El pasado 7 de diciembre se llevó a cabo en la vereda La Cooperativa Sapadana, Río de Oro, frontera con el estado de Zulia de la hermana República Bolivariana de Venezuela, una reunión entre la compañía de exploración sísmica CGL, la comunidad indígena y campesina del bajo Catatumbo, y el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El tema tratado fue la exploración y explotación de los recursos naturales del Bajo Catatumbo.

La reunión fue convocada por los habitantes de ocho veredas de la zona: Caño Azul, Caño Escondido, Caño Mariela, Caño Ramón, Caño Tomas, Cooperativa Sapadana, El Progreso, La India y Las Timbas, quienes manifiestan no estar de acuerdo con la exploración y la explotación de los recursos en la región.

CGL, compañía contratada por Ecopetrol para estudios exploratorios en el Catatumbo, estuvo representada por los ingenieros Julián Dascón y Carlos Julio Carreño. Las comunidades campesinas estuvieron representadas por Benito Chacón Rodríguez de Asojuntas de La Gabarra; el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca); representantes de las juntas de acción comunal (JAC) de Caño Azul, Caño Escondido, Caño Mariela, Caño Ramón, Caño Thomas, Cooperativa Sapadana, El Progreso, La India y Las Timbas; y por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Por su parte, la comunidad indígena motilón barí estuvo representada por cinco caciques y la asociación Asocbarí. También participó la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, como organización que realiza el acompañamiento jurídico a Ascamcat y Asocbarí.

Los delegados de CGL hicieron a la comunidad una exposición de lo que será la exploración sísmica en el bajo Catatumbo y del desarrollo que éste traerá a toda la región. Según los ingenieros, la exploración se realizará en 25 veredas, tendrá una duración de 25 días por vereda y los lugares donde hasta el momento se ha desarrollado son propiedades privadas donde los dueños han dado la aprobación. Por su parte, los indígenas motilón barí manifiestan la violación de los resguardos por parte de CGL, pues en territorio barí se han encontrado elementos propios del trabajo de exploración sísmica. El pueblo barí expresó su rechazo a la exploración desde Puerto Barco (La Gabarra) hasta la frontera, ya que esta zona es sagrada para los indígenas barí.

Igualmente, las JAC convocantes manifestaron su rechazo a la exploración, posición que fue respaldada por Ascamcat, ya que algunas de estas JAC están vinculadas a nuestra asociación, que tiene por política la explotación racional de los recursos naturales con un beneficio real hacia las comunidades. Así mismo, Ascamcat ha planteado el respeto a los territorios sagrados de los indígenas barí. A esta posición de rechazo a la exploración se sumaron los compañeros del Cisca.

Posición contraria a la anterior fue la asumida por Asojuntas de La Gabarra, cuyo representante Benito Chacón días antes hizo llegar un oficio a Ascamcat firmado por él y 27 líderes comunitarios, supuestamente “asistentes a una reunión” celebrada el día 19 de noviembre. En el oficio se indicaba que las juntas del bajo Catatumbo no se oponían al trabajo de CGL y solicitaba a Ascamcat no impedir la exploración (ver: Ascamcat responde a Asojuntas de La Gabarra). Ya en la reunión se indicó que la firma del presidente de la JAC de Caño Mariela, quien figura como asistente el 19 de noviembre, es falsa, pues no participó de dicho encuentro. Benito Chacón señaló que la firma del presidente de Caño Mariela fue hecha por el mayor Ramírez del Ejército Nacional, de la base de La Gabarra. Así mismo, se cuestionó la posición asumida por Asojuntas de La Gabarra, por ser poco favorable a los intereses del campesinado.

Finalmente, la exploración quedó paralizada debido al rechazo rotundo hecho por las comunidades. CGL y Asojuntas de La Gabarra señalaron a Ascamcat como quien estaba impidiendo la exploración en la zona, desconociendo que tanto las JAC como el pueblo barí repulsan la exploración sísmica. Un delegado de CGL hizo señalamientos sobre una futura judicialización de los líderes de la asociación campesina, ante lo cual el presidente de Ascamcat no dudó en señalar a CGL y a la base militar de La Gabarra como responsables por una eventual persecución a integrantes de la asociación.