Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Finaliza la gira de fortalecimiento regional de Cahucopana
Entre el proceso de paz y las realidades de las comunidades
Kari Mancera / Martes 6 de octubre de 2015
 

A pesar de que en otras partes del país se presenta sequía, en una de las veredas de la parte alta del Nordeste Antioqueño llueve. La gente, por medio de canaletas de los techos de zinc y canecas, recolectan el agua que utilizan en sus quehaceres cotidianos. Ahora están empezando a solucionar el problema del acueducto para todos. Se escuchan los rumores de la llegada de la electrificación pública que hace unos días se volvió realidad en una de las veredas que queda aproximadamente a tres horas en moto de este caserío. Luego de interminables luchas desde la junta de acción comunal con el municipio y desde las organizaciones sociales en los escenarios de negociación departamentales y nacionales, se empieza a ver la intervención del Estado más allá de la militarización del territorio. Ahora se espera que la energía llegue allí. El consumo de gasolina de la planta de la mina, que es la que garantiza la energía actualmente, se disminuiría y dicha energía estaría totalmente en función de los ascensores y otros aparatos que poco a poco se han ido comprando para tecnificar la veta de la mina artesanal del caserío.

Hace unos años, las condiciones de vida eran totalmente diferentes. Ante la falta de una carretera, llegar a las veredas más lejanas tomaba de dos a tres jornadas en bestia (caballo o mula), dependía del clima y de la situación de orden público. La gente se arriesgaba a moverse de una vereda a otra según lo que se escuchara de hechos y de presencia de actores armados en los caminos. Entre los bloqueos económicos de los paramilitares a la entrada a región y los operativos militares constantes (a veces coordinados con los paramilitares), nace hace 10 años la Corporación CAHUCOPANA como iniciativa campesina, para afrontar dichas situaciones.

Ya en un contexto diferente, donde persiste el conflicto armado, se pueden encontrar tiendas con algunos productos, que por lo menos permite variar la dieta y tener de vez en cuando frutas y verduras diferentes, en neveras que pueden ser entradas. Así mismo, se pudieron entrar letrinas, tejas de zinc, cemento, cosas básicas que están permitiendo mejorar las condiciones de las viviendas. Se empiezan a ver condiciones que han sido producto de las iniciativas y acciones de las comunidades.

A propósito de las elecciones, ahora que hay carreteras, diferentes candidatos a la Alcaldía han hecho presencia en las comunidades. Han tenido que sufrir las complicaciones de un viaje por los caminos abiertos por una retroexcavadora, pero mantenida por las mismas comunidades. Aquí todas las comunidades acordaron sacar un día al mes para arreglar los espacios comunales, de los caseríos y la carretera que las comunica, por ello se prohíbe que ese día transiten vehículos por la carretera, excepto por una emergencia.

Echando “rula” y piedra los días de trabajo colectivo, como lo llaman allá, garantizan que partes de la carretera dañadas por el clima sean transitables para todos: “porque como es algo que logramos entre todos y nos beneficia a todos, nosotros mismos debemos garantizar que esté en buenas condiciones para que nos siga sirviendo” plantea uno de los habitantes que va saliendo ese día de trabajo colectivo. Mientras tanto las mujeres garantizan que el caserío esté aseado, que haya canecas, que la caseta comunal esté en buenas condiciones. “Ahí van saliendo una y otra cosita, siempre hay algo que hacer” comentaba una de las líderes ese día. Por ello no se espera nada del Alcalde que gane, porque allí llegan con promesas, pero la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida ha dependido única y exclusivamente de las comunidades.

Sin embargo, ante el nuevo escenario político en el marco de los acuerdos de la Habana, algunos líderes fueron apoyados por las comunidades para ser candidatos al Consejo Municipal. Doce líderes y lideresas de diferentes veredas conformaron una lista que pretende llegar a este cuerpo colegiado para realizar un control e incidencia en la política pública del municipio de Remedios, con el ánimo de garantizar un cambio en las formas de hacer política y el direccionamiento a las comunidades de miles de millones de pesos que le entran al municipio.

Aunque es un reto que se asumió colectivamente, desde la Mesa Comunal por la vida Digna en la cual nos encontramos las comunidades de toda la región, se sabe que tenemos que afrontar toda una maquinaria electoral de quienes siempre han estado en el gobierno municipal, pero además de ello convencernos de que en este momento de la historia colombiana se está mirando si existen las garantías para la participación política de quienes históricamente hemos sido excluidos en nuestro derecho de elegir y ser elegidos y convencernos de que vale la pena participar en los escenarios electorales para transformar la realidad.

Adicional al miedo que generan las amenazas que han llegado y al aumento de asesinatos que se percibe en los municipios por los corrillos de los habitantes del pueblo, muchas de las personas de las comunidades, con más de 30 años de edad, jamás han votado. En el sistema electoral colombiano muy poca gente es la que cree. Colombia se caracteriza por tener altos porcentajes de abstencionismo, siendo el país latinoamericano con menor participación electoral en las últimas tres elecciones presidenciales. Esto se refleja evidentemente en la región, en donde muchas personas que van a salir a votar por primera vez lo hacen para apoyar al líder comunal que apoyaron las mismas comunidades desde el principio.

Los anuncios de la Habana y la incertidumbre de las comunidades mineras

Cahucopana, en su próxima entrega sobre la gira de fortalecimiento, dará a conocer las conclusiones del trabajo que se realizó en torno a la política gubernamental de persecución contra la pequeña minería, en donde se socializó la normatividad que progresivamente ha hecho el gobierno colombiano desde 2007 para direccionar una persecución militar y judicial que se ha agudizado contra las comunidades mineras.

Hoy, en el marco del proceso de paz, el gobierno en sus anuncios “Declara la guerra a la minería criminal” y se enorgullece de la presentación de cifras de “resultados en la lucha contra la minería ilegal 2010-2015” [1]:

1.118 operaciones realizadas.
3.555 minas han sido intervenidas.
8.202 personas han sido capturadas.
258 piezas de maquinaria han sido destruidas.
4.879 piezas de maquinaria incautadas (volquetas, motores, motobombas, dragas).

Las comunidades, así como lo han hecho con el tema de electrificación, han reiterado que se necesita una intervención social y económica que conduzca a la legalización y formalización de las minas artesanales en el nordeste.

Por el contrario, y como se ha presentado a lo largo del año, solo existe una intervención militar persistente, con hechos de infracción al DIH y estigmatización que la Corporación continua denunciando. La constante persecución hacia las comunidades mineras mantiene en zozobra a las comunidades debido al temor de alguna intervención a la mina o capturas que se puedan presentar en la región, tal como hemos podido constatar con el seguimiento de prensa sobre las “intervenciones” a minas y capturas de mineros en diferentes regiones del país.