Para el movimiento popular colombiano es una aspiración histórica alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado y en su interludio decisiones que garanticen sus derechos y tranquilidad, es decir: el cese de las operaciones militares y garantías a las comunidades para ejercer sus derechos políticos.

En esa dirección el cese bilateral de fuegos representa un escenario de avance para los diálogos y de efecto directo en la vida rural. Lamentablemente el gobierno nacional no ha ordenado a las Fuerzas Militares un cese de operaciones consecuente con la decisión de su contraparte, que durante el proceso de diálogos ha concedido de manera unilateral cinco treguas.

El referente más cercano es la experiencia de tregua unilateral por parte de las FARC declarada en diciembre de 2014 y que se deshizo por los sucesos de Buenos Aires (Cauca) y posteriores bombardeos contra esta guerrilla en Guapi, también en el Cauca, y en el Nordeste Antioqueño, que dejaron casi cincuenta víctimas entre soldados y guerrilleros, y desplazamiento de cientos de civiles.

Durante este periodo, desde las organizaciones sociales como el Frente Amplio por la Paz y el movimiento campesino se impulsaron campañas de verificación del cumplimiento de la tregua, estableciendo que seguían las acciones militares en zonas de presencia insurgente, situación que ponía en peligro la decisión unilateral de las FARC. El desenlace era previsible y puso en jaque el proceso mismo.

Organizaciones sociales, gestoras de paz

En medio de esta crisis el movimiento social mantuvo la propuesta de cese bilateral para garantizar el avance de las conversaciones. Se desarrollaron tareas de verificación en las regiones afectadas por los enfrentamientos y se estableció que los casi cinco meses de tregua generaron un impacto positivo en las regiones agrarias, disminuyendo drásticamente los efectos de la guerra y potenciando un clima favorable para seguir avanzando hacia un acuerdo final, y que el levantamiento del cese suscitaba el temor de las comunidades de terminar en medio de la guerra.

El alivio vino de parte de la insurgencia, al declarar una nueva tregua a partir del 20 de julio. Las gestiones del movimiento social por la paz y la declaración de los países garantes en el sentido de fortalecer el proceso de diálogos fueron interpretadas por la delegación guerrillera al asumir esta decisión. El Frente Amplio y las organizaciones que confluyen en las plataformas por la paz y la Cumbre Agraria ofrecieron su asistencia para garantizar que esta definición avance y abra el camino al cese bilateral de fuegos.

El papel verificador ha obtenido reconocimiento de la misión de Naciones Unidas en Colombia y la Unasur. La red de universidades por la paz, las Iglesias, el movimiento de constituyentes por la paz y el Frente Amplio han asumido la tarea de acompañar la verificación, con la novedad de las declaraciones del presidente en el sentido de suspender los bombardeos, hecho que debe contribuir a un cese bilateral.

La verificación en los territorios por parte de las organizaciones campesinas permitirá constatar el cumplimiento de la tregua y abrirá el camino para generar las condiciones que permitan terminar la guerra en un acuerdo que surja de redimir las comunidades rurales, víctimas de la exclusión y de un conflicto creado por los usurpadores de su tierra y trabajo.