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Ejército dispara contra líderes comunales en Cauca
 

El pasado lunes 11 de mayo se presentó un ametrallamiento contra civiles, además de persecución y hostigamientos en contra de líderes campesinos como parte de las acciones sistemáticas que viene desarrollando un grupo de militares adscritos al Batallón de Alta Montaña N° 4 Gr. “Benjamín Herrera Cortés”, orgánicos de la Vigésimo Novena Brigada y adscritos operacionalmente a la Tercera División del Ejército Nacional en el municipio La Vega, departamento de Cauca.

En el corregimiento Altamira de dicho municipio, vereda El Recreo, en el sitio conocido como “El Cruce”, siendo aproximadamente las 7:05 de la mañana, en momentos en los que el campesino Diver Jiménez se desplazaba desde la finca de su propiedad hacia al centro poblado del corregimiento; varios soldados lo detuvieron para solicitarle la realización de una requisa a lo que el señor Jiménez accede sin problema. Justo después de haber realizado la requisa, cuando el campesino prosiguió su camino, los militares empezaron a disparar ráfagas con sus armas de dotación de manera indiscriminada en dirección al sitio en el que él se encontraba el labriego. Diver logra resguardarse y por fortuna resulta ileso pese al injustificado ataque.

Minutos después, los campesinos habitantes de la zona en la que sucedieron los hechos, evidenciaron que el retén (que no es habitual en esa zona) se levantó casi de inmediato, permitiendo el tránsito normal de personas.

Hechos como estos revelan un ejercicio sistemático de persecución y hostigamiento que se despliega de manera especial contra los directivos de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, quienes se han distinguido por adelantar una lucha frontal en contra de la minería indiscriminada en la región del Macizo Colombiano que ha sido declarada por la UNESCO como reserva de la biósfera para la humanidad.

Diver Jiménez se desempeña como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Recreo, además de ser integrante del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega -PCPMV- organización que hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y a su vez del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

Arley Guzmán, a quien en días previos le fue retenida de manera injustificada su moto y las llaves de la misma por las mismas unidades del ejército, se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal de la misma vereda e integra los mismos procesos organizativos y sociales antes mencionados.

Frente al fundado temor del los líderes comunitarios, dirigentes sociales y de la comunidad habitante de la vereda El Recreo, del corregimiento Altamira, en el municipio La Vega, y en rechazo a las extralimitaciones de las fuerzas armadas regulares, se responsabiliza al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderon, a la gobernación del departamento de Cauca en Cabeza de Temístocles Ortega, y en particular al General Mario Augusto Valencia Comandante de la Tercera División y al Coronel Julio Alejandro Pinzón Arévalo Comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas regulares en la zona de operaciones de las unidades militares que dirigen.

Se exige al Estado Colombiano garantizar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de Diver Jiménez y Arley Guzmán, de los demás integrantes del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega -PCPMV- y de los habitantes de la vereda El Recreo del corregimiento Altamira en el municipio La Vega, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas regulares en áreas de operaciones militares del Estado Colombiano.

Así mismo que se desarrollen las acciones investigativas necesarias para determinar las responsabilidades penales colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.