Continúan los abusos por parte de los actores armados contra el campesinado de Teorama, Catatumbo, en medio de la escala en el conflicto armado y la crisis humanitaria que se vive en esa zona.

La Asociación Campesina del Catatumbo tuvo conocimiento en el día de ayer de otro grave incidente de seguridad contra campesinos en los alrededores del Aserrío y desea poner en conocimiento los hechos delictivos y violatorios de los Derechos Humanos que llevó a cabo el Ejército Nacional colombiano:

El pasado Lunes 28 de Octubre de 2013 en la finca San Martín de la vereda El Diviso, municipio de Teorama, sobre las 9 de la mañana, el joven Yuber Guerrero Toro, fue abordado por varios miembros del Ejército Nacional cuando se dirigía de su casa al trabajo. Los soldados, sin mediar palabra, le dispararon en dirección a sus pies y posteriormente lo tiraron al piso y lo golpearon duramente. Después le vendaron los ojos y lo desnudaron, dañándole sus prendas de vestir con un machete. Posteriormente le colocaron el machete en el cuello, presuntamente con la intención de degollarlo. En ese momento empezaron a preguntarle al campesino por los diferentes grupos armados que operan en la zona y lo señalaron de guerrillero.

Mientras se realizaba este ilegal interrogatorio, dos soldados empezaron a cavar un hueco para enterrarlo, según afirma el joven.

En ese momento pasaba un arriero por la zona y los soldados lo agarraron también y repitieron el proceso que hicieron con Yuber Guerrero. Los colocaron a los dos juntos y les exigieron nombres completos y números de cédula. Después de un tiempo los soltaron mientras los pateaban y los señalaban a ambos de pertenecer a la insurgencia.

El campesino Yuber Guerrero afirma que el 31 de octubre el teniente Arias del ejército, bajó a su finca desde el filo donde se encuentran apostados, en las proximidades, y le pidió el nombre de las personas que viven en la finca, sin poner en conocimiento de los civiles porqué necesitaba esa información.

La Asociación Campesina del Catatumbo desea expresar su gran preocupación por el rápido deterioro de la situación de orden público, al que contribuyen la insurgencia, los recientemente reaparecidos paramilitares y al que se une, también, el ejército nacional, a través de procedimientos violatorios del DIH y los Derechos Humanos.

Queremos recordar a todos los actores armados que el campesinado es población civil y deben abstenerse de involucrarnos en un conflicto armado del que somos las principales víctimas. Instamos a las partes a finalizar en conflicto armado a través del diálogo y exigimos que se decrete un cese al fuego bilateral indefinido de manera inmediata, para acabar con la grave crisis humanitaria que soporta el país y especialmente nuestra región.

Exigimos al ejército nacional el respeto por la integridad física y mental de nuestro campesinado y que los miembros de la fuerza pública se ajusten a la normativa militar vigente, la ley, la constitución política y la convención de los Derechos Humanos.

Responsabilizamos a los mandos del ejército, al ministro de defensa y al presidente de la República, si la seguridad de los civiles de los alrededores del corregimiento El Aserrío, se viese comprometida. Hacemos un llamado para acabar con la indisciplina en las filas de la tropa, si es que no estuvieran actuando ilegalmente por orden de sus mandos. De la misma manera exigimos que se adelante una investigación urgente y se castigue, según la normativa, a los responsables de los desmanes, abusos y agresiones contra los civiles, que cada vez son más generalizados en el Catatumbo.