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Con la lámpara de Diógenes
Que responda el Estado
No nos oponemos al desarrollo económico que se pueda lograr con recursos de la minería, pero tampoco se pueden rifar los recursos naturales, la vida de los compatriotas y todo sistema ecológico nacional en la disyuntiva: oro o selva; oro o ríos, oro o vida; petróleo o sangre.
Rubén Darío Arroyo Osorio / Jueves 2 de octubre de 2014
 

Durante varios meses el territorio nacional padeció un drástico período de sequías. Hubo alarma entre los sectores del campesinado e incluso entre los grandes propietarios de tierras y ganados. El Estado a través de sus agencias meteorológicas, apoyado en “exhaustivos estudios”, pregonó que sólo llovería en el mes de marzo del 2015. Hubo campañas de “solidaridad” con algunas zonas, como La Guajira. Aquí traían agua envasada de Antioquia y de otros puntos del país, aunque mucha de esa agua donada por empresas privadas y “personas de buen corazón” se perdió, literalmente fue derramada porque la gestión burocrática no alcanzó a gestionar su entrega al destino previsto.

En varias zonas rurales hubo incendios, algunos provocados. El gobierno aseguró en agosto y septiembre que hasta ahora se había padecido el inicio de la temporada seca, que el fenómeno del Niño nos afectaría más en marzo del año entrante. ¿Cómo explican ahora que a finales de septiembre y principios de octubre, por lo menos en la Costa Caribe, incluyendo La Guajira, las precipitaciones no se hicieron esperar? Ahora llegarán las inundaciones por el desborde de quebradas, arroyos y ríos. ¿Y los estudios de pronósticos del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales del Ideam qué dicen ahora?

Si recordamos que las causas de la sequía no obedecen sólo a fenómenos del cambiante estado meteorológico, debemos enfatizar que las prácticas de la minería ilegal, que contamina ríos y aguas profundas, mantienen herido nuestro territorio. Igualmente las exploraciones y explotaciones de minas en gran escala por las multinacionales, por ejemplo, en el Casanare, en el Valle del Cauca, en el parque Yaigojé Apaporis en la selva amazónica, La Colosa en el Tolima, Marmato en Caldas, la Drummond en el Cesar y Santa Marta, los proyectos hoteleros al interior de la Sierra Nevada de Santa Marta, y Cerro Matoso en Córdoba.

Según estudios, el sector minero-energético aumentó su participación en el PIB del 2% al 11% entre 1975 y 2012 y la inversión extranjera en el sector extractivo pasó del 14% en 1994 al 55% en el 2014. No nos oponemos al desarrollo económico que se pueda lograr con recursos de la minería, pero tampoco se pueden rifar los recursos naturales, la vida de los compatriotas y todo sistema ecológico nacional en la disyuntiva: oro o selva; oro o ríos, oro o vida; petróleo o sangre. El Estado debe responder por una política económica extractiva de un desarrollo sostenible donde se privilegia la vida y la dignidad humana sin entregar sus recursos naturales a los inversionistas extranjeros.