Bugs Bunny es el célebre personaje de las tiras cómicas, especializado en eludir a todo aquel que lo persigue para cazarlo. La relación con el M-19 es que a pesar de unos “acuerdos de paz”, que aún no terminan de convencer con el paso del tiempo, ahora el establecimiento pretende “ponerles conejo” y cazar a sus principales dirigentes para encarcelarlos en desconocimiento de las amnistías e indultos que los benefició por entregarse.

El Eme cumplió pero el régimen no, porque al acuerdo básico que fue la Constitución Política de 1991, conserva el núcleo económico neoliberal mientras que los derechos fundamentales y las reformas de participación desaparecen o son cada vez de más difícil acceso. El acuerdo del M-19 y del gobierno de la época (César Gaviria), fue para implementar una Constitución en la que la ex guerrilla aportó elementos democráticos de participación (efímeros porque no los cumplió la clase dominante), pero sí se apropió de la parte económica para introducir el neoliberalismo y poner el interés particular por encima del general en defensa de la propiedad y de los intereses plutocráticos.

La dirigencia y los militantes del M-19 se desperdigaron por todas partes, ni siquiera fueron capaces de proyectar un movimiento alternativo al poder dominante, varios se incrustaron en el Establecimiento y figurones como Rosemberg Pabón y Evert Bustamante están en la extrema derecha uribista. Otros en el establecimiento al lado de Juan Manuel Santos y otros en partidos vacilantes que no se sabe si están allí o están acá.

Sin embargo, la oligarquía pretende pasarles la cuenta de cobro a sus dirigentes, con mayor razón a los que conservan una posición avanzada como es el caso de los progresistas. Es un pésimo mensaje a las FARC y al ELN, guerrillas históricas, comprometidas con los diálogos de paz.

En el caso del M-19, bajo la presión militar y de la extrema derecha, el Fiscal General de la Nación pretende reabrir los procesos judiciales que ya hicieron tránsito a cosa juzgada a través de las figuras de la amnistía y el indulto. Es dable recordar que cuando se dieron como parte del acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla del M-19, no existía el Tratado de Roma y por ende tampoco la Corte Penal Internacional y todas las demás formas jurídicas inservibles y elitistas con las cuales pretenden asustar a los luchadores revolucionarios. Son entidades burocráticas para descrestar calentanos como dicen en el Tolima.

Ya han sido llamados a declarar Antonio Navarro y Gustavo Petro, a la sazón miembros del M-19 pero no de sus principales dirigentes. Navarro, entre otras cosas, porque estaba en Cuba reponiéndose de las heridas que le causó un atentado en Cali, seguramente planificado por la inteligencia militar. Los principales dirigentes del operativo en el Palacio de Justicia fueron asesinados por el fuego oficial, dentro y fuera del edificio, y otros que no participaron en la toma, fueron asesinados como Carlos Pizarro en circunstancias que ya conocemos.

¿Por qué esta cuenta de cobro 30 años después del holocausto cuando la verdad está salpicando a la Fuerza Pública por su brutalidad en la retoma y su responsabilidad en el asesinato de los magistrados?¿Qué mensaje le llegará a La Habana? ¿Si así le pagan al M-19, qué pasará con nosotros en el post acuerdo?, dirán las FARC-EP.

Hay que rechazar esta absurda decisión que genera más desconfianza en la guerrilla y coloca más piedras en el camino de la paz. La paz requiere voluntad de las dos partes; así como transparencia, lejos del conejo y del engaño. Bugs Bunny es un inocente animalito de las tiras cómicas, pero la oligarquía colombiana lo puede disfrazar de malo en sus turbios intereses de tener una paz a su servicio y en función de sus intereses plutocráticos.