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Paz territorial sí, pero, ¿cómo? La propuesta de las Zonas de Reserva Campesina
Artículo publicado en la edición número 83 de la revista Cien Días del Centro de Investigación y Educación Popular – Programa Por la Paz (CINEP/PPP)
Pablo Andrés Durán Chaparro / Viernes 28 de noviembre de 2014
 

Presentación de la propuesta programática de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina como una iniciativa agraria de paz. Análisis de esta propuesta en el marco de dos escenarios de importancia nacional: el proceso de paz con las Farc-EP y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Respuesta a la pregunta sobre qué representan las Zonas de Reserva Campesina de cara a la perspectiva de la paz territorial y qué tipo de tensiones crea frente a otras propuestas de paz territorial y desarrollo rural.

Introducción

El capítulo XIII de la ley 160 de 1994 sentó las bases constitucionales para que en Colombia se pudieran establecer Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Luego de varios decenios de lucha por la tierra, los campesinos colombianos, especialmente los colonos, vieron materializadas con esta ley sus demandas de acceso a la tierra, de desarrollo rural y de formalización y estabilización de su propiedad. A lo largo de estos años, muchos de ellos han visto en la figura de las ZRC, no solo la posibilidad de permanecer en su territorio sino también la puerta de entrada a una reforma agraria estructural que, además de garantizar el acceso a la tierra, permita la producción campesina del territorio en sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Veinte años después de la Ley 160, el actual proceso de paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, ha vuelto a poner el foco de atención sobre esta figura. Sin embargo, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) ha insistido en sostener que el tema de las Zonas de Reserva Campesina no puede estar amarrado exclusivamente al proceso de paz. El gobierno, por su parte, ha dicho que respalda las actuales zonas y las que están por venir, aunque en la práctica este apoyo no se haya evidenciado en una ruta de financiamiento clara para ellas o en el levantamiento de lo que es visto por los campesinos como un veto institucional a la constitución de varias de ellas.

Recientemente, el país asistió a la emergencia de un movimiento social unitario sin precedentes en el campo colombiano: la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Mientras el movimiento social construye desde allí su propuesta agraria a partir de la unidad, el gobierno nacional hace lo propio y, a través de proyectos de ley como el de baldíos (presentado a la Cámara de Representantes el 3 de octubre del presente año), pone en evidencia su modelo de desarrollo rural, que sin duda haría parte de su derrotero de políticas públicas para la paz territorial.

En este contexto vale la pena preguntar: ¿qué representan las Zonas de Reserva Campesina en el marco del actual proceso de paz, y específicamente frente a la perspectiva de la paz territorial? ¿Por qué es importante el escenario de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para la construcción de la paz? Y ¿cuáles son las tensiones, con relación a la paz territorial, entre propuestas de desarrollo rural como la de las Zonas de Reserva Campesina y la de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico?

Propuesta programática para la paz

En el III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que se llevó a cabo los días 22 y 23 de marzo de 2013 en San Vicente del Caguán (Caquetá), la Anzorc presentó a la sociedad colombiana y a las partes de la mesa de conversaciones de La Habana su propuesta programática para la paz de Colombia (Anzorc, 2013). En cada uno de sus puntos (reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos, modelo de desarrollo rural, economía campesina, explotación de recursos minero-energéticos, ordenamiento territorial y ambiental, Sistema Nacional de ZRC y Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina) se recoge allí la visión de paz de la organización campesina. Se trata de una propuesta marcada por la necesidad de solucionar los problemas estructurales del campo colombiano. Una parte de esta propuesta construida por las campesinas y los campesinos de la ZRC, efectivamente, quedó recogida en los acuerdos de paz, cuyos borradores fueron publicados recientemente. Allí, bajo el título “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, fue incluido el plan de las Zonas de Reserva Campesina, principalmente en el apartado sobre cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

El IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, realizado en Tibú, región del Catatumbo, durante los días 19 y 20 de septiembre del presente año, amplió la discusión de la paz alrededor de cuatro temas (los cuales fueron tratados en igual número de mesas agrupadas en el foro Zonas de Reserva Campesina: iniciativa agraria de paz): ZRC y participación de las comunidades campesinas en los acuerdos de paz; ZRC, conflictos interculturales y mediación comunitaria; ZRC, estrategia de paz para el campo en la implementación de acuerdos de paz; y comunidad internacional y apoyo a las ZRC como estrategia de paz para el campo. Mientras que el tercer encuentro nacional de ZRC se concentró en la discusión de los problemas estructurales del campo colombiano, cuya solución es vista desde la Anzorc como la garantía para una paz con justicia social, estable y duradera, el cuarto encuentro nacional de ZRC fue mucho más allá y con las cuatro mesas mencionadas puso de presente no solo la discusión de estos problemas que permiten la pervivencia de la exclusión y la violencia, sino también la de temas propios de la construcción de paz y la implementación de acuerdos.

Paz territorial sí, pero ¿cómo?

Si bien, como lo ha dicho la Anzorc en repetidas ocasiones, el de las Zonas de Reserva Campesina no es un tema exclusivo del actual proceso de paz y la implementación de los acuerdos que de él surjan, sí es claro que la discusión sobre ellas es un tema de una importancia trascendental para la construcción de la paz en Colombia. Lo es fundamentalmente en tres sentidos, que hacen parte de la propuesta programática de este movimiento social y de las conclusiones de su más reciente encuentro nacional: a) se trata de una figura que, acompañada de otras políticas públicas rurales, permitiría la solución de algunos de los problemas más importantes del campo colombiano; b) mediante su propuesta de territorios interculturales, el proceso de ZRC puede contribuir a la resolución pacífica, dialogada y concertada de futuros conflictos territoriales internos; y c) es una figura que, por tratarse de una iniciativa agraria de paz construida desde la base, permite la perdurabilidad de la implementación local de los acuerdos de paz.

Paz como justicia social

La propuesta de paz de la Anzorc, como movimiento socioterritorial, tiene que ver con una iniciativa que no solo busca que cese la confrontación armada en sus territorios sino que también se apliquen allí medidas de ordenamiento campesino de ese territorio que permitan un desarrollo económico, social, político y cultural justo. En este sentido, las Zonas de Reserva Campesina, al igual que muchas zonas de paz que han sido exitosas en otros lugares del mundo, buscan no solo referirse a los problemas de la “violencia externa” sino asimismo a los problemas sociales que nutren esas condiciones violentas (Hancock e Iyer, 2007, 47). Algunas de las propuestas presentadas por las ZRC que apuntan a solucionar estos problemas sociales que alimentan la violencia han sido recogidas por Carlos Salgado, de la organización Planeta Paz, en el texto “Nueve razones del por qué las Zonas de Reserva Campesina son un aporte a la paz”. Salgado afirma que las ZRC son una figura que, entre otras cosas, “ayuda a la reorganización del territorio colombiano; estabiliza y reconoce a la población campesina y fortalece las economías locales y los mercados de bienes rurales de alimentos y materias primas; da un uso sustentable a los recursos ecosistémicos y construye democracia en los territorios” (Salgado, 2014, 1).

Paz como trámite de conflictos

En los últimos tres encuentros nacionales de la Anzorc, el tema de la interculturalidad ha sido transversal en las discusiones y en la construcción de su propuesta de paz. Recientemente, gracias al proceso de unidad de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, esta propuesta ha ganado más fuerza, ya que en ella se plantea la posibilidad de que en un mismo territorio, comunidades campesinas, indígenas y afros, de conformidad con sus visiones, usos y construcciones territoriales, convivan y tramiten sus conflictos de una manera pacífica. El cuarto Encuentro de ZRC avanzó en esa dirección al proponer mecanismos de mediación y resolución de conflictos interculturales inmersos en conflictos territoriales.

