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El conflicto, los cultivos de coca y el narcotráfico en Colombia La situación actual y las perspectivas por César Jerez
De otro lado, muy seguramente, el presidente Uribe terminó de arrodillarse para asegurar la firma del Tratado de Libre Comercio, proceso concluyente de la recolonización económica y política de nuestro país por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos seguirán en el futuro esgrimiendo públicamente el sofisma de la lucha contra el narcotráfico para justificar su intervención en Colombia, polarizando el conflicto y aplazando su solución con enormes costos humanos, sociales y económicos. Durante el 2003, por ejemplo, han sido fumigadas con glifosato 133 mil hectáreas de coca. Sin embargo, la reducción del área sembrada durante este año sólo asciende a 15.731 hectáreas, de las cuales cuatro mil fueron erradicadas de manera manual. Esto quiere decir que por cada hectárea realmente erradicada se fumigaron otras 11. Esto demostraría a cualquiera el fracaso de esta política sadomasoquista de la administración de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. No obstante, el establecimiento colombo-estadounidense repite sin cesar que la destrucción de los cultivos de coca, es "la lucha contra el narcotráfico", mientras tanto Uribe habla de "matas de droga" y de "campesinos cultivadores narcotraficantes" tratando premeditadamente de introducir un mito que conduzca a la opinión pública a apoyar una política antidrogas abiertamente equívoca, lesiva y contraria a los intereses nacionales. Se trata de dar a entender que la actividad del narcotráfico existe porque existen los cultivos de coca, amapola y marihuana. En la realidad, la actividad económica de los cultivos de coca en las zonas de colonización campesina de Colombia es el resultando de la convergencia en estos territorios de problemas políticos, económicos y sociales. Esta actividad existe porque existen problemas estructurales irresueltos en el campo colombiano y fundamentalmente porque existe un capital internacional del narcotráfico que demanda la materia prima de la hoja de coca. En la génesis del problema están el irresuelto conflicto agrario colombiano, la concentración de la tenencia de la tierra, la expulsión y desplazamiento de masas campesinas, la irrupción de la apertura neoliberal, su modelo de desarrollo excluyente, el aumento del consumo de drogas en el mundo y la coyuntura, desde los años 70, del tráfico y el consumo de cocaína. Estos elementos, que hacen parte de la dinámica del conflicto político, social y armado colombiano, igualmente explican la ocurrencia de los cultivos de coca como una actividad de resistencia y de economía campesina, así como el auge del narcotráfico y sus impactos en todas las esferas de de la vida política y económica de la sociedad colombiana. El discurso de la "guerra contra las drogas" con el cual los Estados Unidos justifican la intervención política y militar en el conflicto colombiano, a través del Plan Colombia, esconde intereses que trascienden el proceso de producción, tráfico y consumo de estupefacientes, y que tienden a garantizar el flujo continuo de recursos estratégicos como el petróleo y al establecimiento de un orden continental neomercantilista mediante la implementación del Tratado Bilateral de Libre Comercio y del Área de Libre Comercio de las Américas. En el caso colombiano vemos cómo se busca narcotizar el conflicto y se asocia, desde el proyecto político e ideológico dominante, al narcotráfico y al terrorismo con la lucha reivindicativa de los movimientos sociales y populares, y con la lucha de los movimientos guerrilleros por la toma y el control del poder político. De tal forma, el sofisma del "narcoterrorismo" sirve para neutralizar disidencias y reprimir desafíos a la propuesta neocolonial impuesta por la administración de los Estados Unidos. En el plano local y regional, escenario donde se desenvuelven los conflictos alrededor de la lucha por el derecho a la tierra y de la dignificación de la vida de comunidades campesinas, indígenas y negras, históricamente excluidas, la política de "guerra contra el narcoterrorismo" tiene impactos devastadores. Se ha militarizado y paramilitarizado la vida social, se destruyen las organizaciones sociales por la vía del asesinato, la desaparición o la amenaza, se ha fumigado con glifosato indiscriminadamente, se cometen detenciones masivas y arbitrarias, se violan los derechos humanos de forma masiva y sistemática. Las fumigaciones indiscriminadas con glifosato han afectado gravemente la economía campesina, el estado de salud de los pobladores rurales y están produciendo impactos ambientales impredecibles al fumigarse selvas nativas, ríos, quebradas, ciénagas y humedales en ecosistemas estratégicos. De lo verificado en la región del valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio, se ha evidenciado que por cada hectárea de coca fumigada se fumigaron en promedio cuatro hectáreas más de selvas, cuerpos de agua y cultivos de pancoger. La fumigaciones del Plan Colombia son una causa más del desplazamiento forzado, que se suma al accionar militar y paramilitar, al establecimiento de bloqueos alimentarios y sanitarios a zonas campesinas, haciendo mucho más precarias y pauperizando las condiciones de vida de las comunidades rurales. Las fumigaciones son un círculo vicioso que reproduce y multiplica los cultivos, pues al no tener alternativas el campesinado resiembra para resistir hasta el nuevo ciclo de fumigaciones. Se trata de una política estúpida, que sólo beneficia al complejo militar industrial estadounidense que produce las armas para la guerra, a la multinacional Monsanto, productora del glifosato, a la industria de los precursores químicos, a la burocracia clientelizada y lumpenizada del Estado y a los carteles institucionales de la corrupción. Estas acciones ilegitiman todavía más al actual Estado colombiano, lo alejan de sus ciudadanos, contrario a lo esperado, fortalecen a las guerrillas, y lo más grave, no solucionan el problema de los cultivos de coca ni del narcotráfico. Curiosamente, al no solucionarse el problema en Colombia, ni internacionalmente, se está manteniendo un negocio que según datos preliminares, bordea cerca de los 500 mil millones de dólares anuales. Cabe entonces preguntarse, si al campesino el narcotráfico le paga $2'400.000 (800 euros) por kilo de base de coca (no de cocaína), ¿quién entonces se está quedando con todo el valor agregado en la cadena del narcotráfico? ¿Y dónde se está invirtiendo este dinero? Sólo en el 2001 Colombia exportó 839 toneladas métricas de cocaína, según datos del TNI. El movimiento campesino colombiano ha propuesto la solución en dos planos: de un lado en el de la legalización de la hoja de coca y su uso tradicional, cutural y medicinal, la legalización de las drogas y el tratamiento de salud pública a los drogadictos; de otro lado la solución está en el plano de las reformas estructurales que garanticen el acceso a la tierra mediante una reforma agraria integral que elimine el latifundio improductivo, que asegure el mercado interno para la producción agropecuaria nacional mediante un modelo de desarrollo incluyente y redistributivo. Estas propuestas son parte de la solución al conflicto político, social y armado, de la justicia social en el campo y de la paz. |
