las clases sociales.
La sociedad colombiana se encuentra cada vez más polarizada.
La guerra profundiza la ruptura social y los enfrentamientos ideológicos
entre los defensores del establecimiento y los que promueven una transformación
de carácter estructural.
Ante un Estado a punto de colapsar y sin legitimidad, sectores de los
más diversos ámbitos se cierran en la defensa del establecimiento
y se transforman en autodefensas y paraestados, mientras otros se alinean
con la insurgencia en el proyecto insurreccional.
La crisis y la guerra han generado un proceso de derechización
en los sectores medios y emergentes de la sociedad colombiana. Con la
economía política de la guerra se conforma una burocracia
nacional e internacional que media los conflictos y trabajando por intereses
personales se autodenominan mediadores y voceros de la sociedad.
El escalamiento de la guerra que ocasionará la puesta en marcha
del Plan Colombia, polarizará aun más la sociedad colombiana.
La polarización se siente en todos los espacios de la vida cotidiana,
laborales, públicos y privados. La clase media, indecisa y amenazada
en su vida económica y personal, es proclive cada vez más
a salidas militaristas. Los medios de comunicación, monopolios
de los grupos económicos y políticos dominantes, atizan
la guerra. Violencia y negocios siempre han acompañado la guerra
en Colombia. Los intereses estratégicos europeos y nortemericanos
sobre el territorio colombiano se involucran cada vez más en
la dialéctica del conflicto. Las transnacionales y el capital
financiero agregan otro ingrediente a la guerra civil en la medida que
buscan generar mecanismos de seguridad a sus negocios, financiando a
los grupos armados y traficando con armamento, a la vez que garantizan
sus beneficios.
El Plan Colombia y la guerra biológica
El Plan Colombia incluye la guerra biológica. Esta se desarrollará
a través del uso del hongo Fusarium oxysporum. El hongo fue obtenido
en laboratorios de los Estados Unidos mediante el financiamiento de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y la prevensión
del delito (UNDCP). Este será utilizado por los gobiernos de
Estados Unidos y Colombia para fumigar los cultivos de hoja de coca
en el sur del país.
El Fusarium oxysporum es mutante, dispersándose de un lugar a
otro, adopta formas y tamaños necesarios para su desplazamiento
y expansión. Es uno de los más dañinos que existen.
Provoca el marchitamiento de las hojas de las plantas, la putrefacción
de las frutas de manera inmediata y por consiguiente la muerte del vegetal.
No sólo la planta de coca muere con este hongo, sino cualquier
plantación que reciba el hongo transgénico. En consecuencia,
este elemento biológico estratégico puede sufrir mutaciones
de consecuencias negativas e impredecibles sobre la vida humana y el
medio ambiente.
Este hongo logra sobrevir en el suelo de 20 a 40 años, resistiendo
a cualquier substancia química con la que se lo quiera combatir.
Además el hongo puede estar vivo en las plantaciones afectadas
al momento de su consumo humano. Por su larga duración, puede
transportarse en la ropa de personas que resulten afectadas y propagar
su contaminación. El efecto maligno del Fusarium oxysporum impacta
tanto los organismos vegetales, lícitos e ilícitos, como
la vida humana.
Según el New York Times, el gobierno de Colombia aceptó,
bajo la presión de Estados Unidos, probar la efectividad del
hongo. Senadores republicanos afirmaron al gobierno de Pastrana que
sólo aprobarían la ayuda de los US$ 1300 millones al Plan
Colombia si aceptaba experimentar con el herbicida. Actualmente el Fusarium
oxysporum se experimenta en la región amazonica de Ecuador, a
5 kilómetros al norte de la población del Lago Agrio,
zona que limita con el departamento colombiano de Putumayo, donde se
concentran las primeras acciones militares del Plan Colombia en contra
de la insurgencia y de los campesinos cocaleros.
Este hongo mortal constituye una nueva barbarie y genocidio que amenaza
el ecosistema de la Amazonía, considerada como la reserva biológica
y la fuente de oxígeno mas grande del mundo, al igual que la
vida humana.
Valle del Río Cimitarra, Magdalena Medio, Colombia
Enero 19 del 2.001
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
Bibliografía
- Plan de desarrollo
y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena
Medio, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra;
1999.
- Plan de desarrollo
de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra,
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra; 2.000.
- Sustitución
de tierras, no de cultivos; Perez, Suetonio, Conocimiento y Humanismo
N° 5, Universidad Autónoma de Colombia; 1999
- Lo ilícito
en los cultivos de subsistencia campesina; Matta, Luis Alberto, Universidad
Internacional de Andalucia; 1999.
- El conflicto
y el desarrollo regional en el Magdalena Medio; Asociación
Campesina del Valle del Río Cimitarra; 2.000.
- Ponencias de
la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra;
Audiencias Públicas de San Vicente del Caguán; Proceso
de diálogos y negociación Gobierno - FARC-EP; 2.000.
- Autodefensas,
paramilitares y narcotráfico en Colombia; Medina Gallego, Carlos;
Editorial de documentos periodísticos; Bogotá; 1997.
- El plan Colombia..y
otros documentos, Sarmiento Anzola, Libardo, Publicaciones desde abajo,
Colombia, 2000.