Paz como implementación de acuerdos

Landon Hancock y Christopher Mitchell plantean la necesidad de un diálogo entre eso que es entendido como la paz nacional y las iniciativas locales de paz (Hancock y Mitchell, 2007, 174-177). Esta complementariedad, afirman, aunque es difícil de construir debe tener en cuenta, especialmente, las iniciativas de paz que se han construido desde la base. Un ejemplo de cómo puede haber un diálogo entre lo nacional y lo regional/local se presentó en relación con la discusión del punto de los cultivos de uso ilícito o drogas ilícitas, como fue llamado en la mesa de La Habana. La propuesta de las ZRC acerca de la sustitución gradual y concertada de estos cultivos, que incorpore alternativas de economía campesina viables y competitivas, debería ser tenida en cuenta en el momento de la implementación de los acuerdos que sobre este punto se han construido.

La paz territorial después de La Habana

El 3 de octubre de 2014, con posterioridad a una asamblea de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, tuvo lugar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación la instalación de la Mesa Única Nacional de diálogo entre esta cumbre agraria y el gobierno de Juan Manuel Santos. La cumbre agraria, que nació en marzo del presente año en medio de fuertes discusiones, así como la construcción de propuestas emanadas de las comunidades campesinas, negras e indígenas, son el producto de la organización social y política de un sector que ha entendido que sus reclamos no pasan necesariamente por La Habana o por alguna otra mesa de conversación para la finalización del conflicto armado (ver los análisis que en este sentido se hicieron en el documento El país que no pasa por La Habana, aparecido en el No. 79 de la revista Cien Días). Mediante la movilización, estas organizaciones sociales le han pedido al gobierno nacional una visión mucho más integral de la paz, la cual, según ellas, debe ser entendida no solo como cese del conflicto armado sino también como un proceso de reordenamiento del tejido social, político, económico y cultural de la nación. Por esta razón, la opinión pública ha visto a la Cumbre agraria como el escenario por excelencia para la discusión de la construcción de la paz rural una vez se hayan suscrito los acuerdos con las Farc-EP y muy probablemente con el ELN (Bermudez, 2014, 1).

Al acto de instalación de esta Mesa Nacional asistió Juan Manuel Santos, acompañado de varios de sus ministros. Con su asistencia, el Presidente, además de poner en evidencia el fracaso de su pacto agrario en tanto que pacto incluyente, reconoció como interlocutores válidos a los líderes y representantes de las organizaciones sociales de la cumbre. En su discurso, el Presidente de la República reconoció las Zonas de Reserva Campesina como un instrumento legítimo de desarrollo rural creado por la ley. Si bien este gesto fue bien recibido por las organizaciones de las ZRC, al Presidente se le ha pedido mayor coherencia entre sus declaraciones y lo que en la práctica ocurre con las Zonas de Reserva Campesina, muchas de ellas estancadas institucionalmente.

Sin embargo, ese mismo día el ministro de Agricultura radicó en la Cámara de Representantes el proyecto PL 133-2014C-Terrenos Valdíos (sic), el cual cambia por completo la destinación de los terrenos baldíos de la nación para las familias y los campesinos pobres. Como señala Camilo González Posso en una reciente columna de opinion (González Posso, 2014, 1), en menos de cien días Santos firmó, el 18 de julio, la Ley 1728, la cual guarda el sentido de la Ley 160 de no sobrepasar la UAF y busca que los baldíos se entreguen a colonos que los estén usufructuando, y después, el 3 de octubre, su ministro de Agricultura radica el proyecto en mención, donde –para las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico de terrenos baldíos– se le da prioridad a la entrega de estos terrenos de la Nación a grandes proyectos de latifundistas y especuladores.

Las contradicciones del actual gobierno con relación a los baldíos (los cuales, según la Ley 160 del 94, pueden ser destinados para Zonas de Reserva Campesina) y, de conformidad con el proyecto presentado el 3 de octubre, deben ser manejados por gestores empresariales que concierten “alianzas productivas” con los campesinos sin tierra, no llamarían tanto la atención si no se presentaran en el marco de las constantes alusiones de ese mismo gobierno al posconflicto y a la paz territorial. La pregunta es: ¿cómo construir paz si, al mismo tiempo que se reconoce una de las principales herramientas para que los campesinos pobres estabilicen y formalicen su propiedad, y todo lo que esto significa, se impulsa un modelo de desarrollo rural que pone el énfasis en la productividad agroindustrial y la explotación del campo por compañías multinacionales?

