El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, denuncia los actos de amedrentamiento, señalamientos y amenazas con que la fuerza pública viene respondiendo a los estudiantes, padres de familia y lo que ya es una situación sistemática contra los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de San José de Apartadó por su exigencia de reubicación de la base militar aledaña al centro educativo El Mariano, en lo que constituye un tratamiento de guerra contra la población civil para reprimir su legítimo derecho a la protesta pacífica, todo lo cual viola las normas constitucionales que consagran el derecho a la protesta y las normas de Derecho Internacional Humanitario, específicamente el principio de distinción y las prohibiciones expresas contenidas en el Titulo IV, Artículo 13 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y que a su tenor literal expresa:

“TÍTULO IV - POBLACIÓN CIVIL

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.

El día 21 de julio pasado, los estudiantes de la Institución Educativa Rural El Mariano del corregimiento de San José de Apartadó, reunidos en Asamblea General de Estudiantes, tomaron la decisión de entrar en cese de actividades académicas a partir del día 22 de julio, dadas las precarias condiciones y de hacinamiento en que están recibiendo clases, no obstante tener una planta física nueva que no han podido utilizar por la cercanía de esta a una base militar, lo que los pondría en grave riesgo, no solo al personal estudiantil, sino también al personal docente teniendo en cuenta que este corregimiento ha sido y es actualmente zona de conflicto armado y que ya se han presentado varios eventos de pobladores civiles asesinados y heridos como consecuencia de los enfrentamientos armados.

Un día después de iniciado el cese de actividades (23 de julio), en declaraciones hechas en los noticieros vespertinos locales de la emisoras Apartadó Estéreo y Antena Estéreo, el comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional, Coronel Germán Rojas Díaz manifestó que “el paro se hacía por manipulación de algunas persona que se hacen pasar por líderes y defensores de derechos humanos como Arley Cartagena y Laura Cataño quien tiene una hija que es una terrorista de las FARC que está en prisión domiciliaria y que ésta presión a los estudiantes la están haciendo estas personas para sacar a la fuerza pública de San José, quien sabe con que intenciones”.

Ese mismo día 23 de julio, dos voceras estudiantiles que hacen parte del Consejo Estudiantil por la Paz de la institución educativa, instancia de gobierno estudiantil que viene liderando esta legitima acción de protesta, recibieron amenazas a través de llamadas que hicieron a sus celulares en las que una voz masculina las instaba a “dejar de chimbiar y no buscarse problemas con eso del paro estudiantil”. Ese mismo día las estudiantes recibieron una llamada de una mujer que les preguntaba insistentemente si ese paro lo estaba promoviendo Arley Cartagena y Laura Cataño.

Laura y Arley son líderes reconocidos del corregimiento, la primera como presidenta de la junta de acción comunal y el segundo como coordinador del Comité de y para los Derechos Humanos, quienes ya en varias ocasiones han sido señalados por el Comandante de la Brigada y recurrentemente amenazados de muerte por personas anónimas.

El día 24 de julio desde tempranas horas de la mañana fueron instalados dos tanques de guerra del ejército nacional, los cuales ostentaban sus amenazantes cañones ante los temerosos ojos de los pobladores. Toda la vía de acceso al corregimiento desde el casco poblado hasta el caso municipal fue militarizada. Incluso en la vereda Caracolí, que se encuentra sobre la vía, se vio a los soldados acompañados de un grupo de hombres vestidos de civil con corte militar y que se transportaban en motos de alto cilindraje. En el casco poblado se ubicó una patrulla de hombres del grupo especializado de la policía nacional GOES. Toda esta situación hizo recordar a los pobladores la aterradora época de Rito Alejo del Río en las que después de aparecer los tanques de guerra, aparecían los paramilitares con su orgia de sangre y atropellos.

Al mismo tiempo en que aparecieron los tanques de guerra, nuevamente el Coronel Germán Rojas Díaz hacía sus declaraciones ante los medios noticiosos vespertinos en el mismo sentido de señalar a los líderes y deslegitimar la acción de protesta estudiantil. En horas de la noche, ante el noticiero del canal regional Teleantioquia que se transmite a las 7:30 pm, el comandante de la Brigada denunciaba que este paro estudiantil era ordenado por el 5° Frente de las FARC.

El mismo día 24 de julio, mientras las voceras del paro estudiantil sostenían una reunión con un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, nuevamente recibieron una llamada a su teléfono celular en la que un hombre después de preguntar por la señora Laura, las instó a "dejar de chimbiar con lo del paro sino querían que les hicieran un visita" e hizo referencia a los tanques de guerra que se instalaron ese día sobre el corregimiento. De igual forma, desde hace ya un par de meses es preocupante la militarización y permanente vigilancia de las viviendas de varios líderes comunales, incluso la vivienda de la presidenta de Acción Comunal de San José de Apartadó, la señora Laura Cataño.

El día 25 de julio, la Brigada XVII del Ejército Nacional realizó una operación de las que denominan “Acción Cívico-Militar” o “Jornada de integración y Desarrollo” que involucró actividades militares con menores de edad. Esta acción se desarrolló en la vereda La Victoria que se ubica sobre la vía de acceso al casco poblado del corregimiento y donde el día anterior se había instalado uno de los tanques de guerra. Esta acción se traduce en una clara violación a las normas del DIH que prescriben el principio de protección o prevención según el cual ningún actor armado puede poner en riesgo a la población civil o involucrarla para el logro de sus objetivos de guerra. Además se han vulnerado otras normas internacionales y nacionales tales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley 1098 de 2006, conocida como Código de Infancia y Adolescencia, que expresamente en su Artículo 41 Numeral 29 ordena:

“Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:

…29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares.”