Fondo Nacional Agropecuario: Beneficio para la economía campesina
Desde el movimiento campesino se ha planteado la necesidad de crear un fondo nacional agropecuario para la economía campesina que siente las bases de un modelo de desarrollo rural para la justicia social en el campo y la ciudad, y que se empiece a desmontar el modelo neoliberal rural.
/ Domingo 15 de junio de 2014
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El año 2013 quedará para la historia como el de la lucha del campo por cambios democráticos y las reformas hacia un nuevo modelo de desarrollo rural. Las movilizaciones no sólo fueron de campesinos, sino además de los indígenas, afrodescendientes, mineros, defensores del medio ambiente y de los recursos naturales y variados sectores populares, con un elemento importante: la solidaridad de vastos sectores urbanos.
Partimos de las políticas establecidas en el Consenso de Washington y las teorías neoinstitucionalistas, que inciden en el mundo rural. La apertura económica de los años 90 sentó las bases para los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Las instituciones agropecuarias que comenzaron a desmontarse fueron: Himat y el Inderena en 1993; luego el Idema en 1997; seguido de la Caja Agraria en 1999; finalizando, en los ocho años del gobierno de Uribe, con: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Incora en el 2003 y la Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT) en el 2009.
En contraste, el bloque de poder dominante bendice la Bolsa Nacional Agropecuaria; crea Finagro en 1990, la Corporación Colombiana Internacional en 1992, el Banco Agrario de Colombia en 1999, el Incoder en el 2003, entre otros, que favorecen a los sectores empresariales del campo y del capital transnacional.
Todo lo anterior, ligado al despojo estatal y paramilitar de la tierra de los campesinos, la locomotora minero-energética, la extranjerización de la tierra, los biocombustibles, el endeudamiento de los campesinos, los recursos estatales para la producción a favor de las grandes empresas transnacionales y nacionales, y la ausencia de las políticas sociales, entre otras, han conducido a la crisis de la economía campesina y a las movilizaciones de los trabajadores del campo del año anterior, que aún no terminan.
Desde la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA), la Cumbre Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, y varios sectores democráticos, han planteado la necesidad de crear un fondo nacional agropecuario para la economía campesina, que siente las bases de un modelo de desarrollo rural para la justicia social en el campo y la ciudad y que se empiece a desmontar el modelo neoliberal rural a favor de la transnacionalización del capital.
Para que exista justicia social rural y en favor de las poblaciones más pobres de los centros urbanos, el Estado debe, por lo menos, establecer:
Al hablar de campesinos, estamos refiriéndonos a lo contemplado en el artículo primero de la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos que hace trámite en la Organización de Naciones Unidas.