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El Paro Nacional Agrario y Popular: Una lucha justa y necesaria
 

De nuevo nos enfrentamos a la ola discursiva del Gobierno, en la que se ubica un amplio espectro de la criminalización de la protesta. Como ya es costumbre, emergen ataques para desvirtuar el descontento social, generalizando hechos que hacen parte de una minoría al interior de la movilización y publicándolos como una totalidad homogénea al interior de la movilización social. Se construyen argumentos que lucen como las más elaboradas elucubraciones basadas en hechos creados desde el discurso, con el mismo actor que, dicho sea de paso, resulta ubicuo, holístico y omnipresente: las FARC.

En la ciudad se elabora un intenso arsenal de indignación por parte de quienes, apoyando el discurso gubernamental, critican los actos “excesivamente violentos” y “vandálicos” que se hicieron presentes en la Capital durante el desarrollo de las movilizaciones. No obstante, la opinión creada desde la hegemonía de los medios de comunicación no da cuenta de las condiciones previas que han determinado tal expresión de violencia y, mucho menos, del carácter tanto o más violento de la vida diaria de colombianos y colombianas que deben caminar los senderos de la escasez, la carencia y, en muchas ocasiones, de la miseria. En el contexto de la política como una práctica vital social y colectiva, no se indican las condiciones de segregación y exclusión, promovidas desde el establecimiento y entroncadas en gran parte de la sociedad colombiana. Asimismo, no se señalan las infiltraciones por parte de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia del Establecimiento, que ocasionan, mayoritariamente, el desencadenamiento de la violencia al interior de las movilizaciones.

Por lo tanto, rechazamos vehementemente los constantes pronunciamientos que derivan en la concentración del poder político en pocas manos; que resaltan la necesidad del establecimiento de cerrar filas ante las reivindicaciones sociales que exigen una sociedad distinta; que reprenden y suprimen cualquier salida ante la difícil situación de miles de colombianos y colombianas que, en su cotidianidad, deben lidiar con la pesada carga de la pobreza y la exclusión. Ni qué decir de la situación estructural de la ruralidad colombiana, que debe sobrevivir a un crecimiento exponencial de las condiciones ya señaladas y que, en tal sentido, se ve obligada a crecer en medio de la desesperanza y una gran brecha creada, a lo largo de la historia colombiana de los últimos dos siglos, que tiene su expresión más viva, cruda y violenta en el campo.

Resaltamos que la lucha impulsada desde el Paro Nacional Agrario y Popular la consideramos como justa y necesaria, habida cuenta de la histórica y estructural disparidad en la que la mayor desventaja recae en el grueso de la sociedad colombiana. Sostenemos con gran fuerza, que la ruralidad colombiana exige, a todas luces, una reestructuración de las condiciones que hoy determinan la producción, la pobreza, los usos y la tenencia de la tierra, la autonomía y la participación política y del amplio estado de cosas que define la situación política, económica, social y cultural del campesinado colombiano.

¡No renunciaremos a la lucha por la dignidad de los pueblos y del campesinado colombianos!