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Las Organizaciones sociales de campesinos, afrodescendientes e indígenas de esta región amazónica celebran el informe que hace la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial para la Salud (OMS),  al manifestar las consecuencias nefastas del uso del glifosato y otros agroquímicos en la salud humana, al estar asociado a diferentes tipos de enfermedades cancerígenas; de la misma manera se valora la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social, al recomendar al Consejo Nacional de Estupefacientes “suspender de manera inmediata el uso de glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”.

Ante esto, las organizaciones sociales manifestan que desde las marchas campesinas de 1996, han denunciado las graves afectaciones a la salud humana y a la biodiversidad por el uso de estas sustancias venenosas y hoy, después de más de dos décadas, se les da la razón; por lo que se evidencia la necesidad de concertar salidas alternativas a la problemática cocalera de la región, como es el propósito del Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico (PLADIA 2035) con el que se busca transformar las condiciones económicas, sociales y políticas que llevaron a que las comunidades cayeran en la trampa del uso de este cultivo como medio de supervivencia.

El gobierno ha implementado como único método la política antidrogas que contempla el uso irracional de agentes químicos dañinos, por encima del respeto a la vida y que desconoce las propuestas que las comunidades tienen para resolver la problemática en torno al cultivo de coca para uso ilícito, agudizando la grave situación socio económica, ambiental, de salud pública y de derechos humanos en el país, que lejos de generar una disminución de los cultivos de coca, genera daños socio ambientales irreparables. Por lo que se insta al gobierno nacional a:

  1. Acatar el principio de precaución emitido por la Corte Constitucional en el auto 073, que indica que este debe aplicarse si “se cuenta con la valoración de indicios que indiquen la potencialidad de un daño”.
  2. Hacer una revisión exhaustiva de las denuncias de las comunidades por daños en la salud y en el medio ambiente que hoy reposan en total impunidad. Avanzar en la debida reparación y garantías de no repetición a las comunidades afectadas por aspersiones en el país, teniendo en cuenta el caso ampliamente conocido de la millonaria indemnización del Estado colombiano al Estado ecuatoriano por violentar su soberanía al afectar a sus ciudadanos en la zona fronteriza por el uso de glifosato en el marco del programa antidrogas.
  3. Reconocer y respetar los usos ancestrales, tradicionales, medicinales y étnicos de la planta de coca que también se han visto afectado por las aspersiones.
  4. Que se detengan las aspersiones aéreas con glifosato de manera inmediata y con cualquier otro agro toxico que afecte a las comunidades y su territorio.
  5. Avanzar en salidas concertadas con las comunidades para evitar la violación de derechos humanos como está sucediendo con la erradicación manual por parte de la fuerza pública.
  6. Manifestar su voluntad política para avanzar en la construcción de un plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito que resuelva de raíz las necesidades y demandas de las comunidades que históricamente han sobrevivido con base en la economía cocalera, producto de la inasistencia del Estado. En particular, invertir los recursos necesarios para materializar la propuesta piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito que se está construyendo en el Putumayo, en el marco de las negociaciones entre Mesa Regional de Organizaciones Sociales y Gobierno Nacional.
  7. Respetar la soberanía de la Nación, al no ceder ante las presiones de Estados Unidos y su Política Internacional Antidrogas y de Monsanto, multinacional que produce el glifosato y que se enriquece a costa de la afectación de la salud de los colombianos y su territorio.

Por tanto en el marco de avances en la búsqueda de la paz del país es incoherente la insistencia por parte del Gobierno Nacional en el uso del glifosato y otras sustancias como mecanismo de erradicación, cuando para las comunidades esto es un acto de violencia, más aún cuando no se tiene en cuenta las históricas denuncias y las propuestas alternativas que en esta materia tienen las organizaciones sociales.

En este sentido las miles de familias putumayenses ratifican una vez más su voluntad inquebrantable de construir con una propuesta alternativa al uso de agro tóxicos, para acabar con la problemática social cocalera, entendiéndola no como un problema de la planta en sí, sino como el conjunto de las problemáticas sociales y económicas que el gobierno durante décadas no ha podido resolver.