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Número 1
Boletín de la revista Tercer Piso
Revista Tercer Piso / Lunes 14 de abril de 2008
 

ACVC: entre la represión y la resistencia por el derecho a la tierra

El proceso de represión del campesinado colombiano por parte del estado ha sido una constante a lo largo de su historia, junto con el despojo de sus tierras y la violación a sus derechos fundamentales; en consecuencia, la necesidad de agruparse y autoorganizarce se constituye como alternativa necesaria para proponer y accionar frente a las problemáticas que los aquejan, ello resulta valeroso cuando su accionar se enmarca en la creciente militarización producto del Plan Patriota además, de la continua amenaza paramilitar cernida en el territorio colombiano. No en vano la represión se ha convertido en el principal mecanismo de dominación y de transformación de miles de personas en obreros explotados y vilipendiados; las instituciones nacionales se convierten en súbditos del capital privado y en verdugos de su propio pueblo; la conformación de grupos paramilitares obedece a planes de exterminio sistemático de millones de personas que se oponen al régimen de terror emprendido por el estado, a todas aquellas comunidades que se organizan ya sea en sindicatos, colectivos defensores de derechos humanos, organizaciones revolucionarias, campesinos e indígenas creadores de sus propios valores y que resisten entregar sus tierras a los terratenientes y a la explotación irracional capitalista, etc.

En este marco, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra se configura como una organización social campesina formada con la finalidad de resistir, proponer y materializar acciones en relación al desplazamiento interno, la defensa de los derechos humanos, trabajo en seguridad alimentaria y la lucha por la tierra [1]. Su origen se remonta a finales de 1998, posterior a la marcha campesina originada por la carta abierta de toma paramilitar de Carlos Castaño; como una forma de defensa y reivindicación del campesinado.

Frente a ello, el estado a pesar de consagrar constitucionalmente el derecho a la organización lo menoscaba en la práctica mediante la negación del Derecho Internacional Humanitario, este, indica que en situación de conflicto se debe respetar y proteger la población civil como sus bienes tanto individuales como comunales, sin embargo, es el ejército nacional [2] -según denuncias de habitantes del valle del Cimitarra- en unión con los paramilitares –sin desconocer que son dos fuerzas militares complementarias y no distintas-, quienes frecuentemente hostigan a la población realizando bloqueos alimenticios y sanitarios, asesinatos indiscriminados, intimidación a la población con la finalidad de que ésta, a través de la fuerza, declare como guerrilleros a los líderes de la asociación etc..

Ejemplos de tal envergadura se pueden observar con la detención arbitraria y posterior judicialización de algunos de los líderes de la ACVC (Mario, Evaristo, Andrés y Oscar) ocurridos el día 29 de septiembre de 2007; posteriormente fueron detenidos dos integrantes más (Miguelito Huepa y Ramiro Ortega). Los hechos ocurrieron el día 19 de enero de 2008. Así mismo, se puede advertir la persecución contra el campesinado, provocando los asesinatos de varios de ellos bajo la denominación –por demás criminal por parte del estado- de guerrilleros "dados de baja" en combate, o lo que en otros términos denominan falsos positivos. Entre estos hechos es indispensable mencionar el vil asesinato de Miguel Angel Gozález Huepa, hijo de Miguelito Huepa –detenido-judicializado. Actualmente todos los líderes de la organización tienen orden de captura; es indignante que la constitución sea solo un formalismo en nuestro país, pues el derecho a la libre expresión y a la organización solo son artículos sin ninguna materialización.

Ahora bien, como ya se mencionó arriba, la tierra se ha constituido en una de las principales banderas de lucha y reivindicación para el movimiento campesino. Para el caso de la ACVC éste se realiza mediante la figura jurídica de Zona de Reserva Campesina. Su proposición surge del campesinado colombiano, quienes plantean al Estado constituir una zona especial en donde el aseguramiento de la pequeña y mediana propiedad sea una realidad; de tal forma con apoyo del Banco Mundial se crean 4 Proyectos Pilotos de ZRC. Posteriormente la ACVC realiza la solicitud de dicha figura, otorgada el 10 de diciembre de 2002 y revocada el 10 de abril de 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe, justificando que dicha medida protegía a los guerrilleros asentados en la zona.

A pesar de ello la ACVC afirma en la práctica marchar sobre la ZRC; sin embargo, es necesario para esta replantarse y posicionarse sobre sus bases jurídicas (Ley 160 Cap. XIII, Decreto 1777 de Octubre de 96 y Acuerdo 024 noviembre 25 del 96) pues en ellas, el territorio otorgado no es del todo colectivo, este se parcela mediante las Unidades Agrícolas Familiares asignándole un precio a cada predio de acuerdo al salario mínimo vigente y al finalizar la deuda se entrega el título de propiedad, es decir, se retorna al mercado de tierras usado como remedo de Reforma Agraria desde los años 30’s; ¿Cómo se asegura el territorio si la tierra se convierte en una mercancía comerciable? No se reglamenta como un fijo inalienable, inprescriptible e inembargable, es decir frente a otra oleada de violencia -que por cierto aún no ha cesado- la presión sobre estos terrenos puede hacer que sean cedidos para su venta.

Por otro lado, uno de los objetivos desde el gobierno para la ZRC consiste en transformar el campesino en mediano empresario y anexarlo a las cadenas productivas, obviamente dicha conversión resulta insulsa pues el interés se centra en la obtención de mano de obra barata remunerada con jornales de muerte, más asequible aún para los monopolios cuando la ZRC a pesar de la participación colectiva e individual en los terrenos deben obligatoriamente plantear u aplicar proyectos productivos dentro del marco de la rentabilidad agro exportadora, es decir, la inmersión del campesinado dentro de las cadenas del mercado capitalista transnacional. En este plano, las alianzas productivas criticadas por la ACVC podrán materializarse posterior a la descongelación de dicha figura jurídica, es de prever para la asociación las acciones para evitar dichas medidas.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad a la ACVC, repudiamos y censuramos las acciones que sobre esta él Estado ha realizado con miras a desarticular su proceso; y resaltamos su ejemplo de lucha en medio del contexto de guerra., por que cuando una historia se escribe con lágrimas, dolor u pena existen más motivos para seguir adelante y redimir aquello negado “nuestros derechos”, en unión de quienes como nosotros han sido violentados de diversas formas.


¿Y qué pasa en la Universidad Pedagógica Nacional?

Desde los años 80 el proceso de implementación del Neoliberalismo se tomó América Latina; en Colombia se consolidó a través de la Apertura Económica en los 90`s y se institucionalizó con la declaración de la constitución política de 1991. Desde este momento, en el ámbito educativo se ha creado todo un sustento jurídico, político y económico hacia la implementación de esta nueva fase del capitalismo. Así, se planteó la descentralización de las entidades territoriales con la consecuente autofinanciación, producto de ello las secretarias de educación también asumieron dicho rol en los marcos departamentales. A este proceso los planteles educativos y universidades no han sido ajenos, por ello, en la UPN desde el 2000 hemos vivido la materialización de dicha política mediante varias estrategias:

1. Desfinanciación estatal: El recorte presupuestal a nivel nacional para sectores como educación y salud es resultado de la creciente utilización de recursos para la guerra, a nivel legal se planteó abiertamente con el Plan de Desarrollo 2006-10; ello generó a nivel nacional una gran movilización estudiantil y del magisterio, permitiendo negociar las condiciones presupuestales para la educación. Sin embargo, la UPN actualmente autofinancia el 44% de su presupuesto (reunión CS 2007) mediante cursos de extensión, proyectos, asesorías educativas, etc. Ello menoscaba el carácter social y de libre acceso a la educación universitaria, además, limita el carácter educativo desde su accionar pues solo se entiende en tanto transmisor de conocimientos, y como una mercancía que se compra y se vende...

2. Administración del modelo económico: El silencio para disentir y apoyo a toda política educativa son una directriz en nuestra universidad; la actual administración se ha encargado de unificar el proyecto de la UPN con el proyecto internacional y nacional de mercantilización educativa, configurando un proceso de contrarrevolución educativa cuyas banderas son la ampliación de cupos, apertura de doble jornada, catedrización de la labor docente, y tercerización del sistema educativo; ello, al unísono del déficit financiero crean el ambiente propicio para hacer inviable la universidad y someterla a ley de quiebras. Además, el proceso de mercantilización no solo abarca la venta de cursos de extensión al público en general sino las carreras universitarias ubicadas en el portafolio de servicios de la UPN, así, la educación se constituye como un artículo de consumo mediante el cual se ingresa al sistema productivo y los profesores solo funcionan a modo de maquila reproduciendo dicha lógica. Nuestra universidad, desde las esferas institucionales, ha sido acrítica, servil y nada propositiva frente al actual contexto educativo. En últimas, la universidad funciona como subsidiaría del modelo económico y político de estado (clasista, extorsivo, mafioso, etc.) a través de las políticas educativas del gobierno, renunciando a liderar un proyecto político-educativo nacional.

3. Administración universitaria y seguridad democrática: La llegada a la rectoría de Ibarra representó una transformación en términos de la concepción que la administración representa del estudiantado. El actual modelo se sustenta en los principios de la seguridad democrática, según la cual existe la presión de grupos terroristas que intentan desestabilizar las instituciones democráticas. Entonces, el discurso de la administración afirma que al interior de la universidad operan grupos clandestinos que hacen parte de la base de los grupos terroristas, los cuales atentan contra la libertad, la honra y los bienes de la educación. Sin embardo, lo que se busca es consolidar el proyecto mafioso de la ultra derecha sustentado en la coservatización de las relaciones sociales existentes, y en el liberalismo de libre mercado.

