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Hacia la solución de los cultivos de uso ilícito
El Plan Integral para la Sustitución de Cultivos y sus diferencias con el acuerdo “Solución al problema de las drogas ilícitas” de la mesa de La Habana
Freddy Ordóñez / Sábado 3 de octubre de 2015
 

El pasado 22 de septiembre el Gobierno central dio a conocer el Plan Integral para la Sustitución de Cultivos; previamente, se había difundido en el marco de las conversaciones de La Habana el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, contenido en el acuerdo “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Ante estas dos propuestas, surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias principales entre el plan gubernamental y el Programa de las Partes en la Mesa?

El Plan Integral para la Sustitución de Cultivos del Gobierno nacional se presenta como parte del nuevo enfoque para atacar el problema del narcotráfico, lo que implica reducir el delito asociado al narcotráfico y trabajar para disminuir las vulnerabilidades de zonas afectadas por la producción de cultivos de uso ilícito mediante el mejoramiento de condiciones sociales, económicas, políticas y de seguridad de los territorios y su población. Esta iniciativa se apoyará en la participación comunitaria y en seis frentes: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional; además, presenta un principio orientador, la focalización (con el argumento de que los cultivos ilícitos están cada vez más concentrados), en el cual se propone que el plan se comience a implementar en Nariño y en Putumayo.

En términos institucionales, habrá una gerencia del plan adscrita a Presidencia y se proyecta la creación de la Agencia para el Desarrollo Alternativo en Zonas de Cultivos Ilícitos antes de finalizar el año 2015. Para el caso de los Parques Nacionales Naturales (PNN), se contempla un plan especial que, a partir de la erradicación voluntaria, la relocalización y la implementación de actividades afines a la conservación, permita la intervención en 8 PNN, erradicar 4.000 hectáreas, beneficiar a 1.000 familias y desarrollar 320 iniciativas y alternativas productivas fuera de los parques.

Por su parte, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito es una apuesta de cobertura nacional que busca contribuir a generar condiciones que les permitan a los campesinos que se dedican a los cultivos de uso ilícito –en regiones caracterizadas por la pobreza, marginalidad y débil presencia institucional– tener oportunidades para desvincularse definitivamente de esa actividad y a los habitantes de zonas afectadas por estos cultivos gozar de condiciones de bienestar y buen vivir. Este programa, que forma parte de la Reforma Rural Integral (RRI), tiene diez objetivos acordados, agrupados en superación y generación de mejores condiciones de vida para las familias vinculadas con los cultivos ilícitos, fortalecimiento de la participación comunitaria y de la presencia institucional, así como contribución a la sostenibilidad ambiental, a la soberanía alimentaria y al cierre de la frontera agrícola.

La Presidencia de la República liderará este programa, cuyos principales elementos serán la seguridad para las comunidades y territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, la concertación con las comunidades para la sustitución voluntaria, la priorización de territorios y el tratamiento penal diferencial. Se impulsarán planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda) en los ámbitos municipal y comunitario, que se enmarcarán dentro de la RRI y se construirán en forma participativa, lo que implica la estructuración de asambleas comunitarias y de comisiones municipales de planeación participativa; en estas últimas harán presencia delegados de las primeras, al igual que autoridades de los órdenes municipal, departamental y nacional que tengan que ver con la implementación del programa.

En los Pisda se incluirán proyectos para la implementación de los planes nacionales acordados en el punto 1 de la Agenda de La Habana (adecuación de tierras, infraestructura vial y comunicaciones, desarrollo social, asistencia técnica, crédito y financiación, mercadeo, compras estatales, etc.), componentes de atención inmediata y generación de ingresos, obras de infraestructura social de ejecución rápida, de sostenibilidad y de recuperación ambiental, formalización de la propiedad y medidas especiales para zonas apartadas.

Para resolver el problema de la presencia de cultivos de uso ilícito en los PNN se proponen mecanismos de interlocución directa con las comunidades para construir acuerdos de sustitución voluntaria.

Las dos propuestas guardan algunas similitudes (por ejemplo, partir de un enfoque contrario a la erradicación forzada y plantear la participación comunitaria de la sustitución voluntaria), pero presentan diferencias importantes, sobre todo en la cobertura, la institucionalidad propuesta, los tiempos para la sustitución de cultivos, la participación y responsabilidad de los entes territoriales, la cantidad de medidas para la sustitución y generación de recursos económicos, la vinculación a las políticas de desarrollo rural y el abordaje de los cultivos de uso ilícito en los PNN.

Así las cosas, el plan se presenta como una iniciativa interesante pero que no puede confundirse con el programa convenido con las FARC-EP en La Habana, este último orientado a superar nacional y estructuralmente el problema de los cultivos de uso ilícito. No obstante, la puesta en marcha del Plan Integral del Gobierno es una oportunidad para materializar la sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño y Putumayo, anhelada y esperada por afrodescendientes, campesinos y obreros de la hoja de coca, quienes en el 2006 llegaron a formular planes de desarrollo alternativos que el Gobierno de entonces no tomó en cuenta. Esperemos que ahora sea diferente.