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Las puertas giratorias de la corrupción
Las altas Cortes tienen personajes que se dedican más a la ganadería, a negocios de tierras y a otros aspectos que nada tienen que ver con la justicia
Aída Avella / Miércoles 18 de marzo de 2015
 
Jorge Pretelt

Las noticias sobre la Corte Constitucional, el escándalo ocasionado por el comportamiento de su presidente, el señor Pretelt, es una vieja costumbre de las llamadas “buenas familias” que han gobernado a Colombia. Inmensas fortunas se han acumulado en este país sin memoria, desde que se creó la República.

El poder del Estado está en la puerta giratoria de la empresa privada. Un tiempo son ministros, jefes de departamentos administrativos, directores de institutos, magistrados de las altas cortes, etc., y muchos salen a ser asesores de empresas transnacionales, de poderosas empresas nacionales, empleados del Fondo Monetario Internacional o funcionarios de la banca mundial.

Su estadía en el servicio público les sirve para sacar valiosa información sobre toda clase de recursos, formas de manejo y mecanismos formales e informales que pueden aprovechar para enriquecerse.

Han construido un entramado de leyes, decretos, resoluciones, con micos y orangutanes, para que todo pueda tener una interpretación que se ajuste a sus apetitos, la mayoría financieros, de “los dirigentes de Colombia”.

Billones de pesos se depositan diariamente en los bolsillos privados, los cuales deberían entrar en el presupuesto nacional, para cubrir necesidades básicas de la población. Esa “clase dirigente” se apropia de todo: de la banca, las notarías, los medios de comunicación, los medios de producción, y de buena parte de los servicios públicos, las empresas industriales del Estado, la construcción y hasta de las basuras, haciendo trampas con leyes o sin ellas.

Los ciudadanos se preguntan, “¿por qué cuando se aprueba una ley, no se derogan las anteriores y se resume en la última, para que todos, trabajadores de la justicia, abogados, ciudadanos del común, sepan a qué normatividad se acogen, en materia civil, penal, laboral, administrativa u otras?”.

El escándalo que sacude a la rama jurisdiccional en cabeza del presidente de la Corte Constitucional, que según los testimonios, solicitó millones de pesos para favorecer los intereses de Fidupetrol, avergüenza a todo el país y no es para menos.

Uno de los funcionarios mejor ubicados, y remunerados (23 millones al mes) en la administración del Estado, aparece como propietario de un predio que es reclamado por desplazados que aseguran haber sido víctimas de los paramilitares de El Alemán, jefe de las AUC en Urabá. Esta tierra aparece vendida por Manuel Gregorio Hernández en agosto del 2003 a Marta Ligia Patrón, por cinco millones de pesos.

Posteriormente, en julio del 2005, ella le vende a Pretelt, su esposo, en 19 millones. Según el periódico El Tiempo del 8 marzo pasado, la escritura se firmó en una notaría de Montería, su ciudad natal.

Todo parece indicar que el señor Pretelt pagó en febrero 69 millones de pesos, correspondientes a las declaraciones de renta de 2011 al 2013, es decir, que ni siquiera cumple sus deberes de ciudadano. Un multimillonario que, además, complementa sus ingresos familiares con el sueldo de su esposa Marta Ligia Patrón, quien trabaja como delegada de familia en la Procuraduría. Con razón este organismo mira para otro lado en casos tan graves como el señalado.

Pero la cuestión no para allí, pues el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, reconoció que fue asesor jurídico de Fidupetrol y que el 25 de noviembre de 2013 había firmado un contrato para prestar servicios de acompañamiento a la revisión de la tutela T-4.095.197, que la compañía citada interpuso ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Es decir que todos los hilos y la información que obtienen por sus cargos públicos las utilizan después para su enriquecimiento personal y el de sus amigos. ¿Quién responde ante el país por la escogencia para administrar justicia por parte de estos personajes?

¿Sólo el señor Pretelt tiene la culpa o se debe investigar a quienes lo nombraron? La Corte sabía a ciencia cierta que el “magistrado”, candidato a la Presidencia, tenía serios reparos en su conducta.

La indignación nacional debe convertirse en una sanción social y exigir que los magistrados que lo avalaron se vayan también del alto tribunal. ¿Hasta cuándo los delincuentes de cuello blanco pueden rotarse los altos cargos de la Nación?