Ante la aguda situación de vulnerabilidad de los derechos humanos de activistas y candidatos de la Unión Patriótica, a lo largo y ancho del territorio nacional, el Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos CPDH, organismo consultor en Colombia de las Naciones Unidas ONU, envió, ante el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, una solicitud de intervención con carácter urgente.

El CPDH relata una serie de hechos que respaldan la falta de garantías de no repetición, vulneraciones y violaciones de los derechos humanos y fundamentales de militantes de la Unión Patriótica.

Dentro de los últimos hechos que se relatan en la alerta, se encuentran los relacionados con dos atentados con arma de fuego, contra la vida de algunos de sus militantes.

Atentados

“Es el caso de Didier Fernando Quinayas, hijo de Ricardo Quinayas, quien en repetidas ocasiones ha recibido amenazas, al igual que su padre, por su vinculación con el movimiento social. Hoy día su padre se encuentra inscrito como candidato al concejo municipal de Sucre, en el departamento del Cauca por la Unión Patriótica. A este joven, el día 12 de septiembre, siendo aproximadamente las 9:45 de la noche, personas desconocidas ingresaron a una discoteca ubicada en la cabecera municipal y le propinaron, por la espalda, 4 disparos con arma de fuego. En este momento se conoce que está en coma inducido, dado el daño que le han causado los disparos a su organismo”, expone la alerta temprana.

En estos hechos, varias personas que se encontraban con Didier Quinayas también recibieron impactos de bala.

Otro de los hechos ocurrió en el departamento de Sucre: “El martes 8 de septiembre, a las diez de la mañana aproximadamente, Hugo Sánchez Alquerque, candidato a la alcaldía del municipio de Palmitos en el departamento de Sucre, se desplazaba en motocicleta hacia una reunión con algunos habitantes de una vereda cercana al casco urbano. En este recorrido fue interceptado por unos sujetos, quienes, con armas de fuego, le dispararon en repetidas ocasiones. Hugo recibió dos impactos de bala y, gracias al chaleco antibalas, logró salvar su vida”.

Persecución judicial

“El día 2 de septiembre a las 9: 30 am, fue capturado por agentes de la policía, Juan Francisco López Bautista, candidato al concejo de Barrancabermeja por la UP. Juan Francisco, es líder comunitario del corregimiento Centro de Barrancabermeja, presidente actual de Asojuntas, además fue un reconocido líder Sindical de la Unión Sindical Obrera, USO”, dice el informe del CPDH.

Este líder social es un defensor reconocido del derecho al trabajo, defensor del derecho a la vida, y ejerce la veeduría a la contratación de la Occidental y de Ecopetrol y es un férreo opositor al desalojo de las comunidades del corregimiento El Centro por parte de la petrolera, por lo que viene siendo hostigado y perseguido por grupos al margen de la ley y que además ha sido víctima de amenazas constantes.

Esta misma situación se vive en el Cauca; el día 21 de agosto, en Popayán, fue capturado el candidato a la alcaldía de Guapi en ese departamento, Marino Grueso Obregón. Marino es un destacado líder y se ha ganado el aprecio de las comunidades y el reconocimiento de los organismos nacionales e internacionales por su labor como gestor cultural y director de la casa de cultura, lo que posibilitó que junto a numerosos trabajadores de la cultura de la región conformaran el Grupo Gestor Regional para el impulso del Plan Especial de Salvaguardia, PES.

Junto a él se encuentran, también privados de la libertad, Plutarco Grueso y Orlando Grueso, padre y hermano de Marino Grueso Obregón. Estas detenciones están dentro de procesos con clara ausencia de garantías, con señalamientos falsos y homofóbicos. Según la versión de los testigos, sobre las cuales se soporta su detención, Marino es un hombre alto, delgado, con cabello pintado de amarillo y gay. Cosa que no obedece a la realidad de su persona.

Otra situación que se ha calificado como inverosímil, es la relacionada con Daniel Felipe Cardona, quien es estudiante, líder social y candidato por la UP al concejo municipal de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda. Felipe fue detenido el jueves 30 de julio en horas de la mañana, en un procedimiento ilegal, conocido como “batidas”, perpetradas por miembros del Ejército Nacional, con el objetivo de ser obligado a prestar el servicio militar.

Situaciones no menos complejas vivieron las candidatas Imelda Daza, a la Gobernación del departamento del Cesar y Aidé Moreno, candidata a la asamblea departamental del Meta, quienes fueron retenidas por lapsos de más de tres horas, aproximadamente, en retenes de la Policía y el Ejército Nacional. Estas retenciones se hicieron de manera ilegal, debido a que, sin justificación alguna, detuvieron los carros de los esquemas de seguridad, sin permitir la libre locomoción de las candidatas.

De acuerdo con estos hechos, el CPDH y la UP esperan que la defensoría del Pueblo se apersone de la situación y se le brinde a este partido político, que acaba de surgir después vivir un genocidio político, las garantías para ejercer la política y los derechos constitucionales, como el derecho a la vida, la integridad física y de locomoción a sus integrantes. Así mismo se exige que se investiguen los hechos en los que se han visto afectadas las personas víctimas de atentados, se resuelvan los casos de montajes judiciales y se permita continuar con la práctica política en el país.

La UP y sus militantes han hecho un llamado a las organizaciones internacionales de DDHH para que insten al Gobierno colombiano a garantizar sus derechos. Así mismo buscan la solidaridad de las organizaciones sociales, bajo la premisa de que el genocidio no se puede repetir.