Otro aspecto fundamental del modelo administrativo en estrecha relación con la seguridad democrática es el consumo de “drogas”. Según el gobierno nacional, las drogas constituyen uno de los factores que fomentan y financian la violencia y el terrorismo; por tanto, es indispensable la lucha frontal contra este “mal”. La administración Ibarra se ha adherido a este principio y ha generado mecanismos de persecución y exclusión contra compañeros sindicados de la venta y consumo de “drogas”. Empero, la ramplonería de los argumentos pone en evidencia que lo que se busca es imponer un conservatismo doctrinario sustentado en la ideología católico-moralizante donde el "bien" se debe imponer sobre el "mal". ¿Será acaso una coincidencia con los argumentos perversos del imperialismo de estados unidos, o será la administración local de éstos?

En últimas, está en proceso de consolidación la perversa maquinaria del oscurantismo, de tal forma que es prohibido pensar, y la crítica es violentamente exterminada; se viene imponiendo el hacer –de acuerdo a las necesidades del mercado y de la explotación de mano de obra barata en términos de esclavización- sobre el crear.

4. Transformaciones espaciales y mesianismo vulgar: Una de las expresiones a través de las cuales se reafirma el proyecto criminal de la administración es el concerniente a las reformas espaciales. Los muros en las cll 72 y 73, las plazoletas Darío Betancur y la de la cll 73, la macabra eliminación de los salones de la Fuerza y de los Espejos, etc., evidencian los mecanismos de control, disciplinamiento y vigilancia creados para homogenizar y mantener a “raya” a los estudiantes, por un lado, por otro, se busca generar espacios acordes con las necesidades de inversión de capital privado bajo la lógica de la rentabilidad financiera.

De igual manera, la administración pretende hacer creer en la posibilidad de hacer realidad el proyecto Valmaría. De tal forma que allí se solucionarían los problemas que afronta la universidad. Sin embargo, la burocracia administrativa y su incapacidad de generar soluciones políticas, se empeña en producir "felicidad" en el "más allá", o sea en “Valmaría”.


Por la vida por la palabra

Por la vida de la palabra. Para liberar estas palabras, podría consultar muchos textos, hacer memoria de cientos de frases de cajón que mujeres y hombres de algún renombre, alguna vez dejaron escapar de sus labios, de sus manos, que ya no serían sepulcro de sus pensamientos.

Podría acudir a la literatura, a la semiótica, a la lingüística, a la historia o la geografía, incluso a ala filosofía; a cualquier discurso; y traer a cuento las combinaciones más sensibles, grotescas o sabrosas de éstos códigos que permiten representar la "idea", aún cuando nuestra garganta y sus sonidos sean ausentes, aún cuando nuestro ser físico sea recuerdo.

Sí, podría evocar sublimes estribillos, pero me resisto. Hoy, me gustaría desnudar el precario léxico con que interpreto nuestro mundo de la vida, o las realidades que, separadas y seleccionadas con avaro rigor y más ambiciones de poder manipularlo todo que de querer comprender las cosas, son coloreadas y estratificadas en moderna forma.

Compañera de nuestra historia como especie transformada y que transforma, la escritura es la puesta en escena de nuestra interpretación de las cosas, como diría Piero, "se cuentan solas, sólo hay que saber mirarlas" es nuestra verdad , nuestro juicio, es nuestra razón ante esa sociedad, esa otredad oculta por la falsedad del individualismo, de la indiferencia, es el precipicio al cual se avienta la expresión inconsciente, la crítica apasionada, el discurso erudito y la misma inconformidad del alma.

Palabras que son bala y caricia, veneno y alimento, conformidad y denuncia; como aquel libro de la risa, que además de ser leído en aquella recóndita abadía, fue muerto en el fuego de la Santa inquisición, narrado a detalle allí: En el Nombre de la Rosa, pueden negarse a generaciones futuras; bien podrían inmortalizar un nombre. Finalmente son la fuerza con que se alimenta el espíritu de nuestra historia, de nuestro recorrido como seres capaces de evidenciarse como sujetos que piensan su momento, su recuerdo, que sienten la vida, dolor por la injusticia, o esos mismos seres indiferentes y cínicos, que a través de discursos invisibilizan la miseria, la indignidad, la opulencia.

La intención no es otra que la de invitar a hacer de la palabra un arma (exhortación que ya se leerá como verdad de perogrullo, y no sin razón); y por favor, no la dejemos oxidar en nuestras "ideas", o embalsamarlas en nuestros nervios y neuronas que dejarán de moverse; dejemos que tengan vida, que se creen mundos que ni siquiera sus mentes originales podrían haber concebido, cuenten otras historias, además de las que originalmente fueron destinadas; que inciten a despertar esa dormida conciencia. . .

* En este boletín participaron: Diana Lucia Penagos, Angel Sastoque y Francys Cárdenas, integrantes del grupo editorial de la revista de estudiantes del departamento de Ciencias Sociales Tercer Piso.

[1¿Qué es la ACVC? En http://www.prensarural.org/acvc/quesomos.htm. Consultado 16 de Octubre de 2007.

[2En la zona opera la Brigada XIV y sus Batallones Héroes de Majagual, Contraguerrillas No 47 y Motilones, junto con la Brigada V y el Batallón Calibio.