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Amenazado Andrés Chica, defensor de derechos humanos en Córdoba
Señala que el gobierno no garantiza su trabajo social comunitario
Hernán Durango / Miércoles 25 de febrero de 2015
 

El martes 24 de febrero, luego de participar en una reunión comunitaria en el corregimiento de Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba), hacia las cinco y media de la tarde el defensor de derechos humanos Andrés Chica Durango salió en su automóvil hacia Montería.

Al pasar por el corregimiento La Rica, dos hombres a bordo de una moto de alto cilindraje se posicionaron tras su vehículo en marcha y transcurridos aproximadamente 20 minutos de recorrido, ya empezando a oscurecer, la moto lo alcanzó en la vía y el parrillero desenfundó un arma de fuego e hizo la señal de que parara el vehículo. Chica se detuvo y bajó el vidrio y le dijeron textualmente: “Guerrillero malparido, deje de chimbiar con sus hijueputas denuncias y andar reuniéndose con la gente para ponerlas en nuestra contra. Si sigue mariquiando acá en esta zona no solo lo vamos a matar a usted sino a los suyos. Ya los tenemos ubicados, lárguese de acá comunista malparido, lo volvemos a ver por acá y lo rociamos”.

Luego de los improperios, a los que no respondió una sola palabra, Andrés Chica encendió su automóvil y llegó a la cabecera municipal de Puerto Libertador. Allí tomó un transporte público que lo acercara hasta Montelíbano y desde esa ciudad a Montería.

En su denuncia informa que, como defensor de derechos humanos para la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) y dirigente de Marcha Patriótica, ha venido desarrollando una serie de denuncias verídicas sobre hechos violatorios a los derechos humanos por la bacrim Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por las FARC, y más recientemente por el Ejército Nacional, Brigada Móvil Nº 16.

Advierte que con estos últimos funcionarios tuvo una confrontación verbal el jueves 5 de febrero en una reunión pública con entes del gobierno departamental, miembros de la Brigada Móvil Nº 16 y dirigentes campesinos, tras la cerrada del comercio en Juan José por las extorsiones que vienen aquejando a los comerciantes y finqueros del sector.

En esa reunión, fue anfitrión delegado por los dirigentes campesinos y expuso los incumplimientos cometidos por la Alcaldía municipal de Puerto Libertador en cabeza de Reomedre Carrascal. Al presentarse como defensor de derechos humanos y miembro de Marcha Patriótica, un miembro del Ejército se colocó justo al lado del lugar desde donde exponía y con celular a la altura de su pecho empezó a grabarle. Ante eso, y teniendo en cuenta que la personera municipal de Puerto Libertador Fanidez Martínez estaba presente, expuso su incomodidad, pero la funcionaria se levantó enfurecida contra Chica y dijo: “El que no quiera que lo filmen y fotografíen, que se salga de esta reunión”.

Andrés Chica argumenta que el 17 de febrero ejerció una denuncia pública sobre graves atropellos cometidos soldados de la Brigada Móvil Nº 16 al mando del mayor Meza.

El 18 de febrero ejerció otra denuncia en donde se pone en evidencia el accionar terrorista de la bacrim Clan Úsuga en las veredas del sur de Córdoba.

El 23 denunció los graves daños que está ocasionado la aspersión aérea en el sur de Córdoba.

Advierte que si llegara a ser asesinado o algo pasara a alguno de sus familiares hace responsable a la personera municipal Fanidez Martínez por ser permisiva ante el empadronamiento y persecución política cometida por el Ejercito Nacional el día de la reunión, así como también a Diego Fernando Mora Arango (director de la Unidad Nacional de Protección), ya que desde octubre de 2014 le retiraron las medidas de protección asignadas en el marco del paro agrario de agosto de 2013 por el intento de asesinato y posterior desplazamiento forzado cometido por “actores desconocidos”.

Para ese entonces el coronel Yáñez, ex comandante del Batallón Junín en el parque principal de Tierralta, mientras los campesinos se organizaban para ser participes del paro agrario y popular, dijo que Chica “era revolucionario e ideólogo de la guerrilla”. Al día siguiente fueron a matarlo a su casa en Tierralta. Pese a todo eso las medidas se las retiraron sin ninguna razón y aun peor, con el riesgo evidente y continuo.

Los organismos defensores de derechos humanos del país lanzaron ante la comunidad nacional y mundial el estado de alerta por las continuas amenazas, estigmatización y atropellos contra sus integrantes y demás lideres populares.