La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –Cahucopana– emite una alerta temprana con el objetivo de mitigar las violaciones a los derechos humanos que históricamente se han presentado en el marco de las elecciones que se han agudizado en el último año ante situaciones de asesinatos, desplazamiento y difusión de panfletos intimidatorios en los municipios de Segovia y Remedios ad portas de las elecciones.

Se requieren acciones concretas por parte del Estado colombiano ante la violencia política que se ejerce en época electoral y ante la cual se constriñe la participación en las urnas. Esto debe ser un paso decisivo para las garantías efectivas al ejercicio de la participación política.
Es de anotar que la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –Cahucopana– es una organización campesina que ha venido trabajando en los municipios de Remedios y Segovia desde el 2004 en torno a la defensa de los derechos humanos, la exigibilidad a una vida digna y el derecho a la tierra y el territorio. En el 2012 el Sistema de Alertas Tempranas –SAT– de la Defensoría del Pueblo emitió el informe 002–12A.I. en el cual identificaba la presencia de diversos grupos paramilitares (Bacrim según el Estado colombiano) que se disputan el control territorial. Estos grupos ponen en riesgo a los pobladores que quedan en medio del conflicto por el manejo económico y social. Tal como fue denunciado y expuesto por Cahucopana, las violaciones a los derechos humanos en Segovia y Remedios a lo largo del 2012 fueron realizadas por los grupos “Urabeños”, “Rastrojos”, “Águilas Negras” y “Héroes del Nordeste”. Cahucopana ha podido evidenciar que persiste un alto grado de impunidad por los graves hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en estos municipios. Organizaciones como la Misión de Observación electoral –MOE– han realizado estudios de dos ciclos de análisis a los procesos electorales en Colombia, en los informes de dichos estudios aparecen reiteradamente Segovia y Remedios como municipios en riesgo extremo por factores de violencia: para las elecciones nacionales de 2014 Antioquia contaba con aproximadamente el 39% de municipios en riesgo.

Es por esto que a lo largo de este año Cahucopana ha tenido conocimiento del asesinato selectivo de un número indeterminado de personas en Segovia y Remedios y el desplazamiento de pobladores, dentro de los que se encuentran 16 integrantes de la comunidad LGTBI de Remedios ante las amenazas presentadas en un panfleto difundido en el mes de junio. A mediados de septiembre fue difundido un segundo panfleto con amenazas firmadas por el autodenominado grupo “Autoridades Gaitanistas Unidas de Colombia” dirigidas a los trabajadores de la principal empresa de la zona. Seguidamente se empezaron a presentar homicidios y atentados a la vida que dejaron como resultado el asesinato del jefe de personal de la Mina Providencia, dos heridos de un entable en el que fue lanzada una granada y condujeron a que cesaran actividades aproximadamente 1500 mineros entre el 2 y el 9 de octubre. Históricamente se han presentado situaciones de obstrucción de desplazamiento en las rutas principales de la región hacia los cascos urbanos: actores armados ilegales o la misma Fuerza Pública cierran las vías con retenes, maltratos verbales y retenciones a las delegaciones que se desplazan a alguna actividad.

Frente a estos hechos se solicita el monitoreo constante de parte de la comunidad nacional e internacional teniendo en cuenta que la población de diversas veredas va a transportarse hacia sus lugares de votación para ejercer su derecho de elegir y ser elegido para lo cual se realizaran los desplazamientos hacia el casco urbano donde algunas personas se hospedarán.

Se reitera que ante los hechos que históricamente se han presentado en los municipios, Cahucopana ha exigido al Estado colombiano la atención pertinente sobre la situación de violación de Derechos Humanos de los municipios de Segovia y Remedios, situación que se agudiza ad portas de las elecciones locales. Es importante resaltar la necesidad de que las autoridades civiles y militares estén atentas al desarrollo de las jornadas, incluyendo los desplazamientos de las comunidades para la participación en la jornada, su estancia en las cabeceras municipales y el retorno de las mismas, tal como han sido notificadas por las organizaciones. Así mismo Cahucopana ha insistido a la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas sobre la necesidad de actualizar el informe de riesgo junto con las medidas coordinadas de las instituciones responsables para atender la situación de Derechos Humanos de las comunidades.

Por todo lo anterior, se exige a las autoridades del orden nacional, al Programa para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación actuar de manera inmediata con el fin de que se tomen las medidas necesarias para que se garantice el respeto de los derechos a la vida, la integridad personal y psicológica, a ejercer el derecho de elegir y ser elegido, la libertad y la permanencia en el territorio de los pobladores del Nordeste Antioqueño. Al Gobierno local y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los derechos de los campesinos esta región. A la Oficina Del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia que realice monitoreo de la crítica situación de derechos humanos en la región y emita recomendaciones al Estado colombiano en consecuencia. Al Sistema de Alerta Tempranas de la Defensoría del Pueblo apoyar a las organizaciones sociales y campesinas representativas de los intereses de las comunidades de base del Nordeste Antiqueño para que se cumplan las recomendaciones emitidas en el marco del Informe de Riesgo No. 002-12A.I en lo relacionado con los hechos denunciados.

Se responsabiliza al Estado colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos sobre la agudización del conflicto social que vive la región en donde la población civil queda en medio de las disputas de los grupos paramilitares que plantean “hacer justicia por sus propias manos” poniendo en grave riesgo la vida e integridad de personas ajenas al conflicto social y armado y constriñendo la participación política.