Lo ocurrido con los 13 jóvenes activistas y defensores de DD.HH., señalados de ser los autores de actos terroristas en Bogotá, no es nada nuevo. No sólo los organismos judiciales han empleado esta táctica de guerra, también la fuerza pública en múltiples ocasiones se ha servido de montajes y falsas pruebas para reprimir al movimiento social y popular. Es el caso concreto de hechos acaecidos en San José del Guaviare, donde fueron utilizadas granadas explosivas para inculpar campesinos y vincularlos con accionares delictivos en varias ocasiones.

Estas personas fueron defendidas por abogados de la Corporación Solidaridad Jurídica, quienes en desarrollo del proceso lograron demostrar que éste estaba fundado en la denuncia de un habitante de la región, quien confesó que había recibido una suma de dinero (un millón de pesos) por agentes del estado para inculpar a los campesinos y así legalizar todo el proceso de allanamiento y captura de campesinos a quienes en el transcurso del proceso se demostró que eran inocentes de los cargos señalados.

Posiblemente ocurra lo mismo con las últimas capturas masivas cometidas en Bogotá y el Meta; pero ¿Quién va a reparar a estos defensores de DD.HH. y sus familiares por los atropellos cometidos contra ellos? Porque, está claro que la cárcel, como método de castigo y escarmiento hacia el movimiento social en Colombia, es un móvil vilmente utilizado por el estado con el fin de neutralizar, silenciar y reprimir a aquellos que siguen luchando por una paz con justicia social.

Mientras en La Habana se discuten y se acuerdan puntos como el de la participación política, y se habla de garantías para que la oposición ejerza su derecho legítimo y constitucional de hacer política, en Colombia se criminaliza a todo aquel que piensa diferente (es el caso de los prisioneros políticos de conciencia), a todo aquel que ejerce su derecho constitucional a organizarse para defender sus derechos; pero no solo ellos. En las zonas donde históricamente se ha desarrollado el conflicto social, político y armado que ha sufrido el país por más de 60 años, también son criminalizados los campesinos por haber cometido el delito de vivir en estas zonas; son tildados de auxiliadores de la insurgencia, y muchas veces, cuando no son asesinados, son perseguidos, estigmatizados y judicializados por vivir allí. Más aun cuando se organizan para hablar de derechos humanos y contrarrestar las vulneraciones al derecho internacional humanitario, como sucedió en días anteriores con los compañeros líderes de la fundación DHOC. La materialización de los acuerdos logrados en La Habana, debe sin duda alguna, sentirse en los lugares donde se desarrolla el conflicto con mayor intensidad y mostrar voluntad y hechos reales de paz por parte del estado y sus instituciones, eso también hace parte del desescalonamiento de la guerra.

Existen miles de prisioneros políticos en Colombia que han sido víctimas de montajes judiciales por parte del establecimiento, que mediante falsos testigos, señalamientos, persecuciones y estigmatizaciones, se ha valido para encarcelar y reprimir las voces divergentes y el pensamiento crítico en el país.