Aunque en teoría su legitimidad nunca ha estado en duda, la reciente decisión de la Corte Constitucional de avalar las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), llegó en un momento oportuno para dejar atrás cualquier sospecha o duda sobre una figura que tiene múltiples contradictores, pero que es considerada por los campesinos como un avance en sus procesos de organización.

El tema se ha tornado tan álgido que en 2013 mantuvo enfrentados a campesinos y Gobierno Nacional en un paro que duró más de 50 días y que se convirtió en una de las reclamaciones de la delegación de las Farc en la mesa de conversaciones instalada en La Habana.

Al final, quedó incluido como uno de los apartes del primer punto acordado entre las comisiones negociadoras, relacionado con la política agraria, aunque no se conoce en detalle cómo sería tratado si se llega a un la firma de la paz.

En medio del tire y afloje, la Corte decidió avalar los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley 160 de 1994, que regulan la creación de las Zonas de Reserva Campesina y fijan una serie de criterios para su conformación y delimitación. La decisión fue mayoritaria y bien recibida por varios sectores.

Sin embargo, las opiniones en contra tampoco se hicieron esperar, en especial aquellas que siguen insistiendo en que estos espacios sugieren una ventaja para los grupos guerrilleros, lo que ha calentado nuevamente el debate sobre la verdadera legitimidad de las mismas.

Por eso, para el presidente de la Fundación Cultura Democrática y actual integrante del Centro de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga, el pronunciamiento de la Corte es vital para rechazar estigmatizaciones por parte de sectores políticos que pueden afectar a los campesinos.

“No hay duda, desde el punto de vista de la legitimidad, y es absolutamente ridículo y desinformado que se le venga a atribuir a las Zonas de Reserva Campesina a una opinión reciente de las Farc. Eso es esconder la propia realidad legal y constitucional y es injusto, estigmatizador e indignante que se venga a hacer una especie de señalamiento de la guerrilla que solo quiere ver por sus derechos”, manifestó.

En ese sentido, lo que plantea Villarraga es la necesidad, primero, de quitar un estigma a unos espacios que buscan en principio preservar una economía campesina, la protección del medio ambiente y un modelo distinto al de los grandes latifundios.

Algo similar considera el integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Juan Carlos Quintero, para quien es indudable que hay ataques en contra de la figura de las Zonas de Reserva.

“Las Zonas de Reserva Campesina han recibido una serie de ataques mediáticos, jurídicos, que han impedido un avance importante para los miles y miles de campesinos que soñamos con que nuestros territorios sean reconocidos por esa figura. Era una maniobra muy peligrosa que buscaba que esa conquista que nosotros hemos logrado se fuera al traste”, dijo.

Vía libre para las nuevas

Actualmente en Colombia existen seis ZRC ubicadas en Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo). En trámite están otras siete zonas y ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se han radicado varias solicitudes más, como la del Catatumbo, en Norte de Santander.

En ese sentido, el integrante del Centro de Memoria Histórica cree que el pronunciamiento de la Corte Constitucional crea un ambiente favorable para la constitución de nuevas zonas toda vez que ratifica su legalidad.

Por su parte, para la integrante de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo, el fallo del alto tribunal es también una contribución a la lucha campesina que ha venido exigiendo el cumplimiento de la Ley.

“No es como dice alguno de esos políticos, que son ‘republiquetas independientes’. Si todo esto contribuye a ir quitando las distorsiones sobre lo que está pasando en la mesa de La Habana, ojalá (el fallo) sirva para ayudarnos a entender mejor para dónde va toda esta reforma de la tierra”, manifestó la congresista de la Alianza Verde.

Gobierno tiene sus reparos

Pero a pesar de que el tema no ha sido ajeno al mismo Gobierno y que el acuerdo sobre el primer punto del proceso de paz lo contempla, los peros a la constitución de las ZRC también han provenido desde este sector.

Así, por ejemplo, tras conocerse la decisión de la Corte, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, manifestó en una reciente visita a Cúcuta, que para el Gobierno no es una prioridad la conformación de una nueva Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo.

En diálogo con La Opinión, Lizarralde aseguró que tras hacer una evaluación de las ZRC existentes, se encontró que hay extrema pobreza y poco desarrollo. “Entonces, todo lo que plantea la ley sobre el funcionamiento de una reserva campesina hay que empezar a hacerlo en las zonas existentes, antes de pensar en unas nuevas. De modo que la Zona de Reserva del Catatumbo no es prioridad para el Gobierno”, declaró.

Ante esta realidad, Ángel Torres, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), consideró que frente al tema ha hecho falta voluntad política pues, en su criterio, la posición del Gobierno Nacional ha sido la de estigmatizar las zonas y negarles los recursos que necesitan y que por ley se deben conceder.

“No se está cumpliendo la ley. Las Zonas de Reserva deben tener presupuestos anuales del Gobierno”, señaló Torres, quien además consideró que el tema no se está debatiendo ni apoyando por ser parte de los puntos de discusión en Cuba.

“Los trabajos que se están haciendo en La Habana no los conocemos. Eso está allá, se han mandado propuestas y las comunidades no sabemos qué se ha adelantado. El Gobierno nos tiene estancados porque eso se está tratando en la mesa y no se puede supeditar el trabajo en las zonas a lo que pasa allá”, sostuvo.

Lo cierto es que si bien las ZRC cuentan con el respaldo de una ley que les dio vía libre, buena parte de su futuro se juega en la mesa de diálogos de La Habana, puesto que a juicio de algunos, son muchos los papeles que podrían tener ante un eventual acuerdo de paz.

La academia ha mencionado la posibilidad de que se conviertan en una estrategia de reintegración social de desmovilizados y hasta para servir de terreno productivo trabajado por ellos. Pero, hasta ahora, no se sabe quién tendrá la última palabra.

Los indígenas

Ahora bien, un asunto que no puede faltar es la reclamación indígena, precisamente porque la demanda que estudió la Corte Constitucional buscaba tumbar los artículos de la Ley 160 de 1994, por no haber sido consultados previamente por estas comunidades.

La demanda presentada por el ciudadano Edwar Álvarez Bacca aseguraba que los indígenas resultaron afectados por la Ley por incitar a la colonización en territorios ancestrales de grupos étnicos, afectando su mínimo vital. La acción fue acompañada por la Organización Nacional Indígena, tras estimar que podrían estar en riesgo sus comunidades ante una eventual reclamación de tierras tras un acuerdo de paz con las Farc.

De hecho, en su concepto, el procurador Alejandro Ordóñez había solicitado tumbar los artículos asegurando que sí se estaba afectando, “en forma directa y específica, a los pueblos indígenas y tribales en cuyos territorios se ha constituido o puedan llegar a constituirse Zonas de Reserva Campesina”.

Ante el debate, la Corte zanjó la discusión señalando que, en adelante, si hay comunidades indígenas en territorios que pretendan incluirse en una ZRC, se deberá hacer consulta previa.