Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Ad portas de las elecciones circulan nuevos panfletos en Segovia y Remedios
Cahucopana / Jueves 8 de octubre de 2015
 

Desde inicios del mes de octubre los medios de comunicación masivos vienen divulgando la situación que se presenta en los municipios de Remedios y Segovia en torno al asesinato de mineros, panfletos, mensajes amenazantes y atentados con artefactos explosivos que han dejado varios heridos. Esto cobró relevancia con la suspensión de las actividades por parte de los aproximadamente 1600 trabajadores que se abstuvieron de ir a laborar hasta que se les garantice seguridad para continuar con sus labores en las diferentes minas pertenecientes a la multinacional Gran Colombia Gold.

Sin embargo, la situación de amenazas, hostigamientos y panfletos intimidatorios no es algo nuevo y la suspensión de actividades es producto de los reiterados hechos de asesinatos que se vienen presentando en los municipios, que al parecer se agudizan para esta época electoral. Tal como lo ha venido denunciando Cahucopana, en estos municipios persiste la violación a los derechos humanos que se recrudece en algunas épocas del año ante las acciones de uno y otro grupo armado, cuestión que quedó expuesta en el informe 002-12 A.I. de 2012 donde el Sistema de Alertas Tempranas –SAT- de la Defensoría del Pueblo identificaba la presencia de diversos grupos paramilitares que se disputaban el control territorial, bajo la denominación de BACRIM según el Estado colombiano, grupos que ponen en riesgo a los pobladores en medio de sus disputas ante la búsqueda de un control económico y político de los municipios y que aún en la actualidad cobran más fuerza ante la mirada de las autoridades.

Hay que recordar que en el año 2012 aparentemente culminó una ola de violencia generada por la presencia de aproximadamente cinco grupos paramilitares. Según versiones de los pobladores, la disputa por el control de la zona cesó en un acuerdo entre “los Rastrojos” y “los Urabeños”, el cual tuvo como resultado una leve disminución de violaciones a los derechos humanos en el casco urbano de los municipios. Para noviembre de este año fue capturado Jairo Hugo Escobar Cataño, más conocido como el “zar del oro en Segovia”, por sus presuntos nexos con paramilitares, relación con la financiación y conformación de grupos ilegales, específicamente de “los Rastrojos”, y relación con homicidio y desplazamientos entre otras violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Remedios. De allí en adelante se empezaron a conocer una serie de capturas de personas que supuestamente hacen parte de estas estructuras paramilitares y que tienen injerencia en la vida política de los municipios, lo que puede verse relacionado con el retorno de las disputas por el control territorial coincidente con las elecciones que determinan un control político de los municipios.

Así los medios de comunicación presenten que dichas amenazas han sido realizadas por el grupo “Los Urabeños”, por el conocimiento del panfleto, dichas amenazas son firmadas por el autodenominado grupo “Autoridades Gaitanistas Unidas de Colombia”.

Hoy, ante el panorama de las elecciones y teniendo en cuenta que Segovia es uno de los municipios que la Misión de Observación Electoral identificó para las elecciones de 2014 como municipio de riesgo extremo por factores de violencia, Cahucopana rechaza los asesinatos, amenazas, hostigamientos y desplazamiento de los que están siendo víctimas los trabajadores de las diferentes minas operadas por la empresa DAMASA, la cual el 5 de octubre ha comunicado que “anunciará su retiro por las múltiples amenazas de las que fue blanco en las últimas semanas y que dejaron dos trabajadores muertos, dos más heridos” [1] a partir de la terminación unilateral de los contratos para operar las minas. Esto afecta directamente en la vulneración al derecho al trabajo y por ende en el sostenimiento de las más de 1600 familias que dependen de esta labor, ya que la inexistencia de condiciones laborales estables y dignas, permitieron estos despidos masivos sin que se puedan tomar acciones legales que protejan los trabajadores de la empresa.

Esto también implica que no existen garantías para la participación política, ni de los electores, ni de los candidatos, quienes quedan en medio de las amenazas y acciones violentas indiscriminadas por parte de estos grupos paramilitares.

Reiteramos que ante los hechos que históricamente se han presentado en los municipios de Segovia y Remedios, Cahucopana ha exigido al Estado colombiano la atención pertinente sobre la situación de violación de derechos humanos, situación que se agudiza ad portas de las elecciones locales, tal como lo habíamos planteado en la acción urgente del mes de junio por los panfletos que para esa época también empezaban a circular.

Así mismo, Cahucopana hace un llamado a las instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas, en la necesidad de actualizar el Informe de Riesgo junto con las medidas coordinadas de las instituciones responsables de atender la situación de derechos humanos de las comunidades.

Si persiste la impunidad frente a los hechos, persistirán las violaciones a los derechos humanos en nuestros territorios.

Imagen tomada de El Colombiano