“El país que no pasa por La Habana”, el documento de Cien Días al cual se hacía referencia atrás, en uno de sus artículos llama la atención sobre un par de experiencias internacionales (Sudáfrica y Guatemala) donde las medidas de política agraria no tuvieron el alcance proyectado en el momento de la firma de los acuerdos de paz de los cuales nacieron. Los autores señalan que una de las razones por las cuales en esos países las políticas agrarias del posconflicto referentes a la restitución y el acceso a la tierra tuvieron un alcance precario, fue la dependencia de estas políticas de los principios del mercado, los cuales profundizan una estructura agraria desigual (Arboleda y Coronado, 2013, 8). No vaya a ser que en Colombia pase lo mismo. No vaya a ser que los altos poderes, enceguecidos por el indicador de la productividad, olviden los reclamos de justicia a los que la construcción de la paz debe responder y de esta manera se termine entregando las tierras baldías, no a los campesinos pobres sino a los grandes poseedores y al capital extranjero.

Conclusiones

La propuesta de más de cincuenta procesos sociales agrupados en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina es una propuesta que se mueve, por lo menos, en tres dimensiones de la paz: la solución de las causas estructurales que hacen posible el surgimiento de la confrontación violenta, la mediación comunitaria de los conflictos locales y la construcción de la paz como un diálogo entre las iniciativas de la base y la dimensión nacional de ella. Esta propuesta campesina de paz riñe con otras visiones de la paz territorial, cuyo énfasis está en la promoción de un modelo de desarrollo rural que en los primeros puntos de su agenda no inscribe el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la economía campesina, la agroecología y la sustentabilidad ambiental. Se trata entonces de decir: paz territorial, sí. Pero también de preguntar: ¿qué tipo de paz territorial se quiere? Es necesario pasar de la mención de conceptos tan abstractos como paz y territorio, a unos más cercanos a las realidades de las colombianas y los colombianos. En la medida en que podamos hacer esto, la discusión se cualifica, los matices emergen y los enfoques se delimitan. El actual gobierno debe ganar en claridad frente a los que ahora son sus legítimos interlocutores en la Mesa Única de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, el llamado movimiento social rural del posconflicto. Si no sabe escuchar y atender los reclamos que esta mesa le está haciendo con relación a los problemas urgentes del campo colombiano y se empeña en imponerle modelos injustos, la paz, por lo menos para la ruralidad colombiana, estará destinada al fracaso.

Bibliografía

Arboleda, Zohanny, Coronado, Sergio. “Posconflicto y política agraria. Una mirada a las experiencias internacionales”, en Cien Días, No. 79, Cinep, Bogotá, agosto, p. 5-9.

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, 2013. “La propuesta de Anzorc a la sociedad colombiana y a las partes de la mesa de conversaciones de paz de La Habana”. Disponible en:
http://prensarural.org/spip/spip.php?article10505, consultado el 11.10.2014.

Bermúdez Liévano, Andrés, 2014. “La Cumbre Agraria: el movimiento político del posconflicto”. Disponible en: http://lasillavacia.com/historia/la-cumbre-agraria-el-movimiento-politico-del-posconflicto-48711, Consultado el 11.10.2014.

González Posso, Camilo, 2014. “Golpe a los baldíos: carambola en La Habana”. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2014/10/golpe-a-baldios.pdf, Consultado el 11.10.2014.

Hancock, Landon E., Iyer, Pushpa. “The Nature, Structure, and Variety of Peace Zones”, en Mitchell, C. R., Hancock, L. E. (eds.), 2007. Zones of Peace, Bloomfield, Kumarian Press, p. 29-50.

Salgado, Carlos, 2014. “Nueve razones de por qué las Zonas de Reserva Campesina son un aporte a la paz”. Disponible en:
http://prensarural.org/spip/spip.php?article15225, Consultado el 13.10.2014.

Puede consultar la publicación completa en: http://bit.ly/1xFYAZd