La gran prensa colombiana en medio de su banalidad informativa ha querido minimizar el debate presente en los diálogos de paz de La Habana, como un llano dilema sobre la cárcel para los insurgentes y las condiciones de ésta. Detrás de esta superficialidad mediática, -violatoria incluso de nuestro derecho ciudadano a la información veraz, imparcial y oportuna-, se esconde no solo su nítido juego político de proyección de la agenda de pax romana del establecimiento, sino también la inopia teórica y conceptual de la derecha colombiana que homologa groseramente justicia con prisión. Lejos de esta lectura reduccionista aspectos ya pactados en la mesa, plasmados en la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y Garantías de No Repetición, así como polémicas que aún no se terminan de definir, ponen nuestro proceso de paz a la vanguardia de la discusión política global e inevitablemente involucran los capiteles mismos del actual statu quo en Colombia.

Los debates latentes que pasan por la mesa de La Habana, no se limitan al derecho penal o al régimen penitenciario, como lo piensan los represores ávidos de barrotes; las disertaciones que emanan de los diálogos, no son sustancialmente sobre las sanciones jurídicas y sus tipologías, como lo soñasen los tinterillos, sino que por el contrario nos llevan a profundas discusiones teórico-prácticas sobre el concepto de justicia y el estatuto de verdad para la paz y la reconciliación nacional. Realidad palmaria ésta, para todo aquel que no se pierda en las refracciones mediáticas y analice el trasfondo de la polémica que por su calado y densidad, ningún estado entablaría con una cuadrilla de malhechores.

El concepto de justicia

Sin querer trivializar la complejidad teórica del trasfondo de la discusión en La Habana, que inevitablemente se nutre y entra a nutrir debates contemporáneos de la teoría política y jurídica mundial, es necesario presentar escuetamente la esencia del debate. Antes de “impartir justicia” como tanto lo publicitan los funcionarios gubernamentales, debemos definir y acordar con precisión qué entendemos por justicia. La pregunta que miran con desdén los voceros estatales, tiene hoy la mayor pertinencia política en nuestro país. Cuando los enemigos de la solución política dicen falazmente que los colombianos debemos escoger entre “justicia” o paz, debemos cuestionar de qué tipo de justicia nos están hablando, porque para muchos solo habrá justicia con paz y solo habrá paz con justicia.

¿Justicia es cárcel? Eso balan los opinadores prepagos de los medios de información, para los que el país más justo tendría a toda su población presa. ¿Justicia es la aplicación de la ley colombiana? Las normas vomitadas por un parlamento indigno elegido por menos del 40% de los colombianos no solo son bastante cuestionables en términos axiológicos, sino que serían un difícil punto de encuentro con una insurgencia que se ha levantado en armas precisamente contra ese ordenamiento jurídico por no considerarlo legítimo y que está dialogando justamente para acordar con su contraparte un nuevo marco legal para la paz. ¿Justicia es el sistema judicial colombiano? Entre las tierras despojadas del magistrado Pretelt, los pasos del “doctor Salsa”, los cruceros de la magistrada Díaz y los fiscales de camuflado, digamos que la rama judicial del país, tiene la misma autoridad moral y legitimidad política para encarnar la justicia, que la Comisión de ética de la FIFA para representar la honestidad.

El debate es pertinente y está abierto en medio de la más profunda crisis de la justicia en Colombia; queda claro entonces que los dogmas gubernamentales sobre su “justicia” no pueden ser inamovibles para la paz, precisamente porque ésta no ha sido sino una legislación de guerra, incompatible con la solución política. Estamos impulsando un proceso de paz, no un proceso de sometimiento a la actual justicia. La justicia que requiere la paz, articulada al proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, dista del populismo punitivo que tantos réditos otorga a los politiqueros. Se trata de interpelar el paradigma mismo de justicia y trasladarnos del dispositivo “jurídico-formal” de la racionalidad weberiana, lejano de cualquier sentido material, hacia una nueva concepción de justicia para las necesidades propias y soberanas de la terminación del conflicto armado.

Es falso el dilema mediático entre justicia y acuerdo de paz. La contradicción es entre el anacrónico e injusto ordenamiento jurídico del conflicto y la justicia para la paz. La justicia para la paz no se trata que el estado colombiano incumpla sus funciones, como lo piensan sus críticos, sino que cumpla su fin: la reconciliación entre los colombianos y la unidad nacional. La labor central del estado no es la penalización y nunca ésta podría estar por encima del derecho a la paz. Para ello es necesario el giro en la concepción oficial de justicia, hacia una justicia transformativa, restaurativa y prospectiva, que haga hincapié en las acciones transformadoras de la realidad generadora de víctimas, (transformativa), en la reparación integral de éstas (restaurativa) y en la proyección de esta justicia para ser garantía de no repetición, es decir en la protección de las nuevas generaciones de posibles victimizaciones. Desde estos replanteamientos, un acuerdo de paz acrisolado en una nueva carta magna, se convierte en el ejercicio más pleno de justicia transformativa, restaurativa y prospectiva para las víctimas del conflicto y todos los colombianos, en cuanto garantizaría el fin de la confrontación armada victimizante. La solución política al conflicto armado desplegada por la ANC, se convierte en una oportunidad invaluable para que con el protagonismo de los trabajadores de la rama judicial -víctimas del mismo aparato para el que laboran-, la academia y todo el pueblo soberano, repensemos el sistema judicial colombiano y le demos cauce a la justicia para la paz.

Por el contrario, el actual y deformado código penal colombiano, rematado por el execrable sistema penitenciario -ambos ya colapsados-, están lejos de ser el ejercicio real de justicia que requerimos las víctimas del conflicto para nuestra reparación integral. Solo a manera de ejemplo, los prisioneros políticos no necesitamos que nuestros victimarios sean hacinados en condiciones infrahumanas en prisiones de máxima seguridad, requerimos el esclarecimiento de la verdad sobre nuestra persecución y victimización, la libertad plena, la cesación de la represión judicial y el establecimiento de garantías para nuestro ejercicio político solo otorgables en una Constituyente para la paz. El debate hoy, no es como maniqueamente los presentan los medios, una tozuda reticencia de los revolucionarios a la cárcel, -a la que si temen los auténticos gestores del conflicto-, sino un cuestionamiento de fondo sobre el concepto de justicia, la verdad sobre la guerra y la aridez del punitivismo para la reconciliación nacional y el resarcimiento de las víctimas.

Con el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se abona un importante paso en el camino de esta apuesta por una nueva concepción de justicia. Su articulación a un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como el carácter extrajudicial de la Comisión, favorecen a centrar los desarrollos en los procesos políticos para la reconciliación, así como para un ejercicio de justicia transformativo, restaurativo y prospectivo, sin extraviarnos en la convulsión punitiva, ya que se está partiendo de que la verdad del conflicto a desentrañar, será la base para la aplicación de justicia –en todos sus ribetes y acepciones- sobre los auténticos victimarios individuales y colectivos de la confrontación armada en estos más de 65 años. Mientras tanto, tras los falsos argumentos jurídicos y la pompa mediática la obsesión carcelera del establecimiento solo pretende ocultar sus profundos miedos políticos: cuando dicen que los revolucionarios le tememos a la prisión, realmente develan que ellos le temen a nuestra libertad.

Nos vemos en la ANC.