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Análisis
XI Congreso de Fensuagro: La disputa por la tierra
Ya no se trata sólo de luchar contra la ganadería extensiva o contra el capital agrario tradicional sino que es necesario defender lo poco que han conquistado los campesinos como reivindicación, cual es el derecho a ser los únicos posibles beneficiarios de la distribución de los baldíos nacionales
Carlos Fernández / Martes 2 de junio de 2015
 

La lucha por la tierra que han adelantado los campesinos colombianos desde tiempos inmemoriales (y que no se ha resuelto mediante un proceso de reforma agraria auténtico que democratice la propiedad) ha adquirido, en los últimos años, aproximadamente, un cariz nuevo que modifica el contenido de tal lucha en aspectos esenciales. Éste es el tema del presente artículo que apunta a continuar contribuyendo al debate que se viene dando en torno a las tesis del XI Congreso de Fensuagro.

La contradicción con el latifundio

Ésta ha sido la contradicción fundamental del desarrollo del campo colombiano por largos años. Ella ha enfrentado, en una batalla secular de muchos frentes, a un campesinado en proceso permanente de desalojo con una clase de señores de la tierra colmada de privilegios. Ella le da contenido a las luchas campesinas de los años veinte y treinta por la distribución de la tierra. Ella está en la base de la denominada Violencia, durante la cual se presentó el fenómeno de la inversión de importantes capitales que establecieron relaciones de salariado que, aunque precarias en cuanto a su formalidad laboral, constituyeron un núcleo importante de capitalismo agrario.

Ella da explicación a la extensión de la violencia hasta el día de hoy, al desplazamiento de millones de campesinos hacia las ciudades o, lo que es más significativo, hacia zonas limítrofes de la frontera agrícola, ampliando ésta y obligando a una parte del campesinado a la explotación de cultivos de uso ilícito, lo que implicó que se profundizara su condición de objetivo de la represión militar en la fementida «guerra contra las drogas».

Los escandalosos índices de concentración de la tierra y el elevado índice de Gini que presenta la agricultura colombiana ilustran el estado actual de esta confrontación.

Las nuevas pretensiones del capital sobre la tierra

La crisis económica europea y estadounidense de 2008 significó, para una fracción importante de los capitales transnacionales, la disminución de sus posibilidades de inversión, de manera tal que su valorización no quedaba garantizada. Esto originó un movimiento en busca de zonas del planeta aún no explotadas de forma intensiva por el capital, con miras a su incorporación como nuevos espacios de explotación, generando un proceso de acaparamiento mundial de tierras que es objeto, hoy en día, de preocupación y análisis.

Grandes extensiones de tierras de Argentina, Brasil, algunos países africanos y asiáticos, vienen siendo objeto de compra por parte del capital transnacional, con miras a su explotación intensiva, tanto en lo que tiene que ver con el suelo como con el subsuelo. Colombia no ha sido ajena a este proceso, como lo comprueban las compras ilegales de baldíos adjudicados a campesinos por el antiguo Incora, realizadas en la altillanura (Orinoquia) por importantes capitalistas nacionales como Luis Carlos Sarmiento Angulo o la familia Uribe Moreno y empresas transnacionales de diverso origen.

Compras que el Gobierno nacional ha tratado de legalizar mediante la creación de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres), a través de diversas maniobras leguleyas. Tal es el caso, en primer lugar, de la modificación, en este sentido, de la ley 160 de 1994 en el Plan de Desarrollo 2010-2014, que fue declarada inconstitucional por la Corte correspondiente.

Posteriormente, a través de la presentación, en octubre de 2014, del proyecto de ley 133 de 2014, que tuvo que ser retirado ante la avalancha de críticas provenientes de múltiples sectores. Luego, la iniciativa fue incluida en el artículo 97 del proyecto de ley sobre el Plan de Desarrollo 2014-2018, pero no fue aprobada en su versión final. En abril del presente año, el Gobierno presentó un nuevo proyecto en este sentido, que empieza a tener buen ambiente en el Congreso (seguramente, gracias a dosis adicionales de mermelada).

Esta intención de acaparamiento de baldíos con fines de inversión le da a la contradicción con el latifundio una nueva connotación, toda vez que ya no se trata sólo de luchar contra la ganadería extensiva o contra el capital agrario tradicional sino que, ahora, es necesario defender lo poco que han conquistado los campesinos como reivindicación, cual es el derecho a ser los únicos posibles beneficiarios de la distribución de los baldíos nacionales. Esta lucha es aún más difícil porque el enemigo está dentro y fuera del país, con todo su poderío. A nuestro juicio, es del interés del Congreso de Fensuagro ocuparse de este asunto.