El día lunes 24 de marzo de 2014, en el Municipio de Yondó – Antioquia siendo las 4:00 p.m, en un puesto de control instalado por la Policía Nacional, el agente de policía, patrullero Giovanni Amaya Cruz solicitó los documentos de los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección, esquema de seguridad que le fue entregado a Carlos Morales, en calidad de coordinador y representante legal de CAHUCOPANA.

Los escoltas accedieron a la entrega de los documentos y se identificaron como escoltas de la Unidad Nacional de Protección, a lo cual el señor Amaya manifestó desconocer este programa del Gobierno Nacional, varias cosas para señalar y denunciar en este procedimiento:

1. El patrullero Amaya en forma grosera, altanera y prepotente, se dirigió a los escoltas y al compañero Carlos Morales, aduciendo desconocer el programa de Unidad Nacional de Protección.

2. Ubican un puesto de control en una vía transitada sin las respectivas señales de tránsito y de Policía.

Es grave e inadmisible que en una zona de orden público y de alta presencia de grupos armados ilegales, se instalen puestos de control por parte de la policía sin las respectivas señales que identifiquen el mismo.

3. El patrullero se refirió a los escoltas y a Carlos Morales, como personas “antipolicías”, según él por no prestar colaboración, cuando desde el inicio del procedimiento los escoltas y el líder, se identificaron plenamente, con sus documentos de identidad y los respectivos carnets que los acreditan como pertenecientes a la Unidad de nacional de Protección.

CAHUCOPANA denuncia estos hechos como casos sistemáticos con los cuales se busca impedir que las comunidades y en este caso los líderes campesinos cumplan con sus labores de defensa, denuncia y visibilización de lo que sucede en los territorios.

De la misma manera nos preocupa que siendo La Unidad Nacional de Protección un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promoción de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad de personas o colectivos, los miembros de la fuerza pública desconozcan dicho organismo y omitan las recomendaciones para el trato que se le deben dar a las personas que cuentan con el esquema de seguridad.

Mientras tanto con el argumento de desconocer el programa, se seguirá atropellando en forma abierta y flagrante a las personas defensoras de derechos humanos y a quienes han sido asignadas como escoltas.
Es necesario denunciar que con estas conductas se viola de forma evidente los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, como son: el derecho a la igualdad artículo 13, derecho a la libertad de locomoción artículo 28 y derecho a la libertad de asociación artículo 38.

Antecedentes

El día 20 de febrero a las 9:00 pm, en la vía que de la ciudad de Medellín conduce al municipio de Remedios (Antioquia), a la altura del municipio de Copacabana, Autopista Norte, fue retenido por agentes de la Policía Nacional el dirigente campesino Carlos Arturo Morales Mayorga quien se movilizaba acompañando por el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección. El escolta señor Juan Guillermo Rojo e igualmente lo acompañaba el señor Melkin Castrillón, líder de la Asociación Campesina del Valle del río cimitarra ACVC.

Todos se identificaron como es debido con sus respectivos documentos de identidad, ante la solicitud hecha por los agentes de policía y pese a esta identificación fueron trasladados por los agentes a la estación de policía de Copacabana, departamento de Antioquia, donde fueron recibidos y atendidos por el teniente Alexander Saad Herrera a quien también se le identificaron este al darse cuenta de quienes eran, alzó la voz y comenzó a tratarlos mal, pues palabras más, palabras menos, les dijo “esos hijueputas se creen intocables”