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La descomposición inevitable de la clase política colombiana
Adelaida Nikolayeva / Jueves 8 de mayo de 2014
 
Foto: Agencia Prensa Rural 10 años via photopin cc

La corrupción y decadencia de la clase dominante la arrastra inevitablemente, como una hidra de varias cabezas, a su descomposición y de paso empuja al país a un profundo abismo de incertidumbre, zozobra y violencia.

La catarata de acusaciones y escándalos vergonzosos por medio de la cual dos facciones de la clase dominante se destrozan dejando al desnudo la realidad política del país y su pusilánime condición de clase, no atiende ya al talante que la distinguió en algún momento de la historia republicana desde que detenta el poder.

La guerra sucia desatada a pocos días de la campaña presidencial y las acusaciones mutuas de corrupción, hackers, chuzadas, crímenes de estado, alianzas con narcos y parapolíticos son una manifestación clara de la decadencia en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, sin excepciones. ¿Qué otra cosa distinta indican los escándalos con que a diario despierta el país?

Al tiempo que la oligarquía y sus instituciones se hunden en la decadencia, la corrupción y la ilegitimidad, un estado de incertidumbre e intranquilidad reina en la sociedad. Bajo este enrarecido ambiente, un peligro real se cierne sobre un asunto fundamental para la vida de los pueblos como es la paz, que debe entenderse como un deber moral, ético y el principal objetivo político y constitucional de una sociedad como la nuestra que ha vivido en estado de guerra por más de cincuenta años. Y solo hay dos vías para ponerle fin: sostenerla hasta que uno de los contendientes sea completamente vencido, lo cual se ha demostrado irrealizable, o ponerle fin por medio del diálogo político y la concertación.

La lucha ideológica en el país se da entre quienes están por la solución política del conflicto armado a través del diálogo, y quienes están en contra y apuestan por la prolongación de la guerra. La coyuntura política que atravesamos la completa la crisis económica y social del agro que tiene al campesinado, las comunidades indígenas y afrodescendientes en las calles y campos protestando y movilizándose por sus derechos y justa reclamación a través de un pliego de peticiones que no ha sido resuelto, a pesar de las promesas y diálogo entre los voceros del campesinado y del gobierno.

En medio de las diferentes contradicciones sociales, no se puede perder de vista que los objetivos estratégicos de la derecha son dos: preservar el poder y mantener de manera imperante los intereses políticos y económicos que representa; y contener el avance de la izquierda y el movimiento nacional por la paz con justicia social, que cada vez es más fuerte e irrumpe como alternativa de poder y salida a la profunda crisis política y social en que se encuentra sumida la sociedad por quienes la han gobernado los últimos dos siglos.

Esos dos objetivos estratégicos identifican a la derecha colombiana, sea santista o uribista. La diferencia estriba en que unos piensan (santismo) que la defensa del poder y sus intereses se logra estableciendo un diálogo con la insurgencia que lleve al fin del conflicto armado, y por esa vía contener el avance del movimiento popular a través de una apertura democrática; y quienes por el contrario sostienen (uribismo) que el conflicto armado termina cuando el enemigo sea vencido en el campo de batalla por medio de la guerra contrainsurgente, guerra que aplican por igual a la oposición política para exterminarla, tal y como lo han venido haciendo por décadas.

Esa es la gran diferencia entre el santismo y el uribismo, ambas facciones de derecha que hoy se despedazan a punta de escándalos mediáticos y acusaciones tratando de sacar ventaja cada uno, en plena campaña por la presidencia.

A esta puja obedecen la seguidilla de escándalos de corrupción y guerra sucia que enloda a la clase dirigente colombiana. Tal y como lo expresa un editorial de El Tiempo, cuando señala el peligro hacia el que avanza la sociedad, a propósito de la última columna de opinión de un avezado populista de derecha Fernando Londoño, quien ostenta el honor de haber adquirido fraudulentamente en 1996 un paquete de acciones que Ecopetrol poseía en Invercolsa. Este uribista acérrimo y exministro de Estado escribió en su última columna, antes de renunciar ante la contraofensiva de los Santos y dueños del diario, una diatriba de acusaciones de corrupción, ilegalidad y traición a todo lo que huela a Santos, que El Tiempo no dudó en responder afirmando:

“Debido a ello, sea este el momento de hacer un llamado para que los diferentes aspirantes en contienda se comprometan públicamente con unos parámetros de comportamiento, los cuales deben comenzar con el respeto al adversario. De lo contrario, corremos el peligro de revivir las páginas más oscuras de nuestra historia, las mismas que solo dejaron como balance estelas de horror y sangre. No menos ejemplarizante debería ser lo sucedido en Venezuela, cuyas clases dirigentes se trenzaron en una lucha caníbal que permitió el surgimiento de causas populistas, cuyo balance dista de ser positivo”.

