Integrada por 12 comisionados y dos relatores designados por el Gobierno y por la guerrilla, ha suministrado un abanico de miradas sobre los orígenes del conflicto, las causas de su prolongación y los efectos generados por el mismo. Sin la pretensión de convertirse en verdad oficial, y sin establecer responsabilidades individuales, esas miradas son de gran utilidad para el diseño de políticas que hagan posible y durable la convivencia pacífica en Colombia.

En medio de las diferencias de enfoque, hay un tema que sobresale como causa del conflicto, según las dos relatorías, que también fueron elaboradas de manera separada y disímil. Es el acceso a la tierra, que desde los años 20 del siglo pasado ha sido objeto de decisiones legales y jurisprudenciales, reclamos y resistencias violentas, reformas y contrarreformas agrarias, usurpación, despojo y abandono, e inicio de acciones de restitución en la presente década.

La lucha por la tierra no se dio sola, sino en medio de una confrontación ideológica y política que se fue radicalizando con el tiempo y se extendió a otros campos. A finales de los años 50, cuando liberales y conservadores negociaron la terminación de la dictadura militar, el estamento castrense ganó autonomía para el manejo del orden público, ante el auge de la Revolución Cubana.

Ciertas experiencias de los soldados colombianos en Corea facilitaron la adopción de medidas para incorporar a los civiles a la guerra, incluida la organización de juntas de autodefensa con armas ofensivas, es decir, el paramilitarismo. Tales medidas fueron legalizadas por el Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional adoptado en diciembre de 1965, al amparo del estado de sitio. En mayo de ese mismo año se había decretado dicho estado de sitio, so pretexto de hacer frente a manifestaciones estudiantiles por la invasión de Santo Domingo.

Un año antes se bombardeó a Marquetalia y, también en medio del auge de la revolución cubana, se crearon las Farc, luego el Eln y el Epl. Con un país en guerra, los gobiernos se sintieron autorizados desde entonces para imponer el estado de sitio tres de cada cuatro años en promedio, hasta la Constitución de 1991. Por esa vía se volvió normal detener, interrogar y juzgar a civiles por la justicia penal militar, imponer toques de queda, declarar la ilegalidad de huelgas, prohibir las manifestaciones y hasta las reuniones de tres o más personas en la calle, o criminalizar los viajes a Cuba. No se ganó con ello la guerra, pero sí se surtió así un proceso de exclusión política en relación con reivindicaciones populares, que alimentó la beligerancia de ambos lados.

Este aspecto habría podido profundizarse más por los relatores y los comisionados. Ya no hay estado de sitio, pero todavía perduran manuales de inteligencia que autorizan la creación de grupos paramilitares. Y los grupos paramilitares siguen matando reclamantes de tierra. Volver a la tierra, erradicar las secuelas del estado de sitio y acabar el paramilitarismo son necesarios para una paz duradera.

* Tomado de El Espectador