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Cundinamarca en la feria del petróleo
Nelson Viloria / Lunes 2 de junio de 2014
 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) tiene dividido el territorio colombiano a través de bloques (porción de terreno, área del subsuelo, que el gobierno colombiano sede a través de contrato a una empresa petrolera) y son entregados a las empresas nacionales, como Ecopetrol, pero sobre todo a las empresas transnacionales.

Al 7 de marzo de 2014 el territorio colombiano está dividido en 812 bloques; 521 ya distribuidos entre las distintas empresas petroleras transnacionales y nacionales en exploración, explotación y producción y 291bloques disponibles, esperando ser devorados por las empresas transnacionales. De éstos, en el 2014, para la Ronda Colombia, están en la mira 65 bloques y 6 bloques de áreas de reservas. Quedan entonces 220 bloques para los servicios del gran capital transnacional.

Existen 123 empresas petroleras que tienen bajo su control esos 521 bloques con un área de cuarenta y seis millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y siete punto cinco (46.853.597,52) hectáreas. Las 291 bloque disponibles, corresponden a 33.250.801,5 hectáreas. Es decir, el área total del país destinada hasta hoy para la explotación petrolera es de 80.104.399,02 hectáreas.

La utilización del territorio colombiano, los usos del suelo, no está destinada a la producción de alimentos, sino al servicio de las transnacionales petroleras, para este caso.

Cundinamarca en la mira

Las 15 provincias de Cundinamarca están siendo afectadas por la política de la locomotora minero-energética. Las zonas rurales de Bogotá están para la feria en la Ronda 2014. Existen tres bloques de incorporación de exploración y explotación petrolera, ubicada en las provincias de Gualivá y Río Negro. Áreas de exploración, se tienen 13 bloques, ubicados en las Provincias de Sumapaz, Tequendama, Soacha, Alto Magdalena, Magdalena Centro, Bajo Magdalena, Rionegro, Ubaté, Almeida, Medina y el Guavio. Áreas disponibles, 14 bloques, ubicados en las Provincias de Sabana de Occidente, Sabana Centro, Almeidas, Rionegro, Gualivá y Guavio. Las áreas de negociación 2014, para las provincias de Sabana Occidente y Sabana Centro y Sumapaz. Las actuales áreas de producción petrolera se encuentran en las Provincias de Bajo Magdalena y Alto Magdalena.

Transnacional ADA

En la Ronda Colombia, OPEN ROUND 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburo (ANH) hace un convenio con la empresa transnacional AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES PTY LTD SUCURSAL COLOMBIA, conocida en Cundinamarca como ADA. Se firma contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos E&P 42, de 16 de marzo de 2011. El área total otorgada es de 76.719 ha con 2.889 m2. Dicha área es conocida como Bloque COR 4 (COR: Cordillera Oriental).

La empresa petrolera trasnacional australiana realizará sus actividades en 12 municipios de cuatro (4) provincias del departamento de Cundinamarca. Provincia del Tequendama: Anapoima, Mesitas de El Colegio y Viotá. Provincia del Alto Magdalena: Nilo. Provincia de Soacha: Sibaté y Soacha. Provincia de Sumapaz: Arbeláez, Fusagasugá, Granada, Pasca, Silvania, Tibacuy.

El contrato con la ADA, sólo se dio a conocer en septiembre de 2013, para los municipios de Fusagasugá y Pasca. Hoy se encuentra en la clandestinidad para los municipios restantes. Es decir, las autoridades municipales y el conjunto de las comunidades desconocen la existencia de dicho contrato. Está determinado cinco (5) veredas para el municipio de Pasca y 17 veredas para el municipio de Fusagasugá. Hoy no se sabe cuántas veredas serían afectadas por el accionar de la transnacional australiana ADA.

Este contrato va acompañado de sísmica de veinte (20) kilómetros y perforaciones de once (11) kilómetros.

Atentado criminal

A manera de ejemplo, en Viotá, que en Chibcha significa tierras de aguas vivas o cultivos, que es la principal riqueza y única esperanza para los campesinos en el proceso de producción de alimentos, se encuentra amenazado. A la provincia de Sumapaz, fuente de aguas para los llanos orientales, el Distrito Capital y el centro del país, le va a recaer un nuevo atentado criminal contra el agua, la flora y la fauna de la región y el buen vivir de las comunidades campesinas ligadas a la producción de alimentos.

Las explotaciones minero-energéticas legales, ligadas a las grandes empresas trasnacionales, vienen trayendo tras de sí, una oleada de muerte, desolación, destrucción de la economía campesina, contribuyen al calentamiento global, atenta contra la cultura campesina, el paramilitarismo, un incremento de las responsabilidades municipales, entre muchas otras.

Autonomía de las comunidades

La política de los regalos a las transnacionales, es decir las regalías, deben acabarse. El sesenta por ciento (60%) de la producción minero-energética deben ser del Estado. A los veinte años de explotación, todas las infraestructuras minero-energéticas pasarían al Estado. La autorización de las licencias para la explotación minero energética, serían licencia social ambiental, que darían las comunidades y no la ANLA (Agencia Nacional de Licencia Ambiental). Los territorios rurales campesinos tienen que ser declaradas como Zonas de Reservas Campesinas y Zonas Campesina de Producción de Alimentos, entre otras, donde las políticas públicas estén dirigidas al buen vivir de los campesinos y de los sectores populares de los centros urbanos.