Es innegable el temor de la oligarquía de perder sus privilegios y el poder, de no actuar a tiempo y “corregir” sus modales. Una muestra de ello se presentó esta semana en Medellín cuando la MIA (Mesa de Interlocución y Acuerdo) y la Coordinadora Agrominera de Marcha Patriótica le solicitaron al alcalde Aníbal Gaviria las instalaciones del coliseo Iván de Bedout en el Estadio, para alojar 1.500 campesinos que venían a protestar ante el incumplimiento de los acuerdos con la gobernación sobre el pliego del paro agrario del año pasado y acogiendo las decisiones de la Cumbre Agraria de Bogotá del pasado marzo, que llama a la movilización y paro agrario y popular por el pliego único de ocho puntos que acordaron presentar al gobierno nacional.

La respuesta de la alcaldía fue recibir a tres de los voceros de la MIA y la Coordinadora Agrominera con un consejo de seguridad que negó el permiso y amenazó con disolver por medio de la fuerza militar y de policía cualquier intento de manifestación o arribo de las delegaciones campesina a la ciudad. Por eso afirmamos: si el anuncio de la llegada de 1.500 campesinos los aterra a tal punto de bloquear militarmente las salidas y entradas de la ciudad, ¿cómo fuera entonces una toma campesina y popular masiva de la ciudad?

Otro acontecimiento que se inscribe en este contexto fue la renuncia en las toldas de Santos de un personaje como J.J. Rendón, asesor de campañas presidenciales y experto en guerra sucia a través de medios de comunicación, en engañar, mentir y manipular la veracidad de los hechos para obtener fines políticos. Sobre este nefasto personaje conocen bastante en la República Bolivariana de Venezuela, porque ha sido un enemigo declarado del proceso y los cambios democráticos que emprendió aquel país desde la llegada de Hugo Chávez al poder.

Aquí en Colombia fue primero asesor y amigo cercano del uribismo, y hoy del santismo del que ha sido expulsado por su oscuro papel en la pérdida de 12 millones de dólares de la mafia que buscaba por su intermedio un acuerdo con el gobierno de Santos para entregarse a la Justicia y negociar su situación jurídica [1].

Un socio suyo y también consejero de la derecha colombiana, tanto la uribista como la santista, Germán Chica, quien desempeñaba el cargo de presidente de la Federación de Gobernadores, también se vio obligado a renunciar después de que Javier Serna, alias ´Comba´, dijo a las autoridades que él y otros narcos habían pagado 12 millones de dólares para que J.J. Rendón llevara al alto gobierno de Santos una propuesta para ellos desmovilizarse y entregar a sus hombres y las rutas de tráfico de drogas. Dinero que, según declaraciones de los narcos en las cárceles en Estados Unidos, se perdió y alguno de los dos debe saber dónde está o qué se hizo con el.

En el enfrentamiento entre las dos facciones de derecha por el poder del Estado, se destaca por su agresividad y carencia de escrúpulos el uribismo y su pupilo candidato Óscar Iván Zuluaga, quienes hacen hasta lo imposible por volver al poder y recuperar la presidencia, y así sabotear la mesa de diálogos por la paz de La Habana.

Ese es el sentido del último escándalo: las chuzadas de un hacker y fascista como Andrés Fernando Sepúlveda, quien se mofa de trinar: “Me gusta el olor a muerte”, “La guerra es la manera más romántica de comprobar de solucionar nuestros problemas”, “Matar es un arte que no admite sutilezas”, “Grande Uribe”, “Nelson Mandela, un peligroso comunista menos”. O los de su esposa Lina Luna, quien escribe perlas como estas: “Nos disfrazaron la entrega al Castro-Chavismo en un proceso de paz. ¿Hasta cuando le vamos a seguir la cuerda a Santos y sus camaradas?” [2].

Sabotear los diálogos de paz, retornar al poder del Estado y contener el avance de la oposición que se expresa en el paro agrario y popular, en el crecimiento de los movimientos sociales como Marcha Patriótica, y sobre todo en la apatía de un pueblo que empieza a verlo todo con desconfianza, que ya no cree en el régimen político y el modelo económico neoliberal responsable de los TLC, la masiva pobreza, exclusión social y ruina del campo; modelo de sociedad sobre el que la decadente oligarquía ha cabalgado durante siglos arruinando y sacrificando la vida de millones de colombianos, la riqueza del país, la soberanía y la esperanza en un futuro de paz con justicia social.

Ni Santos, ni Zuluaga, ni Peñalosa, ni Marta Lucía Ramírez, descendientes de una clase corrupta y en decadencia representa los intereses del pueblo colombiano, gane quien gane la presidencia. Ninguno encarna la necesidad del cambio radical y en todos los órdenes que Colombia reclama.

Al estado de corrupción y decadencia que carcome a Colombia a cuenta de la oligarquía, lo acompaña ahora la protesta de un pueblo que se viene expresando en la lucha social y popular en las calles; es a este nuevo sujeto rebelde al que verdaderamente teme el poder.