Agencia Prensa Rural

Loading
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

El decálogo agrario de las Farc
César Jerez / Lunes 28 de enero de 2013
 

Fundador y redactor de la Agencia Prensa Rural. Geólogo de la Academia Estatal Azerbaijana de Petróleos (exURSS). En Bakú obtuvo una maestría en geología industrial de petróleo y gas. Es profesor y traductor de idioma ruso. Realizó estudios de gestión y planificacion del desarrollo urbano y regional en la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP de Bogotá. Desde 1998 es miembro de la ACVC. Actualmente coordina el equipo nacional dinamizador de Anzorc. Investiga y escribe para diversos medios de comunicación alternativa.

La semana pasada la delegación de paz de la guerrilla de las Farc - EP dio a conocer los últimos tres puntos de su “decálogo” para solucionar la cuestión agraria y garantizar la inclusión política, social y el desarrollo rural en los campos de Colombia.

Las Farc hicieron sus planteamientos desde el 14 de enero, día en el que se reanudaron los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla tras un receso de fin de año. El catálogo fue expuesto en cinco comunicados, que fueron leídos por diferentes voceros de la delegación de paz guerrillera.

El decálogo agrario representa una actualización del programa agrario de los guerrilleros de las FARC, un documento fundacional de esta guerrilla que data de 1964.

El decálogo de las Farc tiene la particularidad de que incluye gran parte de las propuestas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas en materia de desconcentración, acceso a la tierra, autonomía, ordenamiento territorial, ambiental, productivo y reconocimiento político del campesinado.

En cuanto a la refrendación de los acuerdos en materia de desarrollo agrario integral, las Farc han sido enfáticas al manifestar que el único camino posible para legitimar los eventuales acuerdos del proceso de paz es la Asamblea Nacional Constituyente.

Llama la atención que en la septima propuesta, las Farc recogen la figura territorial de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), pero la proponen como "territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina". Un elemento nuevo, pues en el proceso de construcción y constitución de las ZRC, las organizaciones campesinas han reclamado que los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, pero manteniendo la titulación individual de las fincas campesinas, con una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que limita la propiedad y con una reglamentación que las proteja del latifundio, los agronegocios y los intereses de las empresas minero-energéticas.

El siguiente es el texto completo del preámbulo y de las 10 propuestas presentadas por las Farc al gobierno y la sociedad colombiana, fundamentales para el debate sobre la tierra, la cuestión agraria y el desarrollo rural en Colombia. El decálogo es un punto de partida determinante para el futuro del proceso de paz, el establecimiento de acuerdos y el logro de una paz estable y duradera.


Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo (FARC-EP), comunican:

Su reiteración en exigir celeridad en el análisis profundo e integral -pensando en los intereses de las mayorías nacionales-, del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En tal sentido, conminan al gobierno de Juan Manuel Santos a cesar en la retórica guerrerista que acompaña de falsas promesas de solución a los problemas sociales, y se comprometa públicamente a presentar soluciones prontas, tangibles, apartadas de la demagogia, para los problemas de miseria que han generado la terrible confrontación que desangra al país.

La Delegación gubernamental que dialoga con las FARC-EP debe demostrar voluntad para avanzar, sentando sobre la Mesa propuestas claras que le indiquen al país que el gobierno no prolongará indefinidamente en el tiempo las soluciones al grave problema del latifundio y de los despojos de la tierra por métodos violentos o disfrasados de legalidad, que han profundizado la guerra generando desplazamientos, masacres, luto y desolación, para favorecer a las élites y a las trasnacionales que saquean la patria.

Las FARC-EP han estudiado con atención las propuestas que el pueblo presentó en eventos como las Mesas Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz, el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial), las propuestas enviadas a la página Web dispuesta por la Mesa de Conversaciones, entre otras inciativas que deben motivar la máxima participación y la presencia directa de la ciudadanía en el proceso de paz.

Del estudio de tales propuestas y reflexiones, hemos tomado las conclusiones centrales para esbozar una posición preliminar referida al primer punto del Acuerdo General, la cual apunta a resolver la injusta estructura latifundista de la tenencia de la tierra, causa fundamental de la miseria y la guerra que padece Colombia. Nuestra propuesta, la cual iremos presentando a consdieración de nuetros compatriotas en el curso de este nuevo ciclo de intercambios, la hemos titulado Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial, y con respecto a ella presentaremos paulatina y públicamente los argumentos de sustento que están construidos observando las iniciativas de la población.

Las FARC-EP, en ejercicio de su soberanía política y en desenvolvimiento de su interlocución constante con el pueblo, ponen en conocimiento del pais la primera de las diez propuestas:

PRIMERA PROPUESTA. Realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos:

a. Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales, y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones.

b. Transformación de las relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población. c . Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza rurales;

restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos, y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social.

d. Construcción de una nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales.

e. Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso.

f. Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial.

g. Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra.

h. Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo.

i . Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios.

j. Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de Producción de Alimentos.

k . Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.

l. Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos.

m. Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio.

n. Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos.

o. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población.

p. Definición precisa de medidas para evitar la especulación financiera con la tierra y las economías rurales. En todo caso, el total de la propuesta será publicada al terminar el mes de enero con las correcciones a que hubiere lugar, y en adelante se presentarán los complementos de sustentación.

