En primer lugar, este año los vientos de agosto llegaron acompañados de la protesta social, aflorada por el ahondamiento de la crisis económica y política que vive el país. No bastaron las parapetadas cifras de superación de la pobreza argumentadas por el presidente Santos, ni su discurso almibarado sobre la paz y la guerra. Al agitado ambiente político electoral, transversalizado por el proceso que el Gobierno viene adelantando con las FARC, se le sumó la más importante expresión de inconformidad social del pueblo colombiano contra el modelo económico neoliberal que se haya realizado en las últimas décadas.

Son las protestas campesinas del Catatumbo, exigiendo que se reconozcan sus territorios como zonas de reserva campesina y contra la erradicación de los cultivos ilícitos vía policiva, las que abren el camino, y que padecieron todas las formas posibles que utiliza el Estado para quebrantar su voluntad. Asaltos, muerte, asedio, hambre, dilaciones, campañas de desprestigio de sus líderes, aislamiento mediático, en fin, fueron más de dos meses en que los campesinos valerosamente resistieron, hasta lograr sentar definitivamente al alto gobierno en la mesa.

Mientras los campesinos del Catatumbo resistían, en el resto de la geografía nacional se comenzó a gestar el paro agrario, convocado desde diferentes organizaciones campesinas, agrarias e indígenas, y de comunidades mineras, las cuales el 19 de agosto y ante el silencio gubernamental frente a sus peticiones, irrumpen en las carreteras y vías troncales del país, en demostración de rebeldía contra los TLC, en defensa de los territorios, contra las transnacionales que saquean los recursos mineros energéticos y en defensa de la producción nacional.

En pocos días, el movimiento se traslada a las ciudades con jornadas y marchas simultáneas, la solidaridad de los sectores urbanos se hace sentir.

Hoy como ayer, la represión no se hizo esperar y la cuota de sangre que el Gobierno cobra a la protesta social es alta: más de 20 personas mueren en diferentes regiones, a manos de la Policía y su cuerpo de asesinos, el Esmad.

A pesar de los intentos del Gobierno por quebrar el movimiento (con la misma estrategia utilizada en el Catatumbo), la fuerza de la lucha de los campesinos, mineros e indígena fue superior, obligándolo a firmar acuerdos y compromisos.

El paro agrario y campesino, iniciado este 19 de agosto, y que se extendió por más de 15 días, sin duda alguna pasará a la historia como un hito memorable de la lucha de clase que, junto a la masacre de trabajadores en la huelga de las bananeras de 1928, al levantamiento popular del 9 de abril de 1948 en protesta por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, a las jornadas de los estudiantes del 8 y 9 de junio de 1954 que desafiaron la dictadura militar de Rojas Pinillas, al paro cívico de 1977 organizado por el movimiento obrero dirigido por la CSTC contra la carestía, o las recientes marchas estudiantiles por la defensa de la educación pública, hacen parte de las acciones valerosas y de resistencia social y política del pueblo colombiano.

No se trata de magnificar o sobredimensionar, desde nuestra perspectiva, este acontecimiento histórico. Se trata más bien de reconocer, en esta etapa, que las luchas proletarias en Colombia, encabezadas esta vez por el campesinado, han concitado el apoyo de las mayorías, logrando reversar (aunque parcialmente) decisiones gubernamentales, generando confianza en las acciones colectivas y de masas. Al incorporarse diferentes sectores del proletariado a la lucha, se demuestra, desde la acción y la práctica, que el camino es el de la unidad y solidaridad de clase, en la búsqueda de la conquista de las libertades políticas y democráticas, por la paz con justicia social.

Segunda parte

Para aproximarnos a un análisis más objetivo sobre los acontecimientos del 19 de agosto, es necesario poner en contexto estas luchas a la luz de las nuevas relaciones capital-trabajo y los cambios acontecidos en su entorno (deslocalización de la producción, nuevas tecnologías, etc.), que transformaron también la forma de pensar, de hacer y actuar de millones de colombianos del campo y la ciudad.

Estamos hablando de generaciones nacidas en la era de la globalización, que crecieron y se hicieron adultos bajo el modelo neoliberal de acumulación capitalista, y que fueron condenados, por un lado, a la precarización laboral y, por el otro, a la dictadura del consumo y la falsa sensación de bienestar (vitrinas llenas, bolsillos vacíos).

La caída del bloque socialista, el triunfo ideológico neoliberal alcanzado a finales del siglo pasado (sin desconocer el papel de la guerra sucia), llevó al paradigma de la lucha de clases a una profunda crisis, afectando las subjetividades colectivas como las expresiones políticas de izquierda, los sindicatos, movimientos cívicos, etc., y a la deconstrucción del sujeto revolucionario transformador que se venía forjando a partir de una dinámica clase obrera.

Sin pretender cerrar este capítulo, y teniendo en cuenta el ascenso de la protesta social, podemos plantearnos que nos encontramos ante una nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país, partiendo de entender que el proceso de acumulación violenta capitalista en el campo en favor de los terratenientes y las transnacionales, la precarización laboral y la caída de la industria han ampliado la base del proletariado con el ingreso de grandes sectores provenientes de las capas medias del campo y la ciudad, generando una masa trabajadora altamente empobrecida.

De otra parte, la restricción a las libertades democráticas, la guerra, el desplazamiento forzado y el tratamiento de orden público a la protesta social han generado el rechazo de vastos sectores de la sociedad, fortaleciendo las diferentes expresiones colectivas de resistencia que claman por la paz con justicia social, y que construyen nuevos canales para la expresión de sus reivindicaciones económicas, sociales, culturales y políticas.

En este contexto, las dinámicas regionales toman un nuevo aire, cuando las reivindicaciones territoriales han cobrando mayor importancia, a partir de la defensa de los recursos naturales y el ambiente, ligando el desarrollo regional a una nueva visión de comunidad y territorio, contrapuesta, en la mayoría de los casos, a las políticas económicas y sociales centralizadas del Gobierno nacional, implicando por tanto una nueva calidad de sus luchas.

Estas subjetividades puestas en escena nos obligan a pensar en cómo avanzar y pasar del umbral de las reivindicaciones económicas hacia espacios más consolidados de la lucha política e ideológica, donde la unidad de las fuerzas sociales en movimiento sea capaz de disputarle el poder y la hegemonía a la clase dominante.

El reto de los movimientos políticos y sociales que se entretejen en su accionar es ahondar en el espectro político en que se libra la lucha social y económica en nuestro país, haciendo del debate por la paz un elemento central y definitorio, ganando a las fuerzas del proletariado para el apoyo a las negociaciones de La Habana.

De igual manera se debe dar al proceso electoral su real importancia, pues la inconformidad social debe ser canalizada por diferentes vías, ante lo cual, y a partir de propiciar espacios de convergencia de la izquierda y los sectores democráticos, se allane el camino hacia un frente amplio, haciendo del proceso de paz con justicia social y de las luchas populares elementos centrales del debate.