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La paz no pasa por la militarización del campo colombiano
Catatumbo, Refugio Humanitario de Mesitas - Hacarí
Agencia Prensa Rural / Miércoles 23 de julio de 2014
 

Desde Bogotá hasta el municipio de Hacarí en Norte de Santander hay una distancia de 693 kilómetros, de los cuales una gran parte de la carretera no es más que piedras, tierra y mucha arena y polvo, sobre todo en el trayecto que se dirige de éste municipio hasta donde y desde el 24 de junio del presente año, se instaló el Refugio Humanitario de Mesitas, en el Municipio de Hacarí. El campamento surgió como una iniciativa de paz, como un clamor del pueblo del Catatumbo que rechaza de manera contundente las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en su contra. Desde enero del presente año se vienen presentando un sinnúmero de bombardeos, ametrallamientos indiscriminados dirigidos hacia la población civil, torturas, desplazamiento y detenciones arbitrarias; accionares que han dejado como saldo, daños al medio ambiente, a las fuentes hídricas y a la propiedad privada de decenas de campesinos y campesinas, así como el lamentable asesinato de un bebé de 8 meses en el corregimiento Aserrío – municipio de Teorama, de un líder comunitario en Convención, de un campesino en El Tarra y de una niña de 8 años en Hacarí, producto de un disparo de fusil en la cabeza.

Esta grave crisis humanitaria se intensificó en los últimos meses, por lo que más de 100 familias campesinas se mantuvieron amparadas en el Refugio Humanitario de Mesitas - Hacarí para proteger sus vidas de los enfrentamientos que incrementaron cuatro meses atrás entre las Fuerzas Militares (Policía y Ejército Nacional), y guerrilleros de las FARC, el ELN y el EPL que operan en esta zona del Catatumbo. Vale recalcar que no son solo acciones de un bando contra el otro. El 17 de julio, mismo día de la llegada de la caravana humanitaria a Mesitas - Hacarí, se registraron ametrallamientos indiscriminados contra la población civil en la vereda Villa Nueva, ubicada muy cerca de la zona del Refugio Humanitario. Hechos vinculados a la Policía Nacional, y que dejaron huella en casas con más de 50 impactos de bala en los techos de zinc y los ladrillos huecos que erigen las paredes de los hogares, una mujer herida, robos de cuantiosas sumas de dinero –alrededor de 100 millones de pesos en total-, ropa y joyas, así como montajes judiciales a los campesinos víctimas de este accionar estatal (Ver: prensarural.org/spip/spip.php?article14642).

Al Campamento por la Vida, la Dignidad y la Permanencia en el Territorio llegaron comisiones de salud, comunicaciones, educación y derechos humanos, los cuales durante los dos días que duró el acompañamiento, se realizaron talleres en sus áreas específicas para fortalecer el proceso y brindar herramientas a los y las campesinas del lugar, que a diario ven sus derechos fundamentales vulnerados y atropellados por los diferentes actores armados que confluyen en la región.

Según comentan los habitantes de esta zona, y del Catatumbo en general, el conflicto se ha acrecentado recientemente. Sin embargo las causas no son las que muestran los medios hegemónicos: la coca y la presencia de actores armados al margen de la ley. Las causas reales del conflicto en el Catatumbo son la abundancia de bienes comunes, mal llamados recursos naturales, con los que cuenta el suelo de la región, como el carbón, cobre, plomo, coltán, uranio y petróleo en sus profundidades y del que brotan alimentos como café, cacao, pimentón, cebolla, maíz, yuca y plátano, además de las innumerables fuentes hídricas que posee este territorio. Son los intereses de las multinacionales lo que ha llevado a la implementación de una serie de acciones militares en contra de la población con el fin de desplazar las familias allí asentadas y poder disponer libremente de las grandes fuentes de bienes comunes que se encuentran a simple vista en estas mágicas y maravillosas tierras.

