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Ante el colapso de la ley de "justicia y paz" propiciado por la extradición de paramilitares
Que la Corte Penal Internacional intervenga de manera inmediata en Colombia
Alexánder López Maya / Miércoles 14 de mayo de 2008
 

En constancia radicada en la plenaria del Senado de la República, el senador Alexánder López Maya rechazó abiertamente la impunidad que se impuso en Colombia con la extradición de los líderes paramilitares a los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional, hecho que sella el desplome de la ley de “justicia y paz” en Colombia, en el más amplio escenario de impunidad. El senador López Maya hizo en su constancia un nuevo llamado a la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia para evitar que los crímenes del paramilitarismo queden en la mayor impunidad. Hay que señalar que el senador López Maya hizo un llamado en los mismos términos a la Corte Penal Internacional en junio del 2005, en su constancia de voto negativo a la ley de “justicia y paz” en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Adicional a lo anterior, el senador Alexánder López Maya hizo un llamado a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente como única salida a la crisis.

A continuación el texto completo de la constancia pública.


Comisión de Derechos Humanos y Audiencias

Senado de la República

Constancia Pública

Plenaria del Senado de la República

13 de mayo de 2008

Los hechos de la interrupción forzosa de las investigaciones judiciales adelantadas por la Unidad Especializada de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, en el caso de los 14 líderes paramilitares que hicieron parte de cúpula paramilitar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que fueron entregados en la mañana de hoy en extradición a los Estados Unidos de América por el Gobierno Nacional, sellan el final del proceso de negociación con grupos paramilitares en Colombia y el desplome de la jurisdicción de la Ley 975 de “justicia y paz” en el marco de la más aberrante e inaceptable impunidad.

Con esta intempestiva decisión por parte del gobierno del presidente Uribe, se confirma la más absoluta desprotección en que se encuentran las millones de víctimas del paramilitarismo en Colombia y de su siniestra alianza con el terrorismo de estado. Lo cual igualmente señala que la ley 975, mal llamada de “justicia y paz”, nunca fue un instrumento para producir la real y efectiva administración de justicia en Colombia, para el caso de los más denigrantes y salvajes expedientes de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por el contrario: se trata de una ley de impunidad y legalización de una siniestra alianza de muerte y criminalidad, que hoy ha generado la más grave crisis de ilegitimidad que ha conocido la historia reciente del país.

Queda igualmente ratificado que no hay en Colombia garantías para las víctimas y sus derechos inalienables e imprescriptibles a la justicia, la verdad y la reparación integral, así como a las garantías de no repetición. En tal sentido, hago nuevamente un llamado público a la Corte Penal Internacional, para que conforme a su jurisdicción vigente en Colombia desde noviembre del 2002 y a las facultades que le otorga el Estatuto de Roma, los instrumentos del derecho internacional público en materia de crímenes de lesa humanidad y la Constitución Política de Colombia, intervenga de manera inmediata en nuestro país, para evitar que se imponga en Colombia la más absoluta impunidad en el delito atroz de genocidio, que hoy es de su competencia. Tal como lo hiciera, en junio del 2005, en la plenaria de la Cámara de Representantes, en mi voto negativo a la aprobación de la ley 975 de “justicia y paz”.

De la misma manera, hago un llamado a nombre de mi partido, el Polo Democrático Alternativo, desde la plenaria del Senado de la República, al pueblo colombiano, a las organizaciones de base, a los movimientos sociales, a las instituciones educativas, a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, a la opinión pública nacional, al movimiento campesino, al movimiento sindical, a los ciudadanos y ciudadanas de este país, a movilizarnos de forma inmediata por una Asamblea Nacional Constituyente, la cual es la única salida legítima a crisis sin control de todo el régimen político, encabezado por la administración del presidente Uribe y su bancada en el Congreso de Colombia, que son insolventes, ilegítimos e incapaces de garantizar las más mínimas garantías y derechos fundamentales consagradas en nuestra Constitución Política.

Firmado.

Alexánder López Maya

Senador de la República