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Descontaminación del río Bogotá cuesta tanto como el metro
Una reciente decisión del Consejo de Estado, por lo inaplicable, aleja la posibilidad de que la actual generación de bogotanos llegue a ver algún día su río descontaminado. Las autoridades ambientales han sido relevadas de esa responsabilidad, gracias al fallo judicial
Ricardo Arenales / Domingo 10 de mayo de 2015
 
Nacimiento del río Bogotá, en el páramo de Guacheneque.

Hace pocas semanas, en Montería, se realizó un singular evento, el Foro Global de Ciudades con Ríos, auspiciado por las Naciones Unidas, en el que los gobernantes de diez ciudades de Europa y América Latina mostraron los esfuerzos por recuperar esas fuentes fluviales, tras reconocer que los procesos de industrialización de grandes urbes condujeron a la destrucción del medio ambiente y a convertir las ciudades en moles de cemento inhabitables.

En el caso colombiano, se destacan los esfuerzos de las administraciones locales de Montería, Barranquilla y Medellín por recuperar sus ríos. Cuestión que, paradójicamente, contrasta con la desidia de los gobiernos de la capital de la República, que en las últimas décadas han invertido, de manera formal, millonarias sumas, bajo la promesa de iniciar programas de descontaminación, las mismas que han ido a parar a los bolsillos de funcionarios y contratistas inescrupulosos que hicieron de esa encomiable empresa pretexto para su enriquecimiento personal.

En un artículo anterior en el semanario Voz se hizo mención de la promulgación de una sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo de 2014, que dispone la creación de un Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH) para que asuma las labores de descontaminación.

Esta, que parece una decisión de alto vuelo, en realidad no lo es tanto. Más que una solución, es el aplazamiento de decisiones sobre las que, mal que bien, se venía trabajando ya por parte de las autoridades ambientales y, antes que mejorar la situación, la empeoran. A tal extremo que no pocos expertos consideran que ver descontaminado el río va a ser un objetivo que no alcanzará a ver, la actual generación de bogotanos, ni probablemente sus hijos.

Sin respaldo legal

Y es un fiasco la sentencia del Consejo de Estado, porque el organismo estratégico por él creado no tiene ninguna repercusión en la actual legislación, no tiene un respaldo jurídico que permita que su funcionamiento vaya más allá de las buenas intenciones. Por la sencilla razón de que el Congreso no ha expedido norma alguna en concordancia con este fallo, y no se ve sobre el horizonte legislativo que tenga intención de hacerlo.

Pero además, al crear el mencionado Consejo Estratégico como máxima autoridad en el manejo de los asuntos del río Bogotá, descarga de esa responsabilidad a las autoridades ambientales que por disposición legal deben encarar esta tarea. En efecto, ya viene sucediendo que para la toma de decisiones o la disposición de recursos esenciales algunas autoridades ambientales dicen que esa responsabilidad no les corresponde, por cuanto el Consejo de Estado dispuso que quede en manos del CECH.

Y como si eso fuera poco, el fallo judicial ordena de manera abstracta inversiones superiores a los 5,54 billones de pesos para la descontaminación del río, una suma que puede superar lo que ha costado el metro de Bogotá, si a ello se suma lo que se lleva la corrupción en los mecanismos de contratación, que los mismos intermediarios estiman en un 20% del valor de los contratos.

La norma establece que Bogotá aporte el 28% de esa suma; la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) el 33%; la nación el 8,10% y el departamento de Cundinamarca el 1%. Queda un 30%, aproximadamente, sin financiación, unos 3,73 billones de pesos, que no existen todavía.

Una cloaca

La decisión del Consejo de Estado, al determinar ‘inviértase en descontaminación’, no incluye costos de operación, que son los que más lesionan el bolsillo de los contribuyentes. Estos se estimarían en 9,87 billones de pesos, para un total de 15 billones desfinanciados. Los municipios que integran la Sabana de Bogotá, distintos al Distrito Capital, deben por su parte hacer obras de inversión propias, estimadas en un billón de pesos, para una gran suma deficitaria de 16 billones.

Hay que señalar, además, que las autoridades ambientales no se instituyeron para construir obras de saneamiento, sino para ordenar que se hagan y sea el Estado, a través de mecanismos eficaces y eficientes, el que las ejecute. Pero en este caso, nadie sabe de dónde va a salir ese 30% de la financiación de las obras de descontaminación que no está bajo responsabilidad de nadie. De lo que inicialmente dispone el Consejo de Estado, en manos de organismos concretos, hay disponibles 1,14 billones, faltando por conseguir 2,59 millones.

Desde su nacimiento, en el páramo de Guacheneque, el río Bogotá recibe todo tipo de residuos hasta convertirse en una verdadera alcantarilla a su paso por la ciudad capital, que lo coloca como uno de los más contaminados del mundo. Por gestión de administraciones anteriores, el río tiene plantas de tratamiento de aguas para consumo humano en Tibitoc y tres interceptores en la desembocadura de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, que desembocan en el río Bogotá.

Desechan soluciones baratas

El Consejo de Estado ordena mantener y ampliar la planta de El Salitre y recuperar la de Alicachín. Los interceptores conducen aguas del río mediante un sistema de túneles, a 63 metros de profundidad. Bombear aguas de estos interceptores para su tratamiento tiene un costo colosal que va a repercutir en las tarifas de servicios públicos que pagan los ciudadanos, cuando se pudo optar por soluciones más baratas, por ejemplo en el río Tunjuelo, y con menos daño ambiental.

En el manejo y administración del agua hay que tomar en cuenta que las CAR no dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Estas son autoridades ambientales regionales, lo que dificulta el trabajo de coordinación que de manera utópica dispone el Consejo de Estado. Sin embargo, en el caso de Cundinamarca, se obliga a la CAR a que invierta, cuando esa no es su vocación legal. Cualquier ciudadano que demande el contenido del fallo del Consejo de Estado con seguridad tiene posibilidades de ganar la demanda, con lo cual además se aplazaría por tiempo ilimitado una solución adecuada para los problemas del río.

En resumen, el fallo judicial comentado, que hasta ahora no ha sido suficientemente divulgado, diluye la responsabilidad de las entidades ambientales, crea una desarticulación entre entidades y originará, seguramente, un número desafortunado de pleitos. Coloca la mayor parte del peso del financiamiento de la descontaminación en manos de la autoridad ambiental regional, contradiciendo el espíritu de lo establecido por las leyes vigentes. Es decir, el proyecto de descontaminación del río Bogotá ya no tiene dolientes.