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En El Quimbo "estamos secuestrados por Emgesa y la justicia no llega"
 

El Domingo de Ramos, 13 de abril de 2014, mientras los cristianos conmemoraban la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, la guardia privada de seguridad de Emgesa, protectora del Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, retuvo a 8 campesinos desde las 5:30 p.m hasta las 11 p.m. en la finca La Victoria cuando regresaban de la Vereda Rodapasos, contigua a la vereda la Honda del Municipio de Gigante Huila Colombia.

La guardia se les atravesó impidiendo el paso por la Guaya del río Magdalena, bajo la amenaza de ser agredidos por perros amaestrados que esperaban la orden de un sujeto identificado como Otoniel si decidían continuar libremente por el lugar donde siempre han cruzado para acceder a sus predios.

Después de exigir el derecho a la movilidad, a las 11 de la noche, aturdidos por reiterados insultos, se “autorizó” por parte de un celador de apellido Vanegas continuar el paso bajo la condición de entregarle a cambio un racimo de plátanos, según lo narró una señora cuyo nombre nos reservamos para proteger su integridad. Ella denunció en la Oficina de Emgesa en Gigante lo ocurrido y la respuesta se limitó a que le devolverían los plátanos.

Asoquimbo, a través de su página http://www.quimbo.com.co/2014/04/estamos-secuestrados-por-emgesa.html, denunció la atrocidad narrada por Darlys Botello Hernandez, una mujer campesina, poseedora de un predio en Rodapasos, que ha sido ocupado por Emgesa Enel Endesa, sin el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental otorgada a la empresa.

Los “secuestrados por Emgesa” claman justicia que cada vez les ha sido negada por el Estado, favoreciendo a las transnacionales, mientras incuantificables recursos del erario público se invierten en sostener entes burocráticos como la Defensoría del Pueblo, La Procuraduría, La Contraloría General de la República, La Fiscalía, Tribunales, el Programa presidencial para los Derechos Humanos, las Personerías, entre otras.

Es evidente que les asiste toda la razón si tenemos en cuenta los siguientes antecedentes:

1.- El 23 de agosto de 2012, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, anunció con amplia difusión periodística[1] ¨la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos, comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma¨. Dos años después, no se conocen los resultados del proceso, aunque se presume de las presiones ejercidas por Emgesa y el Gobierno para impedir que se afecte “la confianza inversionista”.

2.- - La Fiscalia, noticia criminal No. 410016000584201200105, averigua por los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. En reciente visita a la entidad, por líderes del Movimiento Ríos Vivos, lograron percibir “que funcionarios responsables de la investigación, después de 2 años, aún no han logrado caracterizar la naturaleza de los daños por supuesta inexperiencia en el tratamiento de estos casos”.

3.- Asoquimbo, solicitó, mediante Recurso de Apelación, a la SALA DISCIPLINARIA de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION revocar el auto de archivo definitivo, del 17 de enero de 2014, y ordenar al Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa continuar con la investigación disciplinaria contra las funcionarias JULIA MIRANDA LONDOÑO y DIANA MARCELA ZAPATA PÉREZ, Ministra del Medio Ambiente y Jefa de la Oficina de Licencias Ambientales, responsables del otorgamiento de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

4.- La Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito de Neiva y La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con el aval de las Corporaciones Autónomas Regionales del Río Magdalena “CORMAGDALENA” y del Alto Magdalena “CAM”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA”, la Alcaldía y la Dirección de Justicia Municipal de Paicol y la Procuraduría Ambiental y Agraria del Huila, decidieron “negar por improcedente el amparo en la acción de tutela instaurada por Álvaro Lizcano Rodríguez, -miembro de Asoquimbo-, contra EMGESA S.A. E.S.P. y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Corte Constitucional decidió revocar los fallos proferidos en primera y segunda instancias y conceder al actor el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al trabajo”. Además, ordenó a Emgesa la elaboración de un nuevo censo respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los habitantes de la zona”. Emgesa, viene dilatando el censo, “socializando” una propuesta contra los postulados de la Sentencia y negando la participación efectiva de los afectados, con el silencio cómplice del Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

5.- El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, envió una Comisión de Funcionarios para inspeccionar las obras de El Quimbo, con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país”. Dos años después no se conoce el Informe de la Comisión ni la búsqueda de espacios para escuchar las demandas de las comunidades. Además, el Alcalde Petro no se ha pronunciado sobre quiénes son los "CACAOS" o accionistas preferenciales privados de la Empresa de Energía de Bogotá que hacen parte de Emgesa y del negocio del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Más grave aún. La Empresa de Energía de Bogotá, en respuesta a nuestra petición del Informe de la Comisión, dirigida al Señor Alcalde de Bogotá, expresa que “el informe elaborado por ésta es de carácter privado y confidencial”.

6.- El 5 de diciembre de 2013 “Asoquimbo” presentó de nuevo una denuncia a las autoridades Nacionales solicitando “se investigue directamente en la Zona del Quimbo, si la extracción de hallazgo Arqueológicos, cerca al Cerro de Matambo, Gigante Huila, se viene realizando conforme a las normas y protocolos establecidas para tal efecto”. El ICANH se limita a expresar que en la Zona existen dos arqueólogos contratados por Emgesa que no han reportado ninguna información al respecto.

Asoquimbo, le reitera a la Contralora y al Fiscal General de la Nación, la solicitud de audiencia para ampliar la información sobre los graves daños causados al Patrimonio de la Nación y a las comunidades por parte de Emgesa y ante la imperiosa necesidad de conocer los resultados de las investigaciones y las medidas cautelares para evitar que se continúen destruyendo nuestros ecosistemas, la actividad productiva, la Seguridad Alimentaria, los Proyectos de vida de las comunidades y el saqueo de los bienes públicos. Y por supuesto para que nuestros campesinos puedan transitar libremente por sus territorios si aún nos queda algo de soberanía.

“EL MOVIMIENTO Y EL TERRITORIO SON VIDA”

Notas:

[1] http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/entrevista-de-yamid-amat-a-la-contralora-sandra-morelli_12303681-4