No obstante el enorme castigo que es estar privado de la libertad, los detenidos en las cárceles del país tienen que enfrentarse al más alto grado de indolencia, abandono y olvido.

El buen trato se ha reemplazado por la humillación. Ya no hay buena alimentación, al punto que muchas veces la comida ha causado intoxicaciones y ni que decir de la atención médica de calidad y oportuna, que no existe para los reclusos, menos aun si son presos políticos. Trasgredir los derechos que tienen los prisioneros se ha convertido en arma letal para exterminarles.

Ramón Emilio Mallarino, detenido en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, falleció el pasado 17 de marzo por falta de atención médica. Así lo informó la ONG Lazos de Dignidad.

Según la información obtenida, desde el pasado 2 de marzo Mallarino había presentado síntomas de enfermedad grave como vómito de sangre, temblores y no podía ingerir alimentos, motivo por el cual fue necesario llevarlo al área de sanidad, sin ningún resultado positivo para su salud.

La guardia del penal trasladó nuevamente al prisionero a la torre 1, en donde otros reclusos observaron cómo el enfermo fue tirado al suelo sin ninguna consideración, sin tener en cuenta su grave condición de salud y sin atención médica adecuada.

Ante semejante acto de falta de compasión varios de los reclusos protestaron, exigiendo atención médica y protección a la vida del enfermo, pero estos reclamos no fueron atendidos. Ramón Emilio Mallarino falleció sin conocer la enfermedad que lo aquejaba, pero sí conoció el sufrimiento y la indolencia de quienes pudieron ayudarle y no lo hicieron.

Según la Fundación Lazos de Dignidad, gracias a la cual se conoció la tragedia de este hombre detenido en Cómbita, al omitir la atención médica adecuada y oportuna, el Estado ha vulnerado la dignidad humana y los derechos fundamentales a la integridad personal y a la vida.

Infortunadamente estos casos son constantes y no forman parte de las noticias de los grandes medios de comunicación.

En febrero de este año, debido a la negligencia institucional, el interno Jaime Humberto Aroca Ducuara, quien estaba recluido en la cárcel de Villavicencio, falleció en la soledad de su celda, sin siquiera un viso de solidaridad por parte de la guardia.

El año pasado en el mes de octubre Gilberto García Cardona, otro detenido en la Picota, falleció en similares circunstancias cuando presentó un preinfarto pero la atención fue displicente y tardía. Además, en este caso quedó clara la falta de infraestructura para atención médica de urgencia, la falta de ascensores y de médicos.

Otra muerte ocurrió en la cárcel Doña Juana en La Dorada (Caldas) el 23 de julio del año anterior, también por falta de atención médica.

Al cierre de esta edición los presos de la cárcel de Palo Gordo en el municipio de Girón, en el departamento de Santander, adelantaban una jornada de desobediencia pacífica, con el objetivo de llamar la atención sobre la crisis humanitaria que se vive en las cárceles del país por problemas de hacinamiento, salud, poca salida laboral y falta de respuestas oportunas por parte de los jueces de ejecución de penas para otorgar los beneficios dados en la ley 1709 de 2014. Lo propio informaron los detenidos de Cómbita, quienes denunciaron que no pueden ni recibir a su familia, pues están reseñando a los menores de edad.

A pesar de las leyes existentes que protegen a los colombianos, especialmente a los privados de la libertad, ya que están bajo la responsabilidad del Estado, a pesar de que la Constitución Política de Colombia protege la dignidad humana, prohíbe los tratos crueles e inhumanos, y a pesar de que existe un bloque de constitucionalidad (artículos 93 y 94) en relación con los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito Colombia, que la obligan a proteger la dignidad, vida e integridad personal de todos, lo cierto es que si no hay compasión, solidaridad, respeto y sentido humanitario, es como si ninguna ley existiera.