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Mirador
Y los otros ¿qué?
Carlos A. Lozano Guillén / Miércoles 10 de septiembre de 2008
 

El jueves 4 de septiembre pasado, un fiscal de derechos humanos ordenó la captura del general Rito Alejo del Río por haber colaborado en varios de los crímenes de las llamadas AUC en Urabá, en la década de los años 90, precisamente cuando Álvaro Uribe Vélez se desempeñó como gobernador de Antioquia y pretendió legalizar el paramilitarismo con el disfraz de las cooperativas “Convivir”. El general había sido exonerado por el anterior fiscal y hoy embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, en escandalosa decisión, después de destituir a Pedro Díaz, director de la Unidad de Derechos Humanos y quien ahora declara que el militar no sólo debe ser llamado a indagatoria sino condenado por sus crímenes en la zona bananera.

Pero el general Rito Alejo del Río no actuó solo en Urabá. Contó con la complicidad del gobernador Álvaro Uribe Vélez, quien fue, a propósito, el principal orador en el homenaje que la ultraderecha le rindió en el Hotel Tequendama de Bogotá, después de abandonar el departamento de Antioquia, donde los trabajadores lo apodaban el “Carnicero de Urabá”. Ojalá éste proceso sea el comienzo del fin de la impunidad de los crímenes contra la izquierda, en particular la Unión Patriótica y el Partido Comunista, que fueron aniquilados en la zona. Todos los que instigaron el exterminio deben responder, así como los que lo justificaron –y todavía lo justifican- como es el caso del vicepresidente Francisco Santos Calderón.

Precisamente, este oscuro personaje del gobierno uribista, es el mismo que fue acusado por Salvatore Mancuso de instigar la creación del Bloque Capital de las AUC, responsable de múltiples crímenes en Bogotá, aunque la Fiscalía lo absolvió en la indagación preliminar, porque Santos en su condición de periodista y representante de las víctimas en País Libre podía tener contacto con estos grupos irregulares al servicio de la guerra sucia contra la izquierda y las organizaciones populares.

También es el mismo que el 3 de agosto de 2004 salió a justificar el asesinato de tres sindicalistas, Jorge Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Sarmiento, en Arauca, con la falacia de que se trataba de miembros del ELN. Fueron presentados como “muertos en combate”, para legalizar el crimen atroz. Ahora, la Procuraduría General de la Nación destituyó al coronel Luis F. Medina C., quien comandaba la acción, y demostró que los muertos eran sindicalistas inermes. La pregunta es: ¿Cuándo responderán ante la justicia los gobernantes y funcionarios del alto gobierno que apoyaron esta masacre y los crímenes de lesa humanidad? No quedará más alternativa que llevar las denuncias del caso a la Corte Penal Internacional.