Las décadas de abandono estatal y las difíciles condiciones de vida que nos han sido impuestas a los miles de colombianos quienes día a día enfrentamos el conflicto social y armado, nos llevaron a que de manera unánime expresáramos nuestro inconformismo por las políticas públicas que solo benefician al gran capital y van en contra de las mayorías oprimidas del país. De esta manera, las reivindicaciones propias de cada lugar del país fueron apareciendo y posicionaron el Paro Nacional Agrario y Popular de tal manera que puso en la cuerda floja la “buena” imagen del gobierno de turno.

Desde el día 18 de agosto más de mil doscientas personas entre mineros, campesinos e indígenas del Nordeste Antioqueño iniciaron su desplazamiento hacia el casco urbano del municipio de Segovia para hacernos partícipes desde ese escenario de resistencia. En esta ocasión no se dieron a esperar los hostigamientos y persecuciones tanto a líderes como a la comunidad que se encontraba ubicada en el coliseo municipal, donde debido a las diversas formas de amedrentar y hostigar a los manifestantes y sin contar con las garantías necesarias para permanecer allí, nos vimos en la obligación de declararnos en refugio humanitario y trasladarnos al municipio de Barbosa, lugar que con el trascurrir de los días iba congregando a más delegaciones de municipios como Anorí, Taraza, Valdivia, Ituango, Tierralta, Bagre, Nechi y Guamocó, organizadas en la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano, llegando a concentrar a más de tres mil personas. 

Durante la concertación entre los voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) - Antioquia y el gobierno nacional, los campesinos teníamos que afrontar las violentas arremetidas por parte de agentes del Esmad que en compañía de hombres de civil atacaban el campamento de refugio humanitario. Así mismo, se agudizaron los hostigamientos, los reclutamientos forzados, las capturas ilegales, el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de la fuerza pública, vulnerando y violando los Derechos Humanos e infringiendo el Derecho Internacional Humanitario. Así como en Segovia, desde la llegada de las comunidades al municipio de Barbosa, la presencia del Estado se reflejó con la presencia de agentes de la Sijín"

Las necesidades de los campesinos, mineros e indígenas quedaron plasmadas en las exigencias del pliego de peticiones: 1) Garantías para la legítima protesta, 2) Acceso a la propiedad de la tierra, 3) Implementación de medidas frente a la crisis de la producción agraria, 4) Reconocimiento de la territorialidad campesina, zonas de Reserva Campesina, financiación, 5) Participación de las comunidades en formulación de política minera, protección frente a la gran minería, reconocimiento, formalización y respeto de la pequeña y mediana minería, política ambiental minero energética nacional, 6) Reconocimiento del campesinado, 7) Inversión en la población rural en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Exigencias que se trataron mientras se daban las negociaciones en las reuniones adelantadas entre las partes. 

El paro nacional en el campamento de refugio humanitario de Barbosa vivió jornadas de solidaridad, con la llegada de caravanas humanitarias que aportaron alimentos, medicinas, actos culturales y sobre todo calor humano, del mismo modo este escenario de concentración facilitó la construcción del mandato agrario y popular de las comunidades agromineras, se lanzó la constituyente agrominera y se realizó la cumbre agrominera departamental.

Como consecuencia de las acciones de confrontación se convocó a una comisión de verificación de violaciones de derechos humanos, que en su informe evidenció un saldo de tres personas víctimas por disparos de fusil, una víctima con disparo de arma neumática diablo calibre 4.5, cerca de cincuenta personas con heridas leves, más de cuatro mil personas víctimas de afectaciones por uso de gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y dos campesinas que se encontraban en estado de gestación que fueron víctimas del uso indiscriminado de gas lacrimógeno lo que les causo un aborto provocado.

Los centenares de campesinos y mineros que resistimos por más de 40 días iniciamos el retorno a nuestros respectivos territorios después de llegar a algunos acuerdos con el gobierno. Sin embargo posterior al abandono del refugio humanitario se esperaba el complimiento del primer acuerdo que consistía en la indemnización en alimentos para las familias los cuales tenían que suplir un mes de alimentación. Hasta el momento, los campesinos solo han recibido algunos productos de la canasta básica que no suplen las necesidades de una familia, esperamos que esto no se convierta en antecedente del manejo que se vaya a dar a los demás puntos.

Los otros puntos de exigencias se irán abordando periódicamente, esperando sean cumplidos a cabalidad de lo contrario la unidad y el inconformismo se seguirá expresando en cada uno de aquellos que se cansaron de resistir en silencio.