1. El presidente Uribe ha decidido destituir a 27 oficiales del ejército colombiano durante los últimos días debido a su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes y campesinos (asesinatos de civiles denominados falsos positivos).

2. Uribe ha destituido a los comandantes de la séptima y segunda división del ejército y a otros 25 oficiales, comandantes de brigadas, brigadas móviles y batallones que operan en el nororiente colombiano y específicamente en el Magdalena Medio, particularmente en el nordeste antioqueño, el Valle del río Cimitarra y el sur de Bolívar, territorios que constituyen la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra.

3. Durante el mandato de Uribe en la Zona de Reserva Campesina han sido asesinados 16 campesinos miembros de la ACVC y Cahucopana, y 4 han sido desaparecidos forzadamente, en su mayoría por militares del Batallón Calibío, Batallón Plan Energético y Vial Nº 7 y Batallón Nueva Granada.

4. Todos estos asesinatos fueron denunciados y verificados, en algunas ocasiones las verificaciones contaron con la participación de instituciones del estado colombiano.

5. Pese a todo, los asesinatos continuaron, el caso más reciente fue el asesinato del campesino Aicardo Antonio Ortiz, por efectivos del Batallón Calibío, el 8 de julio de 2008 en la vereda Puerto Matilde del municipio de Yondó.

6. Paralelamente a los asesinatos del ejército, Uribe suspendió la figura jurídica de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra atendiendo a presiones de militares y de paramilitares como el senador Carlos Arturo Clavijo.

7. A su vez se implementó desde el centro de coordinación de la acción integral, un montaje judicial contra la ACVC basado en informes de inteligencia del ejercito y del DAS, así como en testimonios de informantes a sueldo de los militares. Este proceso se materializó en órdenes de captura contra todos los miembros de la junta directiva de la ACVC. Seis líderes campesinos fueron encarcelados.

8. Andrés Gil y Miguel Ángel González, fundadores de la ACVC, todavía se encuentran en prisión y enfrentan cargos de rebelión. Las audiencias definitivas del juicio se realizarán en el transcurso de esta semana.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ACVC y Cahucopana consideran que:

Los asesinatos y el encarcelamiento de sus miembros hacen parte de una sistemática persecución política planificada en los cuarteles militares bajo el paraguas de la doctrina de la acción integral y la recuperación militar y social de los territorios.

Los responsables de los asesinatos deben ser llevados ante la justicia ordinaria y se debe establecer la verdad de los crímenes en los que tienen responsabilidad los altos cargos del gobierno y del estado.

Los informes de inteligencia del ejército y del DAS, así como los testimonios de desertores e informantes profesionales a cargo de los comandantes militares responsables de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos no tienen ningún valor probatorio en el proceso que se adelanta contra los dirigentes de la ACVC.

Por lo tanto exigimos que se aclaren los asesinatos y se haga justicia. Exigimos que las audiencias del juicio contra Andrés y Miguel sean realmente imparciales, sin las presiones de los victimarios que se han observado durante el proceso.

¡Basta ya de perseguir a los hombres y mujeres campesinas que defienden su tierra y sus derechos!

Zona de Reserva Campesina, 31 de octubre de 2008

Consulte el listado completo de oficiales y suboficiales destituidos (Nota de Prensa Rural).