El informe de la comisión de derechos humanos da cuenta de este accionar, ya que se recibieron un total de 244 denuncias, de las cuales se resaltan las infracciones al DIH, afirmando que se llevaron a cabo 143 bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, 43 de los cuales ocurrieron en la vereda Villanueva. Dentro de estos hechos y como consecuencia del daño colateral o el actuar posterior de la fuerza pública, se encuentran dentro de estas denuncias, hechos de desplazamiento, homicidio, daño en bien ajeno, lesiones personales con secuelas físicas y psicológicas, las cuales dan cuenta de que se encuentran menores y personas de la tercera edad, aborto, tortura, daños al medio ambiente y a los cultivos de los campesinos y 7 acantonamientos y ocupaciones en sitios protegidos por el DIH. Entre las violaciones a los DDHH encontramos 8 casos de tortura, 2 de hurto y daño en bien ajeno, 2 capturas ilegales, 1 allanamiento ilegal, 3 casos de desaparición forzada, 19 de desplazamiento forzado, 14 intimidaciones, amenazas y señalamientos y 1 caso de proselitismo político por miembros de la fuerza pública.

Lo anterior evidencia la puesta práctica de una política sistemática y generalizada en la que los aparatos represivos del Estado y en particular la Fuerza Pública actúan como verdaderos ejércitos de ocupación en territorios de conflicto aplicando la nefasta política de tierra arrasada proscrita de del Derecho Internacional Humanitario.

Los más de 3.000 participantes de la acción humanitaria, entre los cuales, se encuentran las delegaciones de los 10 municipios del Catatumbo, de más de 100 Juntas de Acción Comunal, de 41 organizaciones sociales, de las autoridades locales como la de los alcaldes de San Calixto, Hacarí y el Tarra; además de los personeros municipales de Hacarí, El Tarra, Teorama y San Calixto organizados en la Asociación de Personeros del Catatumbo expresan el producto de este espacio de trabajo y deliberación, sus participantes y acompañantes, exigimos al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales, regionales y a los organismos de investigación, control y vigilancia:

1-Cesar de manera inmediata las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y velar por la protección a la población civil, enmarcado en los principios constitucionales amparados en el bloque de constitucionalidad exigiendo el debido respeto y el cumplimiento de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales y que no se siga utilizando a la población civil como escudo por parte de los diversos actores que hacen parte en conflicto armado interno que vive la región.

2-Que la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación investiguen, individualicen y sancionen a los responsables de los hechos denunciados en la región para que cese la ola de amenazas, persecuciones, señalamientos, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos y ametrallamientos indiscriminados y en general el terror que atenta contra la integridad física y psicológica de los campesinos del Catatumbo, principalmente los daños causados a los niños con el fin de superar la grave crisis humanitaria y que hechos como los acá denunciados no ocurran nunca más.

3-Que el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para garantizar el respeto a la vida, la integridad y demás derechos humanos de quienes optan por la organización social, en especial a los miembros y dirigentes de ASCAMCAT.

Se exige además el cese bilateral de hostilidades y las acciones contra la población civil, recordando que la construcción de paz no pasa por la militarización del campo, sino por cambios estructurales que permitan garantizar los derechos fundamentales, económicos, sociales culturales y políticos de todos y todas las colombianas.

Exigimos se constituya la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, como figura importante para el desarrollo de la economía campesina y agraria inicialmente en el polígono de Tibú, la cual ya ha surtido todos los trámites administrativos para ello, así como al nuevo Congreso y en especial a la comisión de Derechos Humanos y Paz que convoque a un debate de control político sobre el comportamiento de la fuerza pública y sus efectos humanitarios en la región del Catatumbo.

Solicitamos a la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular que convoque de manera urgente una comisión de verificación que cuente con la participación del Gobierno Nacional, departamental y municipal, los organismos de control y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el fin de hacer un seguimiento permanente a la situación de Derechos Humanos (o DDHH) y realizar acciones contundentes que eviten que se sigan presentando las graves violaciones de derechos humanos (DDHH) e infracciones al DIH; así como al Sistema de Naciones Unidas una verificación del comportamiento de la Fuerza Pública y el seguimiento a la situación de DDHH y DIH en la región del Catatumbo.

Alianza de Medios Nacional

Galería Fotográfica:
www.flickr.com/photos/114982336@N05/sets/72157645449752258/

Galería fotográfica del Colectivo Simón Rodríguez de la Organización Conciencia Crítica: https://www.facebook.com/colectivojuvenil.simonrodriguez.7/media_set?set=a.1476178682629202.1073741837.100007112529841&type=1