El 28 de agosto de 2013, el gobierno nacional a través del entonces director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), firmó un compromiso con el campesinado del Catatumbo para la aplicación de una Estrategia para la Post-Erradicación y Fase Inicial de la Intervención para la Estabilización Socio Económica como parte del Proceso de Sustitución y Desarrollo Alternativo; en este compromiso, se buscaba la reparación de 400 familias víctimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca, durante las fases 2 y 3 de erradicación adelantada en la región por la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT).

En dicho acuerdo, el gobierno nacional se comprometió a ejecutar todas las fases y componentes de la estrategia, a través del DPS, la UNODC y la FAO; sin embargo, el antidemocrático autoritarismo militarista hizo presencia en el acuerdo mediante la intervención de la estrategia de guerra de la Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), aún en contravía de lo pactado, pues, a pesar de que el acuerdo no lo permite, la UACT tomó parte en el proceso.

Cabe resaltar que el acuerdo no contempla la intervención de la UACT, debido a una exigencia explícita del campesinado que en observancia del Principio de Distinción del Derecho Internacional Humanitario; exigió que no le obliguen los civiles a hacerse parte de una estrategia de guerra, como la de la PNCT, como un prerrequisito para poder obtener la satisfacción de sus derechos constitucionales. En su momento el campesinado denunció en la MIA su rechazo a que se “amarrara” el cumplimiento de la obligación constitucional del Estado de hacer intervenciones de política social en el campo, al “aseguramiento” militar a sangre y fuego del territorio y, por lo tanto, se rechazó enmarcar los acuerdos dentro del cumplimiento de las estrategias de la PNCT.

Sin embargo, la inconstitucional pretensión de militarizar las políticas de desarrollo rural, condujo al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional; las primeras irregularidades fueron denunciadas por campesinas y campesinos que desde el 4 de octubre escribimos un comunicado rechazando la intervención de la UACT en la “estrategia para la post-erradicación” en general y en particular en el componente de monitoreo integral a cargo de la UNODC.

Desde octubre hasta diciembre, la Ascamcat exigió del gobierno nacional el cumplimiento integro del acuerdo y el respeto de los acuerdos de Ginebra en materia de DIH; para lo cuál se solicitó que el DPS y la UNODC asumieran los roles y las competencias que el acuerdo les otorgaba.

Ahora, a un par de días de la fecha de entrega del primer componente de la estrategia, a las familias victimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca, el gobierno nacional haciendo gala de su acostumbrada intransigencia; pretende hacer que los campesinos y las campesinas firmemos un acta donde se pacte con la UACT el cumplimiento de nuestros los constitucionales que como campesinos y como victimas tenemos. Esta pretensión es a todas luces es desleal pues contraría lo pactado.

Esta jugarreta del gobierno impide que 400 víctimas de la violencia y el despojo que conlleva la erradicación forzosa de los cultivos de coca, reciban en esta navidad el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una política pública guerrerista y desmedida. Por ende y en consonancia con lo indicado por las comunidades en la misiva del 4 de octubre, tanto las actividades propuestas para los días 17 y 18 de diciembre, como la aplicación de la estrategia en general se aplaza hasta que el gobierno se decida a cumplir con lo pactado y a respetar la distinción entre combatientes y civiles, entre política de desarrollo rural y política de guerra.

Si el gobierno no cumple con lo pactado las comunidades no cederemos ante la militarización de la vida civil y, por ende, no daremos lugar para que nuestros derechos se vuelvan moneda de cambio en la estrategia bélica del Estado.

San José de Cúcuta, 16 de diciembre de 2013.