Corporación Caguán Vive
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Denuncia pública
Paramilitares amenazan a defensores de derechos humanos en Huila y Caquetá
Corporación Caguán Vive / Lunes 10 de febrero de 2014
 

El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos “Obsurdh” y la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos “Caguán Vive” denuncian ante la opinión pública:

El día 24 de enero de 2014, en las instalaciones de la Cámara de Comercio en la ciudad de Pitalito, departamento del Huila, ambas organizaciones lideraron el desarrollo de la audiencia pública por la verdad denominada “Falsos positivos en el sur de Colombia: en el camino de la impunidad”, donde participaron 300 personas en su mayoría víctimas de ejecuciones extrajudiciales, principalmente de los departamentos del Huila y Caquetá. En el marco de la preparación y ejecución de esta audiencia se presentaron los siguientes hechos que ponen en riesgo inminente tanto a las víctimas de este tipo de crimen de estado como a las organizaciones convocantes y participantes:

Hechos

1. El día 24 de enero de 2014, siendo las 5:45 am, Mayerly Paredes, representante en la Mesa Nacional de Víctimas por el departamento de Huila, habitante del municipio de La Plata, se dirigía hacia la ciudad de Pitalito para participar en la audiencia pública sobre falsos positivos, iba pasando por el municipio de Tarquí, cuando al cerrar su paso con una motocicleta se acercaron dos hombres, que los hicieron bajar de la moto en que se transportaba con su esposo, y le pusieron a ella un revólver en la cabeza, donde le dijeron que "si iba a Pitalito de sapa, que era mejor que se devolviera, si no quería que le pasara algo a ella y al esposo".

Los hombres se identificaron como miembros de las Águilas Negras.

2. Durante la semana del 20 al 24 de enero a las víctimas y a líderes defensores de derechos humanos de los municipios de Isnos (Huila) y de las veredas El Palmar y El Obando del municipio de San Agustín (Huila) les hicieron llamadas telefónicas donde les decían que no asistieran a la audiencia sobre falsos positivos. Estas amenazas las realizaron a nombre de las Águilas Negras, grupo que en abril de 2013 amenaza por medio de panfletos a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en la misma localidad.

3. El 2 de enero de 2014, a la casa del defensor de derechos humanos Luis Realpe en el municipio de Isnos llegaron personas desconocidas en una moto de alto cilindraje de color rojo, vestidos de civil, preguntaron por él y le dijeron que no continuara con las labores de promoción de derechos humanos ni de convocatoria de la audiencia pública.

4. El 23 de diciembre de 2013 a las 8:30 am, llegaron dos personas en moto de alto cilindraje, con pasamontañas y casco cerrado, a la vereda El Pedregal del municipio de Salado Blanco (Huila), donde preguntaron por Edna Rocío Pinto Serrato, líder de jóvenes en la mesa departamental de víctimas. Una vez ella se identificó fue agredida físicamente, le manifestaron que ellos eran quienes venían amenazándola por vía telefónica, y que venían de parte de las Águilas Negras, que le daban cinco minutos para que se fuera de Salado Blanco.

Desde ese instante se desplazó junto a su grupo familiar. En su nuevo sitio de residencia no ha recibido ningún tipo de asistencia humanitaria por parte de la Unidad de Víctimas ni de las autoridades locales.

Antecedentes

1. El día 21 de enero de 2014, La Corporación Caguán Vive, la Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán UNIOS y funcionarios de la alcaldía popular de San Vicente del Caguán, incluyendo el alcalde municipal Domingo Emilio Pérez, son amenazados por el grupo paramilitar Águilas Negras “Guerreros del Yarí”, donde son proferidas amenazas de muerte y un ultimátum de 48 horas para abandonar la región situación que se presenta tres días antes de la audiencia.

2. La audiencia pública denominada “Falsos positivos en el sur de Colombia: en el camino de la impunidad” se realizó con el objetivo de visibilizar la lucha de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de los departamentos del Huila y Caquetá por alcanzar el goce efectivo de sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Los procesos jurídicos, especialmente los penales, a pesar de que llevan años reposando en los archivos de los agentes de justicia, en su mayoría no han salido de su etapa preliminar, y muchos de ellos nunca salieron de Justicia Penal Militar y allí fueron archivados.

3. La lucha de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en el sur del país en contra de la impunidad está siendo silenciada y llevada al anonimato. El estado colombiano como responsable directo de las ejecuciones extrajudiciales intentó, con el artículo 4 transitorio del acto legislativo del 27 de diciembre de 2012, abrir caminos para que todos estos delitos propiciados por el gobierno nacional sean juzgados por miembros activos y en retiro de las fuerzas militares, o sea que la misma institución que tenía entre sus filas a los victimarios fuera quien determinara el acceso a la justicia para las víctimas.

Pero esta posibilidad con la declaratoria de la Corte sólo ha quedado congelada ya que el gobierno nacional no tardó en expresar su interés en presentar nuevamente la reforma.

Exigimos

- A las instituciones del Ministerio Público, a las secretarías de Gobierno municipales y departamentales, a la Unidad Nacional de Protección la adopción de las medidas pertinentes, para impedir cualquier hecho de agresión sobre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, los líderes de víctimas, y los defensores de derechos humanos de los departamentos del Huila y Caquetá, especialmente del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia, y la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive.

- A la comunidad nacional, internacional y defensores de DDHH a estar alertas frente a cualquier otro hecho intimidatorio o violento que por el contexto de inminente riesgo afecte la vida, libertad, debido proceso, derecho a la paz, a la libertad de expresión y asociación, de todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, los líderes de víctimas y los defensores de derechos humanos de los departamentos del Huila y Caquetá, especialmente del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia, y la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive.