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Por fumigaciones mueren 25 niños en Vichada
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el directamente responsable de esas muertes
Camilo Raigozo / Miércoles 13 de agosto de 2008
 

Al menos 25 infantes indígenas han muerto por hambre en Cumaribo (Vichada), causada por las devastaciones de las fumigaciones aéreas con glifosato sobre cultivos alimenticios ordenadas por el presidente Uribe, informó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Según la Consultoría, quedan confirmadas las denuncias hechas por esa comunidad en abril pasado por intermedio del gobernador indígena, Cantalicio Monroy, quién advirtió que las consecuencias de reanudar las fumigaciones serían catastróficas. El gobierno pasó por alto las súplicas y condenó a muerte por hambre a numerosas personas principalmente niños.

“A pesar de varios requerimientos hechos por una comisión de esa comunidad en abril pasado a entidades como la Defensoría del Pueblo y Acción Social para gestionar la no reanudación de las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, esta comenzó en abril con los mismos efectos nocivos para la comunidad: daño de los cultivos de pancoger y afectación económica.

“El resultado, una nueva hambruna que cobra las vidas de 25 niños y tiene en grave emergencia a esa comunidad, sitiada por una selva inhóspita de la que sólo se puede salir en días de verano, cuando baja el caudal de los ríos y caños que la rodean”, dice en su información la ONG.

“La carta enviada en abril relataba cómo en 2007 las fumigaciones produjeron una terrible hambruna de la que los habitantes de Cumaribo sólo pudieron escapar en enero pasado cuando el verano les permitió a cerca de cinco mil personas salir desplazadas hacia la capital, Puerto Carreño y la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

“En esa misiva los miembros de la comunidad Barranco Siare anunciaron lo que pasaría si el gobierno continuaba fumigando. La consecuencia de la fumigación, además de la devastación en los cultivos sería la contaminación de las fuentes de agua como el río Uvá y sus afluentes, afectando especialmente la salud de niños y madres gestantes.

“La comunidad solicitó también conformar una comisión interinstitucional que viajara a la zona para conocer de primera mano la problemática y mediar con el gobierno para encontrar soluciones urgentes. Pero nada pasó y las consecuencias están saliendo a flote.

“Pero la respuesta es la misma y hoy a pesar de que hay 25 menores muertos, las entidades del estado y organismos humanitarios aseguran que las dificultades del terreno y los escasos medios de transporte no permiten llegar a la zona”, relató Codhes.