Nuevamente el Esmad se excedió en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, en el abuso de su investidura, atropellando a los invasores de unos predios ociosos ubicados en el municipio de Tarazá (Antioquia).

El 29 de marzo, unas 270 familias de bajos recursos económicos del municipio de Tarazá invadieron unos terrenos ociosos para construir allí sus viviendas ya que carecen de éstas; manifiestan ser desplazadas por el conflicto social, armado y político que aún hoy persiste en la zona.

El 2 de junio se presentan el inspector de policía y el comisario de familia del municipio de Tarazá, acompañados por el Esmad, quienes inician el desalojo en la Hacienda La Copa, donde se da lectura a la orden de desalojo a los presentes allí.

El 3 de junio se reinicia esta actividad por parte de la Inspección de Policía de Tarazá, el comisario de familia y el Esmad, en los predios de la Finca El Topacio y la orilla de la carretera que conduce hacia los corregimientos del Guáimaro y la Caucana. Este último terreno es de propiedad de Invías. Allí algunas personas son agredidas por miembros del Esmad y resulta afectado Rafael Emilio Valderrama, quien recibe un golpe en la cabeza con un objeto pesado.

Rafael es trasladado al hospital San Antonio donde le realizan una sutura de cuatro puntos. Este mismo día también fue lesionado un niño, quien fue remitido para la ciudad de Montería y de quien no se tiene la identidad debido a que su madre viajó con el menor en busca de atención médica.

El día 4 continúa el operativo en dichos predios, donde nuevamente son agredidas varias personas por miembros del Esmad. Entre ellas está Cristian Daniel Rodríguez Montoya. Este joven, al ver que estaban agrediendo su madre Hilda Noelia Montoya, salió en defensa de ella y es en ese momento cuando recibe varios golpes por la Fuerza Pública.

Manifiestan las personas que se habían asentado en los predios de Invías que el inspector de policía no les presentó la orden de desalojo de dicho predio.

Según información de algunas personas, dicen que le manifestaron al inspector de policía que habían sido desplazadas por la guerrilla y los paramilitares. La respuesta del inspector fue que le pidieran casa a los paramilitares y la guerrilla, hecho que lo toman las personas como una estigmatización. Entre las ofendidas están Gilma Amparo Giraldo Mazo y Liney del Carmen Lopera.

En este diligencia estuvieron varias personas de civil quienes se cubrieron el rostro, los cuales fueron los encargados de tumbar los ranchos y, según información de la comunidad, hacían parte del operativo policial.