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Militares destruyen cultivos de pancoger en resguardo indígena de Cauca
 

El pasado viernes 24 de abril, en el departamento del Cauca, municipio de Toribío, Resguardo Indígena de Tacueyó, vereda San Diego, siendo cerca de las 5:45 de la mañana un grupo de entre 15 y 20 soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, orgánicos de la Tercera División del Ejército Nacional; a cargo del Mayor Leguizamón; llegaron provenientes de la parte alta de la montaña a una de las fincas ubicadas en ese sitio.

Un grupo de campesinos e indígenas conformado por aproximadamente 25 personas, entre quienes se encontraban menores de edad y mujeres, realizaban desde esa hora sus labores agrícolas; al percatarse de la presencia de los uniformados, se dirigieron a los militares con el fin de solicitar explicación sobre su propósito en el lugar, a lo que los soldados respondieron que tienen órdenes explícitas para erradicar los cultivos de marihuana que ahí se encuentran, dado que han recibido información que indica que dicho cultivo es de propiedad de la guerrilla. Frente a estas afirmaciones los comuneros expusieron a los militares que ellos se ven obligados a tener este tipo de cultivos porque constituye la única fuente que permite garantizar un mínimo de ingresos para sus familias. Sin ningún tipo de comprensión en razón a lo manifestado, los soldados afirmaron que todos los pobladores de esa zona son guerrilleros.

En esos momentos una de las habitantes de la zona que estaba dentro del grupo, se percató de que los soldados estaban parados encima de un semillero de cebolla pisoteando y dañando el mismo, frente a lo que hizo la respectiva reclamación. Lo soldados no prestaron atención al reclamo de la señora y afirmaron que ya en algún momento se retirarían del lugar.

La comunidad se manifestó en contra del retiro de los soldados sin que estos asumieran su responsabilidad en el daño que ocasionaron en el cultivo de pan coger. En ese momento se presentó un forcejeo entre estos y la comunidad, en cuyo desarrollo los soldados amenazaron a varios miembros de la comunidad con sus armas (fusiles de dotación) y efectuaron disparos al aire y cerca de los pies de varias de los presentes; incluso uno de los soldados agredió a una mujer causándole hematomas en varias partes del cuerpo. Otro de los comuneros fue amenazado por uno de los soldados, quien apuntándole con un fusil, desasegura el arma y le dice en tono amenazante que a él “no le importa si tiene que pagarlo”.

Como respuesta a estos hechos, familiares del comunero intervinieron mientras otras personas empezaron a grabar lo sucedido con sus teléfonos celulares, ante lo cual los uniformados cesaron la agresión.

Aproximadamente media hora después del altercado, los soldados reciberon comunicación por radio teléfono en la que sus superiores les indicaron que debían “arreglar el problema”. Por ello, entregaron a la dueña del semillero de cebolla la suma de $200.000 (doscientos mil pesos) reconociendo su error y negándose a pagar el saldo restante pues el cultivo que resultó destruido estaba avaluado en $600.000 (seiscientos mil pesos).

Posterior a lo sucedido el grupo de militares se retiró de la vereda.

Frente al fundado temor de los comuneros habitantes de la vereda San Diego del resguardo indígena de Tacueyó en el municipio de Toribío y en rechazo a las extralimitaciones de las fuerzas armadas regulares; se responsabiliza al Estado colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, a la gobernación del departamento de Cauca en Cabeza de Temístocles Ortega y en particular al General Mario Augusto Valencia Comandante de la Tercera División y al Brigadier General Wilson Danilo Cabra Correa Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del Ejército Nacional, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas armadas regulares en la zona de operaciones de las unidades militares que dirigen.

Se exige responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de los habitantes de la región que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas regulares en áreas de operaciones militares del Estado colombiano. Y que se desarrollen las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.