El Movimiento por la Defensa de los Territorios y la Vida y ASOQUIMBO, alertan a las respectivas instituciones por los desalojos por parte de la Polícia Nacional -ESMAD- de personas afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que se encuentran desde el 01 de noviembre en protesta Pacífica en seis lugares de ingreso a las obras, entre ellas, La Jagua, Jagualito, el puente El Balseadero entre Garzón y El Agrado, en el departamento del Huila.

Los afectados reclaman el cumplimiento de la Sentencia T-135/13 de la Corte
Constitucional, en la que se ordenó a Emgesa (Filial de ENEL y ENDESA), adelantar un nuevo censo de afectados que fue ratificado por el auto 142 de 2014 de la misma Corte.

En la T-135 también exige a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la
Procuraduría Regional garantizar este proceso; no obstante los afectados denuncian DESACATO al vencerse el plazo estipulado de seis meses por la Corte y al negar la participación informada y efectiva de las víctimas en todo el proceso.1

Al respecto, la Contraloría General de la República estableció 14 hallazgos
administrativos, que demuestran la gravedad de los impactos económicos, sociales, ambientales, culturales y de riesgos por fallas geotécnicas debido a las irregularidades en el proceso de licenciamiento del proyecto. Hasta el momento ninguna Autoridad se ha pronunciado sobre la investigación de la CGR.2

Por esta razón, siendo un asunto de interés nacional y social, solicitamos a cada uno de ustedes pronunciarse sobre el mismo, para optar por medidas que conduzcan a la garantía de los derechos de los afectados, de la naturaleza, y de los intereses de la nación, incluso en términos económicos. (Esta solicitidud se ampara el art. 23 de la constitución política de Colombia y el Art. 5 del contencioso administrativo).

Por otra parte, el Movimiento Rios Vivos en la Audiencia celebrada el lunes 27 de octubre de 2014, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 153o Periodo de Sesiones, Washington D.C., solicitó reconocer el desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” como una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida y la cual es una de las razones por las cuales las comunidades hoy se encuentran protestando pacíficamente en el Huila.

Por esta razón, Asoquimbo y El Movimiento Ríos Vivos solicitan la intervención de sus instituciones para impedir la continuidad de las acciones de desalojo de los afectados que pone en riesgo su integridad física y dado que debieron acudir a las acciones de resistencia civil pacífica exigiendo el cumplimiento de la Sentencia T-135/13, alertando sobre los graves riesgos contra el Patrimonio Nacional de no suspender las obras del Quimbo. Además, de las familias de los pescadores artesanales de los Municipios de Hobo y Campoalegre contra quienes Emgesa ha solicitado mediante amparo policivo el desalojo de su hábitat natural donde realizan su actividad protegida por la Ley como de utilidad pública y de todos los procesos de expropiación anticipada de

Por esta razón, siendo un asunto de bienes de propietarios y poseedores sin el cumplimiento de la restitución de la actividad productiva establecida en la Licencia Ambiental.

Se solicita también instalar de inmediato una Mesa Nacional para abordar la problemática generada por la construcción del P.H El Quimbo, la garantía de los Derechos Humanos, el cumplimiento de lo dictaminado por la Corte Constitucional y la apertura del diálogo sobre la necesidad de replantear la política minero energética del país.

Sírvase responder por escrito a la Cra 27A # 24 – 10 piso 2 en Bogotá D.C.

Notas:

1 Para mayor informacion consultar: http://millerdussan.blogia.com/2014/042101-emgesa-
desacata-sentencia-de-la-corte-constitucional-de-colombia.php

2 Para mayor informacion consultar: http://millerdussan.blogia.com/2014/100801-contraloria-
revelo-hallazgos-que-comprometen-a-la-anla-en-licenciamiento-de-hidr.php