El día 19 de agosto de 2013, después de varias reuniones con las instituciones de orden civil y militar del municipio de Segovia Antioquia, entre los que participaron el alcalde municipal Johny Alexis Castrillón, el secretario de gobierno local Carlos Franky Arango, la personera de Segovia Luisa Fernanda Rivera, el gobernador del Cabildo Indígena, delegados políticos del sector minero y de las organizaciones campesinas, el comandante del batallón del Ejercito encargado de la operación Troya en la Región, donde se denunciaron los graves hechos presentados en contra de las comunidades minero campesinas participantes del paro agrario y popular en este municipio, y bajo la gravedad de los hechos del día 18 de agosto en el que resultaron cinco personas heridas, una de ellas tuvo que ser trasladada a la ciudad de Medellín con una herida de fusil en la pierna derecha que fue propinada por la policía Nacional del municipio de Segovia Antioquia.

Se acuerda la declaratoria de manera urgente del ,campamento de refugio Humanitario Permanente, en el que se encuentran, niños, mujeres, ancianos, y del que hacen parte un total de 2.500 personas refugiadas en el coliseo municipal, sitio donde fue declarado, campamento de refugio humanitario. Pese a la interlocución y a los acuerdos hechos; los hostigamientos por parte de la fuerza pública se volvieron a dar en la noche del 19 de agosto, sobre las 10:00 pm, donde las comunidades y los organismos de derechos Humanos presentes en el campamento alertaron sobre la agudización de las agresiones por parte de la Policía Nacional, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD que haciendo uso del amedrentamiento y desconociendo la declaratoria de Refugio Humanitario, realizaron disparos de fusil, lanzaron granadas de aturdimiento y arrojaron gases lacrimógenos al interior del campamento para desalojar a las comunidades. Estas acciones evidencian la violación y el incumplimiento por parte de la fuerza pública en cabeza del comandante de policía del municipio de Segovia, el comandante del Ejército Nacional a los acuerdos pactados en la mañana del 19 de agosto, que promulgaron el respeto por los derechos humanos, y la no infracción al Derecho internacional Humanitario, en la declaratoria de las comunidades minero campesinas e indígenas como campamento de refugio Humanitario permanente.

En este sentido exigimos

1. A todas las autoridades civiles, de Policía y Militares: el respeto del

REFUGIO HUMANITARIO PERMANENTE de las comunidades agro mineras del Nordeste Antioqueño asentadas pacíficamente en el casco urbano del municipio de Segovia.

2. A la Policía Nacional y Fuerzas Militares: el respeto por los Derechos Humanos y proporcionar las garantías para garantizar la vida, libertad e integridad de las comunidades minero campesinas del Refugio Humanitario Permanente.

3. A los Gobiernos municipales, al gobierno Departamental y Nacional: tomar las medidas pertinentes para garantizar y respetar los derechos a la vida, la integridad personal y psicológica, la organización, la protesta social, la libre movilidad y expresión, la honra y reputación de los-as manifestantes.

SOLICITAMOS:

A la comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y a la comunidad en general: acompañar y apoyar nuestras justas peticiones.

RESPONSABILIZAMOS

Al estado Colombiano en cabeza del Señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, garantías frente a los derechos constitucionales y Humanos del los manifestantes que exigen de manera pacífica condiciones de vida digna y cuyas reivindicaciones han sido plasmadas en el pliego mínimo de exigencias a nivel regional y nacional, a lo cual de manera urgente solicitan se conforme la Mesa de Interlocución y Acuerdo, Campesina Minera y Popular por el Nordeste Antioqueño.