Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

81 nuevas víctimas de desplazamiento por Hidroituango
Debate Ciudadano sobre Ituango / Domingo 5 de abril de 2015
 

El pasado viernes 27 de marzo de 2015 fueron desalojadas de manera forzosa, por solicitud del grupo EPM, más de 81 habitantes de la playa La Arenera que habían habitado ancestralmente las riberas del cañón del río Cauca donde encontraban su sustento a través del barequeo, la pesca y la
agricultura tradicional.

Estas comunidades han desarrollado su vida en el río de manera trashumante en razón de las necesidades de subsistencia y el ciclo vital de río. Dentro del grupo de personas desalojadas se encontraban menores de edad, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Varias de estas familias son, a su vez, víctimas de la violencia y de desplazamiento forzado provocado en su mayoría por grupos paramilitares.

El desalojo fue un operativo adelantado por la Inspección de Policía
del Municipio de Toledo en un proceso promovido por Empresas
Públicas de Medellín quien, desde su inicio ha vulnerado los derechos
fundamentales de las familias, de las víctimas, en especial de las comunidades barequeras con su territorio y la normatividad internacional
establecida para desalojos por proyectos de desarrollo. Esto genera una clara revictimización de la población.

El proceso policivo, que culminó con el desalojo, no se adelantó con un censo
real e imparcial que diera cuenta de la ocupación de los poseedores ancestrales, su forma de habitación y su condición de víctimas de
desplazamiento forzado y del conflicto armado. No existió un proceso
efectivo de censo de ocupadores y tampoco planes preventivos para atender
la situación de vulnerabilidad provocado por el procedimiento, no se presentó
alternativa alguna para las comunidades, no se garantizó la reubicación, ni
medidas de compensación, reparación de daños y activación de nuevos
proyectos de vida. No se informó la fecha y hora exacta del procedimiento, lo que condujo a que la comunidad perdiera parte de sus enseres, incluso oro producto de su trabajo artesanal.

En la diligencia de aquel viernes, en la que no se hizo presencia la
Procuraduría, la Inspectora acompañada de un amplio número de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- rodearon el lugar intimidando a
los habitantes y ordenaron a las familias desocupar en “tres horas” la playa.

Sin responder con claridad a las preguntas y solicitudes de los habitantes
tradicionales del río Cauca ni de los defensores de derechos humanos que
se encontraban en el lugar, pretendieron que estos se dirigieran hasta las
instalaciones de EPM para realizar el acta de la diligencia.

Posteriormente la inspectora abandonó el lugar luego de que las familias
se negaran a desplazarse en grupos a diferentes municipios. Las familias y
el Movimiento Ríos Vivos han exigido la reubicación colectiva que tenga en
cuenta la vida comunitaria desarrollada antes de este desalojo y la
situación de riesgo y el contexto de la zona.

En consecuencia las familias tuvieron que sacar sus enceres a la carretera, en donde continuaron haciendo presencia efectivos del ESMAD, acompañados de hombres armados sin uniforme ni identificación,
Policía Militar y hombres del Ejército Nacional hasta avanzadas horas de la
noche. En la madrugada del sábado 28 de marzo llegaron al municipio de Ituango en donde se encuentran desde entonces sin ayuda humanitaria y sin alojamiento porque la Gobernación de Antioquia (Accionista mayoritaria de la obra) interpreta que esto no es un desplazamiento y por lo tanto no entrega las ayudas humanitarias correspondientes.

El Movimiento Ríos Vivos, las víctimas de desplazamiento por el desarrollo
de Hidroituango y organizaciones acompañantes, exigen con urgencia a las autoridades nacionales atender la situación humanitaria de las familias desplazadas y establecer de manera prioritaria un espacio de diálogo que reconozca y garantice los derechos de las víctimas del desplazamiento por represas.

Es urgente resolver de fondo la grave situación de los medios de vida para
cientos de familias que dependen del barequeo en el Cañón del Río Cauca y
que con el desplazamiento se quedaron sin sustento.