Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

FARC suspenderán diálogo si gobierno colombiano se resiste a comisión de la verdad
Andes / Jueves 1ro de mayo de 2014
 

El proceso de paz con las FARC quedará suspendido si el gobierno colombiano se niega a conformar una comisión que investigue el origen del conflicto y pretenda montar un “tribunal de Núremberg” para juzgar a la guerrilla, advirtieron negociadores rebeldes en una entrevista con Andes, en la que descartaron firmar un acuerdo que envíe a la cárcel a sus dirigentes.

“Si no hay avance en esta comisión, ahí paran los diálogos”, notificó el negociador Andrés París en La Habana, sede de las conversaciones emprendidas en noviembre de 2012 para poner fin a una guerra que comenzó hace medio siglo como reflejo de la violencia de los partidos políticos tradicionales Liberal y Conservador.

Es la primera vez que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) advierten con la posibilidad de levantarse de la mesa, si bien el proceso vivió un conato de crisis en agosto de 2013 por diferencias sobre el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo.

“Están preparando su base mediática para mostrarnos en el punto de víctimas como los responsables de 600.000 o 700.000 colombianos muertos y desparecidos a lo largo de esta guerra desde 1948”, agregó París, señalando que las FARC surgieron más tarde, en 1964, “como respuesta a la violencia estatal” expresada en un ataque militar contra una colonia de campesinos comunistas alzados en armas en el poblado de Marquetalia (centro).

Para el portavoz insurgente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos intenta convertir la mesa de negociación de La Habana en un “tribunal de Núremberg para juzgar guerrilleros”, en alusión a los procesos que se siguieron contra los nazis tras la segunda guerra mundial.

Por ello, agregó, es necesario que aflore la verdad sobre preguntas como “quién inicio el conflicto y quién tiene la mayor responsabilidad”.

Las FARC -la principal guerrilla colombiana- propusieron dicho comité en agosto de 2013 aduciendo que es un paso clave para abordar el quinto punto de la agenda, sobre las víctimas, que estiman “definitorio”.

Las partes aún discuten el tercer ítem, de un total de seis, relativo a la solución del problema de las drogas ilícitas, tras lograr consensos “parciales” en los de desarrollo rural y participación política. Las otras cuestiones son abandono de las armas y el instrumento para validar un futuro pacto, que la guerrilla exige que sea una asamblea constituyente, en contraposición al referendo que propone Santos.

El tema de las víctimas lo “vamos a enfrentar con todo el peso de la responsabilidad que le cabe al establecimiento y la responsabilidad que le quepa a la insurgencia”, indicó el también negociador Fidel Rondón, quien cuestionó un estudio del Centro de Memoria Histórica, conformado en 2005, por considerar que muestra a las guerrillas como únicos victimarios y deja indemnes por ejemplo a los partidos y la Iglesia católica.

Esa investigación, difundida el año pasado, contabilizó 220.000 asesinatos, 25.007 desaparecidos, 27.023 secuestrados y 5,7 millones de desplazados entre 1958 y 2012.

El gobierno respalda la comisión planteada por las FARC, pero quiere que sea integrada tras el desarme del grupo, que según las autoridades cuenta con unos 8.000 combatientes, aunque éste asegura que la cifra es superior.

No a un acuerdo que implique cárcel

Las FARC descartaron por otra parte firmar un acuerdo de paz que implique la prisión para sus comandantes, condenados en ausencia por múltiples crímenes, incluidos de lesa humanidad que no prescriben.

“No van a encontrar a las FARC suscribiendo el fin del conflicto y viendo a sus dirigentes en la cárcel. Yo he caminado libremente desde la frontera ecuatoriana a las fronteras brasileña, venezolana, y nadie me ha capturado. ¿Vamos a renunciar a esa libertad que nos da nuestra capacidad militar para terminar encarcelados?”, cuestionó París, un licenciado en ciencias sociales que se alistó en las FARC hace tres décadas.

Santos sacó adelante una reforma constitucional que permite la suspensión de las penas a los rebeldes que se desmovilicen y su participación en política, pero al avalar este mecanismo de justicia transicional la Corte Constitucional aclaró que para aplicarlo se deberá investigar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática e imputar a sus máximos responsables.

“Es necesario construir normas de tránsito de la confrontación armada a la participación política, pero esa juridicidad debe emanar de la mesa, no de tratados internacionales que vienen imponiéndose como concepto en este mundo unipolar”, afirmó París, subrayando que el grupo no puede aceptar normas de sometimiento porque “no ha sido derrotado”.

“Se pueden inventar muchas leyes que pueden impedir el acuerdo, pero la solución del conflicto es política”, remarcó.

“Santos utiliza el diálogo para su reelección”

Los negociadores acusaron en tanto a Santos de utilizar el diálogo de paz para impulsar su campaña por la reelección en los comicios del próximo 25 de mayo, de cara a los cuales el mandatario de centroderecha lidera las encuestas pero sin una ventaja clara.

“Se ve en ese optimismo rampante del presidente de utilizar la mesa de diálogo para su reelección. No tenemos compromisos electorales con ningún candidato, pensamos que el proceso de paz es mucho más importante, trasciende en el tiempo y en los anhelos de los colombianos”, afirmó París, mientras que Rondón expresó que las FARC están dispuestas a seguir negociando con cualquiera de los aspirantes que resulte ganador.

“Nuestro candidato será la asamblea nacional constituyente que tendrá que ser el mecanismo refrendatorio de los acuerdos para el fin de conflicto y una paz duradera”, enfatizó París.

Preparados por igual para la política o la guerra

A poco de cumplir 50 años de lucha contra el Estado, el 27 de mayo, las FARC aseguran estar preparadas para convertirse en un movimiento político, pero también para continuar una guerra que deja además miles de lisiados y en medio de la cual han sufrido los peores golpes en los últimos años.

“Estamos en condiciones de arrancar al establecimiento soluciones políticas si es que toca, o estamos en condiciones de prolongar la lucha guerrillera por tiempo indefinido si no se llega a acuerdos sustanciales que traigan la paz con justicia social”, manifestó Rondón, un exconcejal de la Unión Patriótica que se refugió en la guerrilla en medio del exterminio, en los años 1980, de unos 3.000 militantes de ese partido por parte de paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado.