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Debate
Ilegalidad en la formación del Estado: el caso de la coca
Parece paradoja y no lo es: el Estado se forja también en la ilegalidad. Los cultivos de coca en el sur de Colombia han ayudado a crear el Estado local y a integrar esas regiones con la economía y la sociedad nacionales.
Javier Revelo Rebolledo / Jueves 23 de julio de 2015
 

Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo

María Clara Torres Bustamente

Odecofi-Cinep

2011

Paradojas

La semana pasada se reunieron en Mocoa más de 700 líderes con el fin de participar en la “Constituyente Nacional de cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana”. Según las conclusiones del evento, los campesinos –mal llamados “ilícitos”- están demandando más y no menos intervención estatal. Así por ejemplo, los cocaleros reclaman mayor inversión en servicios públicos e infraestructura vial.

¿Cómo explicar que quienes han vivido al margen de la ley durante más de tres décadas reclamen la presencia estatal en vez de rechazarla? ¿Por qué quienes han sido abandonados, perseguidos o –literalmente- envenenados, siguen exigiendo la intervención del Estado?

El libro de María Clara Torres Bustamante, Estado y coca en la frontera Colombiana, nos ayuda a comprender esta y otras varias paradojas sobre las relaciones entre ilegalidad y política, en general, y entre coca y Estado, en particular. El libro presenta una interesante reflexión teórica y una rigurosa investigación empírica sobre el papel de la coca tanto en la formación del Estado local en el bajo Putumayo como en la integración de esta región al Estado central.

Estado y coca en el bajo Putumayo

El libro es una crítica aguda y polémica al supuesto según el cual la coca es una amenaza para la formación del Estado y para el desarrollo regional.

Según Torres, la coca y la ilegalidad en el bajo Putumayo, en lugar de deformar al Estado local, lo han formado. La ilegalidad entonces no siempre iría en contravía de la formación del Estado local.

Esta idea es un desarrollo natural de las críticas que el Observatorio para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones afectadas por el conflicto armado (ODECOFI) ha venido formulando a los supuestos normativos que suelen subyacer a los estudios sobre la formación del Estado.

Sin embargo, aclara la autora que los efectos de la coca no han sido planeados en virtud de alguna “conspiración mafiosa” (p. 67), de modo que la contribución de este cultivo a la formación del Estado local ha sido indirecta. Esta conclusión se desprende del enfoque teórico y metodológico del libro. Torres plantea, citando a autores como Charles Tilly, Ernest Gellner y Norbert Elias, que la formación del Estado debe entenderse como un proceso histórico y social. Así, el libro no se centra en los “protagonistas” de la formación estatal, sino en sus “procesos históricos y sociológicos” (p. 34).

Mientras que los primeros capítulos del libro exploran la contribución indirecta de la coca a la formación del Estado local, los siguientes capítulos se centran en la integración de la región a la vida nacional.

Torres argumenta que la bonanza cocalera (1980-2000) fue el catalizador más reciente de la colonización del bajo Putumayo. De esta manera, gracias a la coca, muchos colonos decidieron asentarse en la región, las sociedades locales se hicieron más complejas, el mercado se desarrolló y la economía se monetizó aún más. En breve, el boom cocalero creó las condiciones sociales para la formación del Estado.

Estas transformaciones sociales a su vez promovieron un mayor reconocimiento por parte del Estado central y una ambigua formalización de la vida social. Dicho reconocimiento fue posible gracias a que los colonos se organizaron para presionar la constitución de nuevos municipios. Luego vino una cierta “estatalización” de la vida social, la cual es necesariamente ambigua en regiones donde la economía es predominantemente ilegal. En este punto, Torres ilustra con maestría y creatividad la idea de Fernando Escalante sobre el “incumplimiento selectivo de la ley”, según el cual lo legal y lo ilegal necesariamente conviven y se negocian.

Pero la coca no sólo contribuyó indirectamente a la formación del Estado local, sino también a la integración de la región al Estado central. En este sentido, los últimos capítulos del libro estudian cómo las transformaciones sociales resultantes de la bonanza cocalera han afectado tanto los procesos electorales como las hegemonías partidistas.

Así, por ejemplo, plantea la autora que, a pesar de la ilegalidad, en el bajo Putumayo la participación electoral es muy alta. Esto es así porque los habitantes buscan resistir con el voto tanto la marginalidad y estigmatización de las fuerzas estatales como el control de facto que ejercen las FARC. El libro concluye con el análisis de la “textura” del partido liberal en el Putumayo para mostrar cómo la coca fue cambiando las hegemonías partidistas y las facciones dentro de este partido.

Ilegalidad, formación y de-formación del Estado

Para estudiar los efectos indirectos del boom cocalero, este libro se concentra en el papel de los campesinos y colonos. En este contexto, la tesis del libro es convincente y está muy bien documentada.

Sin embargo, conviene recalcar que la coca llevó a la región no sólo colonos sino aparatos de violencia (por ejemplo, las FARC). Por esta razón, a mi juicio, la escasa atención del libro a los mecanismos de la violencia en la región pone en evidencia dos limitaciones.

En primer lugar, la presencia y control territorial que ejercen los grupos armados implicaría que en el bajo Putumayo la acción política de los campesinos y colonos no sería tan autónoma como la presenta el libro. De hecho, como María Clemencia Ramírez dijo hace unos años, los campesinos cocaleros del Putumayo viven “entre el Estado y la guerrilla”, lo cual ha implicado altos niveles de victimización.

En segundo lugar, la llegada de los grupos armados mostraría que la ilegalidad también es una amenaza para la formación del Estado y para la integración de la región. Esto es así porque los cultivos de coca no sólo promueven indirectamente las condiciones sociales para la formación del Estado, como diría Torres, sino también porque fortalecen y financian verdaderos ejércitos que compiten con el Estado.

Si la formación del Estado es un proceso sociológico cuya característica específica es el monopolio de la coerción, aquellos procesos sociales que promueven otras formas de dominio y de competencia armada también son una amenaza para la formación del Estado.

En conclusión, los campesinos cocaleros del Putumayo, los mismos que viven al borde de la ilegalidad, quieren más y no menos Estado. Así lo muestra el libro de María Clara Torres y lo re-afirmaron los campesinos las semana pasada en la constituyente de la coca.

A pesar de que sus demandas no son nuevas, la coyuntura sí lo es. Hoy por hoy la posibilidad de alcanzar una paz negociada con las FARC ubica a los campesinos cocaleros en el centro del debate, quienes no sólo merecen un mayor reconocimiento y apoyo sino también menos estigmatización.