2. La erradicación “del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales”

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en ejercicio de su soberanía política y en desarrollo de su interlocución permanente con el constituyente primario que es el pueblo, comunican:

- Mantenemos nuestro compromiso de presentar de manera paulatina ante el país, nuestras propuestas referidas al primer punto de la Agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

- Inspirados en los anhelos populares, el conjunto de nuestras iniciativas son mínimos para buscar puntos de aproximación con el gobierno; lleva por nombre Desarrollo rural para la paz de Colombia y se compone de Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral, al respecto de lo cual hicimos un primer esbozo en comunicado reciente de fecha 14 de enero de 2013.

A continuación damos a conocer el encabezado de nuestra iniciativa de Desarrollo Rural y las propuestas dos y tres de la misma:

Considerando el mandato histórico del Programa Agrario de los Guerrilleros y de otras elaboraciones programáticas de las FARC-EP, acogiendo y haciendo suyos importantes análisis, propuestas e iniciativas, formuladas con entusiasmo, esperanza y anhelos de paz por numerosas y muy representativas organizaciones de la sociedad colombiana, en general, y del movimiento social y popular, en particular, presentadas en los encuentros regionales por la paz impulsados por las Comisiones de paz del Congreso de la República, así como en el Foro Política de desarrollo agrario integral – enfoque territorial, organizado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia (Centro de Pensamiento y seguimiento al proceso de paz), a petición de la Mesa de Diálogos de La Habana, celebrado del 17 al 19 de diciembre de 2012 en Bogotá, D.C., las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, ponen a consideración del pueblo colombiano las siguientes ocho propuestas de desarrollo rural para la paz de Colombia:

Segunda Propuesta: Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales, y compromiso con el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, mediante el acceso y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Ello implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales, de dignificación y laboralización del trabajo agropecuario atendiendo estándares de normatividad internacional, así como la provisión de la correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompañada de la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público.

Tercera Propuesta: Construcción de una nueva ruralidad basada en la democratización de las relaciones urbano-rurales, y en el principio de la justicia territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el desarrollo del país y el buen vivir de su población.

Ello implica la puesta en marcha de medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica política, económica, social y cultural del Estado con el campo y sus pobladores, deuda que ha producido violencia, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y segregación territorial; impone la desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la estigmatización del campesinado; conlleva el ordenamiento y la regulación del territorio urbano-rural con base en criterios de equidad, mutuo beneficio y participación democrática; demanda medidas reales y efectivas para la apropiación de la riqueza pluriétnica y multicultural del mundo rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la economía.

CUARTA PROPUESTA: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria; contemple una organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios; establezca límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales.

QUINTA PROPUESTA: Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el derecho de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y productividad de las tierras que conforman el Fondo, se procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos.

SEXTA PROPUESTA: Reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afro-descendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se propone el establecimiento de territorios interétnicos, definidos como territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, con regulaciones colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y autogestión.

SÉPTIMA PROPUESTA: Reconocimiento y definición de los territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las otras formas de territorios colectivos. En consecuencia se fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias, y en la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. Estos territorios asumirán dos formas: Primero, como territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina; segundo, como Zonas de Producción Campesina de Alimentos. Todo lo anterior, ha de acompañarse de medidas que garanticen la vida y las concernientes a la dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la declaración de los derechos del campesino de la ONU, así como del acuerdo 141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación en el ordenamiento jurídico.

Las FARC-EP presentarán en el día mañana, el desarrollo de la quinta propuesta, y responderán a las inquietudes de los comunicadores sociales sobre el tema, en rueda de prensa que se realizará a partir de las 15:00 horas.

Propuesta Octava: Compromiso con la soberanía alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo beneficio entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura física, especialmente de vías de comunicación y de riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de otros medios de financiación. La economía campesina merece especial protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior, también comprende la posibilidad de encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se incluyen igualmente las economías rurales de carácter agroindustrial, orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía alimentaria y garanticen sostenibilidad socioambiental.

Propuesta novena: Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas nativas, con miras a garantizar la conformación de una base técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización permanente y actualizada de información, para apoyar el diseño de las políticas de desarrollo rural. Ello impone la realización inmediata de un Censo Rural y Agrario.

Propuesta décima: Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio, inversiones o propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población, propicien la extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la especulación financiera, propicien la producción transgénica o la imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los tratados de libre comercio.

Las diez propuestas aquí presentadas, demandan la conformación de una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana. De igual manera, implican la activación de mecanismos que garanticen su seguridad jurídica, una Asamblea Constituyente y legislativa es el camino.