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Columna de opinión
Las elecciones del posconflicto
José Girón Sierra / Miércoles 7 de octubre de 2015
 

Nos encontramos en la recta final de las elecciones para cargos públicos de quienes regirán en los próximos cuatro años los destinos de los municipios y departamentos del país. Tradicionalmente su importancia se circunscribe al interés que suscitan por ocuparse de alguna manera de los problemas más sentidos por las poblaciones y porque están sin duda en el interjuego de los poderes territoriales. En la actualidad el proceso electoral tiene condiciones nuevas y significativas: la coyuntura de la negociación política del conflicto armado con asiento en La Habana y los desarrollos recientes en materia de justicia alientan la certeza de que esos ámbitos territoriales entrarán en un escenario de posconflicto. La razón es apenas elemental: alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas se verán abocados a una agenda determinada en un grado importante por estos acuerdos.

La situación adquiere una mayor relevancia pues hay una connotación territorial reiterada en la agenda pactada y en los acuerdos sobre temas tan cruciales como el problema agrario, las víctimas y sus derechos y la reforma política que dote de derecho y de garantías a la oposición y a la movilización social. Lo territorial se considera fundamental cuando de sostenibilidad del proceso se habla. Dicho de otra manera, si la paz no pasa por los territorios, será sólo un discurso. Es apenas obvio entonces que, como ocurriera en las pasadas elecciones presidenciales, el tema de la paz ocupe un lugar destacado en el debate político y en las propuestas de gobierno.


El IPC adelantó una investigación sobre los programas presentados por los candidatos a las alcaldías de los municipios en las subregiones de Urabá y bajo Cauca que han sufrido con rigor los impactos de la guerra: en Urabá hay 427.139 víctimas y en el bajo Cauca 117.120 que tienen el índice más alto de necesidades básicas insatisfechas: 58% y 53 % respectivamente. El Instituto indagó sobre campos temáticos tan importantes como el de tierras, terminación del conflicto armado, víctimas y desarrollo territorial y presentó los resultados del estudio en sendos encuentros en ambas subregiones, convocados bajo el nombre “Encuentro regional: desafíos y oportunidades para la construcción de la paz”.

Contrario a lo que podría esperarse en correspondencia con esa historia, en los programas presentados por los candidatos a las alcaldías en estas subregiones brillan por su ausencia propuestas de gobierno relacionadas con el tema del conflicto y de la coyuntura. ¿Cómo explicarlo, dado que también puede suponerse que no es descabellado que algo parecido esté ocurriendo en el resto del país?

1. Se trata de territorios con una alta presencia de actores armados, especialmente organizaciones paramilitares y de narcotraficantes pertenecientes al empresarismo ilegal. Allí el miedo y la intimidación en unos casos y la cooptación en otros explican que temas tan sensibles como el de la tierra o el de las víctimas se omitan de manera deliberada o se traten sólo en forma tangencial. No es posible invocar como argumento, en este caso, la ignorancia sobre una realidad tan impactante.

2. En estas escalas territoriales suele creerse, equivocadamente, que la guerra es un problema de orden público y, por tanto, de exclusivo resorte del Gobierno Nacional; se considera que es muy poca la iniciativa que al respecto puedan tener un alcalde o un concejo municipal. También responde a la línea fácil: optar porque sea el Gobierno Nacional el que haga el gasto económico y político.

3. Finalmente es posible que en el plano de nuestra precaria cultura política democrática, resaltar la paz, además de no dar votos, traería todo lo contrario: se convertiría en un factor bastante negativo para las aspiraciones políticas de cualquiera. Esa cultura política es afín al clientelismo y al cálculo electorero, en un escenario en el que el proceso de La Habana no logra en la sociedad un grado de aprobación importante. Esa situación refuerza la decisión de no asumir dicho riesgo y de más bien dejar que, como se dijo, sea el Gobierno Nacional el que lo asuma.


El problema no es menor para un escenario de posconflicto armado: quienes sean electos tendrán la responsabilidad de atender los cruciales primeros cuatro años de ese posconflicto. Varios analistas señalan de manera reiterada que uno de los grandes retos está en superar los problemas del Estado en las escalas municipales: en algunos municipios el Estado no existe y en otros, en los que sí está de alguna manera, es funcional a la ilegalidad y a los intereses privados en todas sus expresiones. Sin duda la falta de presencia es un problema si se entiende sin esa funcionalidad y también los hay de recursos; pero no se puede olvidar que el Estado no es propiamente un ente abstracto que opera por sí mismo, si no que este el escenario donde se dirimen los intereses de la sociedad y que en eso los partidos políticos, por lo menos hasta ahora, son determinantes.

Al momento de establecer responsabilidades las cosas son bastante obvias: sólo el Partido Centro Democrático tiene bien claro lo que se está decidiendo en estas elecciones y por eso sitúa sus candidatos alrededor de la estrategia de oponerse al proceso de paz y legitimar la “seguridad democrática”. Los demás partidos, entre los que se destacan los de la Unidad Nacional, se dedicaron a repartir avales, acción en la que sólo primó el criterio electorero. Han acusado una marcada imprevisión sospechosa al no considerar la paz como una exigencia en los programas de gobierno y denotando una evidente complicidad con los poderes locales afines a la ilegalidad y con los que desde hace rato se sirven del Estado.

No hay dudas sobre los faltantes para un escenario como el que parece gestarse después de la firma del fin del conflicto armado en La Habana: una sociedad que defienda y empuje la concreción de los acuerdos y partidos políticos que, siendo igualmente sujetos de transformación, sean agentes determinantes de las transformaciones del Estado en sus distintas escalas territoriales.

Bien valdría la pena que en los partidos políticos también tuvieran eco las frases que retumbaron en La Habana en boca de Santos y Timoleón: “nunca más” y “no nos podemos permitir otra frustración”.